Ley del MetroRiel en Guatemala: ¿qué permite el régimen excepcional de contratación aprobado por el Congreso?

a Ley del MetroRiel, aprobada de urgencia nacional, el 27 de octubre de 2026, con el respaldo de 134 diputados, establece un régimen excepcional de contratación que permitirá a Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) ejecutar el proyecto ferroviario de pasajeros en el área metropolitana mediante procedimientos distintos de los establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

El artículo 5 del decreto 24-2026 establece que las contrataciones de obras, bienes, equipos, tecnología y servicios para el proyecto “no estarán sujetas a los procedimientos y disposiciones contenidas en el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado”.

La disposición es uno de los principales cambios que introduce la normativa, integrada por 15 artículos, y generó cuestionamientos entre diputados de oposición, quienes señalaron que el proyecto debía someterse a una discusión más amplia antes de aprobarse.

El dictamen favorable de la Comisión de Descentralización y Desarrollo señala que el régimen excepcional comprende las distintas etapas del proyecto, desde su planificación hasta su puesta en funcionamiento. Además, contempla mecanismos especiales para organizar las contrataciones y desarrollar los estudios técnicos.

El dictamen también señala que el proyecto está vinculado con un memorando de entendimiento suscrito entre Guatemala y el Reino Unido en julio del 2026, como parte de un acuerdo de cooperación técnica.

La ley no detalla el costo del proyecto, aunque en declaraciones previas, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, ha informado que rondaría poco más de US$900 millones.

¿Qué controles se mantienen y qué establece la ley sobre confidencialidad?

Aunque el decreto establece excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación pública, también contempla obligaciones relacionadas con la disponibilidad presupuestaria, la publicación de contratos y la fiscalización.

El artículo 6 exige que Fegua cuente con disponibilidad presupuestaria antes de suscribir cualquier contrato.

Cuando las contrataciones comprendan dos o más ejercicios fiscales, deberán programarse las asignaciones presupuestarias necesarias hasta su finalización, según el mismo artículo.

El artículo 11 mantiene la auditoría de la Contraloría General de Cuentas y establece que Fegua deberá presentar un informe semestral al Congreso sobre las actividades del proyecto.

El texto también asigna responsabilidades de fiscalización a la Auditoría Interna de Fegua.

El artículo 10 permite que la entidad pacte cláusulas de arbitraje o se someta a jurisdicción internacional para resolver controversias contractuales.

Otra disposición relevante aparece en el artículo 12, que obliga a Fegua a emitir y aprobar reglamentos, manuales y otros instrumentos internos para implementar los procesos de contratación, gestión y ejecución bajo estándares internacionales.

Estos instrumentos deberán considerar las disposiciones de la ley, los acuerdos de cooperación internacional aplicables y las propuestas de la Oficina de Gestión Técnica del Proyecto (OGTP).

¿Por qué los diputados cuestionan la ley?

Diputados de oposición expresaron su rechazo a la aprobación de urgencia nacional de la normativa, principalmente por las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación y por el tiempo destinado a su discusión.

El congresista Allan Rodríguez, del bloque Vamos, cuestionó las negociaciones políticas que, según sus declaraciones, estuvieron relacionadas con la aprobación de la ley y la elección de la Junta Directiva del Congreso.

“La aprobación de la ley estuvo condicionada a una agenda impulsada por diputados representantes del bloque Semilla, en la que figuraban temas como el apoyo económico a los combustibles, el permiso para que el diputado Jonathan Menkos regresara nuevamente al Ministerio de Finanzas, así como los votos para la Junta Directiva del Congreso”, indicó Rodríguez.

El diputado Nery Rodas, de Cabal, señaló que la iniciativa llegó demasiado tarde al Congreso y consideró que debió discutirse con mayor anticipación para permitir su análisis.

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El congresista Cristian Álvarez, de Creo, también cuestionó la rapidez de la aprobación y señaló que la iniciativa debía discutirse en tres lecturas. Además, indicó que el texto no establece con claridad cuáles son los municipios que integran el área metropolitana donde se desarrollaría el proyecto.

“Es necesario que la iniciativa hubiera sido discutida en tres lecturas, ya que en la misma no se establece cuál es el área metropolitana, y cuáles son los municipios que componen dicha área”, comentó.

Por su parte, la diputada Victoria Godoy Palala, de la línea del oficialismo representada por Semilla, indicó que “la iniciativa del MetroRiel se presentó en agosto y es parte del acuerdo con la cooperación británica. La iniciativa es importante para generar infraestructura vial y que las personas se puedan movilizar en menor tiempo con un costo menor”, aseguró al justificar la aprobación de dicha ley.