Ley Integral contra el Lavado de Dinero en Guatemala: Cambios Clave y Obligaciones para Profesionales

La Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala presentó un análisis preliminar sobre la iniciativa 6593, conocida como la "Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo" (LD/FT),que se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso. Esta ley representa una reforma sustancial al marco normativo vigente, crucial para fortalecer la prevención y combate al blanqueo de activos y la financiación del terrorismo en el país.

El proyecto de ley, que recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, surge en un contexto donde Guatemala se prepara para una nueva evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat),prevista para febrero de 2027. Este examen evaluará el cumplimiento del país con los estándares internacionales en materia antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

Principales cambios en la iniciativa 6593

Entre las modificaciones más relevantes al texto original, presentado en julio de 2025, destacan:

• Definición ajustada de Personas Expuestas Políticamente (PEP): Se establece una temporalidad de un año posterior al ejercicio del cargo para mantener las medidas de debida diligencia. Asimismo, se amplía el alcance a familiares y asociados cercanos.
• Régimen especial para Profesionales Jurídicos: Se incluye un marco específico de obligaciones para este sector, reconocido como clave en la prevención de lavado de activos.
• Incorporación de nuevas Personas Obligadas (PO): Se amplía el universo de sujetos supervisados, incluyendo a profesionales universitarios, proveedores de activos virtuales y loterías. La inclusión de estas personas requiere la aprobación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONCLAFT).
• Sanciones más severas: Se establece una pena de multa para quienes cometan el delito de lavado de dinero u otros activos.

Obligaciones específicas para profesionales universitarios

La iniciativa incorpora a los profesionales universitarios como sujetos obligados, imponiéndoles deberes claros para contribuir a la prevención del lavado de activos. Estas obligaciones incluyen:

• Registro de clientes: Mantener un registro detallado por cada cliente, incluyendo fecha y naturaleza del servicio profesional, así como datos personales relevantes (nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, identificación) para personas físicas, y datos de registro, domicilio y representante para personas jurídicas.
• Avisos de inusualidad: Reportar a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) cualquier actividad o comportamiento inusual detectado en sus clientes dentro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente.
• Conservación de registros: Resguardar toda la documentación relacionada con el registro de clientes y avisos enviados durante cinco años en formato físico y diez años en formato digital.

Importancia de la actualización normativa

La modernización de las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no solo implica una actualización legal, sino una alineación rigurosa con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta adecuación es fundamental para cerrar las brechas identificadas en la evaluación mutua anterior realizada en 2015-2016 y para garantizar que Guatemala pueda cumplir con las recomendaciones actualizadas.

Además, la nueva legislación posiciona a Guatemala como un aliado estratégico en la lucha global contra el crimen transnacional, facilitando la cooperación judicial y el intercambio de información financiera eficaz y oportuno. Este fortalecimiento institucional es clave para mejorar la percepción de riesgo que tiene la comunidad financiera internacional sobre el país.

Plazos para reglamentación y entrada en vigor

En la fase actual del dictamen, se ha reducido el plazo para la entrada en vigencia de la ley a tres meses tras su aprobación, mientras que el tiempo para la elaboración del reglamento se fijó en seis meses, menor al plazo original de un año. Esta aceleración responde a la necesidad de contar con un marco jurídico actualizado y operativo antes de la evaluación que realizará Gafilat en 2027.

Proceso legislativo pendiente

Con el dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía y Comercio Exterior, la iniciativa 6593 debe continuar su trámite en el Congreso de la República. El siguiente paso es la entrega del dictamen a la Dirección Legislativa, para que la propuesta sea agendada y discutida en el Pleno.

El debate en el Pleno contempla tres etapas: una discusión general sobre la importancia y alcance de la ley, seguida por el análisis y votación artículo por artículo, incluyendo la posibilidad de presentar enmiendas. Finalmente, se realizará una votación para aprobar la redacción definitiva.

Contexto nacional e internacional

Guatemala enfrenta desafíos significativos en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, fenómenos que afectan la estabilidad económica y la gobernabilidad. La actualización de la legislación es una respuesta estratégica para cumplir con compromisos internacionales y mejorar la capacidad de las autoridades para detectar y sancionar estas actividades ilícitas.

La Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, a través de la iniciativa 6593, representa un avance sustancial hacia un sistema más robusto y eficiente, que incorpora las mejores prácticas globales y fortalece la supervisión de sectores clave, incluyendo el profesional.

Este esfuerzo legislativo busca también mejorar la cooperación interinstitucional e internacional, consolidar la transparencia y proteger la integridad del sistema financiero guatemalteco, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la seguridad nacional.

En conclusión, la aprobación pronta y efectiva de esta ley será fundamental para que Guatemala cumpla con los estándares internacionales, mitigue riesgos reputacionales y consolide un sistema integral de prevención que permita afrontar con mayor eficacia los retos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en los próximos años.