Ley portuaria: Cacif advierte que los puertos de Guatemala ya operan al límite

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El sector privado organizado urgió al Congreso de la República aprobar la iniciativa de Ley General del Sistema Portuario Nacional, al advertir que la infraestructura portuaria del país ya resulta insuficiente para atender el crecimiento sostenido del comercio exterior y que retrasar la normativa podría afectar la competitividad y limitar futuras inversiones.

La expectativa del sector empresarial aumentó ante la posibilidad de que el Congreso retome el análisis del proyecto y avance en la construcción de consensos para su aprobación.

Las cifras reflejan la presión sobre la infraestructura existente. De acuerdo con la Comisión Portuaria Nacional (CPN), hasta abril de este año el movimiento de carga marítima alcanzó 12 millones de toneladas métricas. Además, entre 2019 y 2025, el volumen anual movilizado aumentó 26%, al pasar de 27 millones a 35 millones de toneladas métricas.

A esa demanda se suma la congestión operativa. Al 31 de julio, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) reportaba 16 buques en fondeo, a la espera de atracar para realizar operaciones de carga y descarga.

Mientras tanto, el proyecto de ley permanece en la agenda legislativa para su discusión en la fase final. Entre los temas pendientes figura la aprobación de al menos 32 enmiendas propuestas por los diputados.

La normativa plantea la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como ente rector del sistema portuario, fortalece la coordinación entre las instituciones vinculadas al sector y establece un marco legal para promover inversiones mediante alianzas público-privadas (APP), esquemas de inversión mixta y proyectos privados regulados por la nueva autoridad.

También asigna a la APN la supervisión del cumplimiento de las normas de protección y seguridad portuaria, incluido el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

La iniciativa acumula al menos un año y medio de retraso en su trámite legislativo. Durante este año, el Congreso dio prioridad a la aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, lo que relegó la discusión de la normativa portuaria, según el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Puertos al límite

Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Cacif, afirmó que la Ley General del Sistema Portuario Nacional es una de las iniciativas más importantes para el desarrollo económico del país, debido a que la capacidad de los puertos ha sido rebasada por el crecimiento del comercio exterior.

Explicó que, según los análisis del sector empresarial, entre 2000 y 2025 el volumen del comercio exterior —importaciones y exportaciones— se triplicó, mientras que la infraestructura portuaria prácticamente no se ha ampliado, salvo algunas inversiones puntuales.

Añadió que únicamente en 2025 se movilizaron 35 millones de toneladas métricas de carga marítima, volumen que evidencia que la capacidad instalada ya no responde a la demanda.

“Desde hace más de un año venimos alertando que, si no se aprueba una ley de puertos que permita la construcción de nuevos puertos, ya sean privados, público-privados o públicos, estaremos llegando al límite de la capacidad de Guatemala para exportar e importar. Eso representará un enorme detrimento para la economía”, afirmó.

El dirigente empresarial recordó que la iniciativa ya había avanzado dentro del proceso legislativo y pidió a los diputados conocerla y aprobarla cuanto antes, al advertir que continuar postergándola agravaría las limitaciones logísticas y restaría competitividad al país.

La ley está lista para avanzar

Arias Bouscayrol sostuvo que la modernización del sistema portuario es un tema de Estado, al igual que el desarrollo de la infraestructura vial, ya que existe consenso entre los distintos sectores sobre la necesidad de ampliar la capacidad instalada.

“Ahora tenemos una gran oportunidad con una iniciativa de ley que está lista y que entendemos está siendo considerada para su aprobación en las próximas semanas. Vemos que es urgente que eso ocurra”, expresó.

Indicó que el sector empresarial ha mantenido acercamientos con los jefes de bloque de los distintos partidos políticos y con la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso para reunir los apoyos necesarios y concluir el proceso legislativo.

“Creemos que la ley está lista y que los temas pendientes por resolver ya deberían ser muy pocos. Debemos impulsarla porque no hay tiempo para seguir esperando; ya acumulamos más de un año y medio de retraso en este tema”, puntualizó.

El directivo reiteró que la propuesta tiene un carácter eminentemente técnico y que su contenido ya fue consensuado entre los distintos sectores, los partidos políticos y el Gobierno, por lo que considera que únicamente falta el impulso final para que el Congreso la conozca y la apruebe.

Reconoció que la agenda legislativa se ha vuelto cada vez más compleja por la cantidad de temas pendientes; sin embargo, insistió en que la normativa portuaria no puede seguir postergándose.

“Tenemos un rezago muy grande. Sabemos que hay toda una agenda para este nuevo período legislativo, pero no creemos que convenga seguir postergando una ley tan importante para el desarrollo del país”, señaló.

Inversionistas esperan una decisión

El presidente del Cacif destacó que potenciales inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, siguen de cerca el avance de la iniciativa en el Congreso.

Explicó que la construcción de una terminal portuaria requiere una planificación de largo plazo, además de estudios técnicos, financieros y ambientales antes de iniciar su ejecución.

Añadió que existen grupos internacionales especializados en la construcción y operación de terminales portuarias interesados en invertir en Guatemala. Sin embargo, por razones de confidencialidad evitó revelar sus nombres.

Según Arias Bouscayrol, esos inversionistas esperan que el país cuente con un marco legal que les brinde garantías y certeza jurídica para iniciar los análisis técnicos y evaluar el desarrollo de nuevos proyectos portuarios.

Nueva ley es estratégica para el crecimiento económico

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), afirmó que el sector empresarial mantiene expectativas de que el Congreso continúe con el conocimiento de la iniciativa de Ley General del Sistema Portuario Nacional, al considerar que representa una oportunidad para dotar al país de un marco jurídico moderno que permita planificar el desarrollo de la infraestructura portuaria con una visión de largo plazo.

Font explicó que Guatemala depende en gran medida del comercio marítimo para sus exportaciones e importaciones. Citó datos de la Gremial de Logística de Guatemala, adscrita a la CIG, según los cuales alrededor del 75% de las mercancías de comercio exterior se moviliza por vía portuaria. En ese contexto, señaló que contar con reglas claras, una institucionalidad fortalecida y mecanismos que faciliten la inversión es fundamental para mejorar la competitividad del país.

“Más allá de una discusión legislativa, esta iniciativa responde a una necesidad estratégica para el crecimiento”, enfatizó.

CIG ve clave una ley para impulsar la inversión portuaria

El presidente de la CIG, Enrique Font, sostuvo que la modernización portuaria requiere un marco legal que permita planificar el desarrollo del sistema de forma integral, transparente y sostenible. Añadió que una legislación moderna brinda certeza jurídica para atraer inversiones y fortalece la coordinación entre las instituciones responsables del sector.

“La iniciativa materializa una visión de desarrollo para contar con un sistema portuario nacional más eficiente, que permita reducir los tiempos de espera de las embarcaciones, disminuir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las empresas guatemaltecas, lo que también repercute en mejores precios para los productos que adquiere la población”, afirmó.

Font señaló que, en un entorno regional cada vez más competitivo, fortalecer la infraestructura portuaria es una condición indispensable para impulsar el comercio exterior, generar empleo y promover el crecimiento económico del país.

Agregó que, desde la perspectiva del sector industrial, también es prioritario consolidar un marco jurídico que incentive y respalde la inversión en puertos privados.