Los Lorenzana, Mendoza y Huistas: qué pasó con sus casos ante la justicia de Guatemala
Los tres clanes del narcotráfico fueron sancionados por Estados Unidos. Los expedientes en Guatemala incluyen sobreseimientos, condenas, absoluciones y bienes bajo investigación.
Varios integrantes de la familia Lorenzana recibieron condenas en Estados Unidos, mientras en Guatemala una investigación sobre 44 inmuebles y 30 vehículos acumulaba una década sin resolución. En otro proceso, Haroldo Mendoza Matta y diez sindicados fueron beneficiados con un sobreseimiento, y cinco integrantes de la estructura de Los Huistas recibieron resultados judiciales distintos, entre condenas y absoluciones.
Estos antecedentes forman parte del historial de tres organizaciones del narcotráfico guatemalteco que el viernes 13 de noviembre del 2026 fueron objeto de nuevas designaciones y sanciones estadounidenses.
El Departamento de Estado designó a los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. Por separado, el Departamento del Tesoro sancionó a los Mendoza y los Huistas por sus presuntos vínculos con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Durante los últimos 15 años, las investigaciones contra integrantes de estos clanes han derivado en condenas, absoluciones, sobreseimientos y procedimientos de extinción de dominio, además de capturas y extradiciones solicitadas por Estados Unidos.
Los Lorenzana: condenas y extradiciones
Waldemar Lorenzana Lima, conocido como “el Patriarca”, fue capturado en Guatemala en abril del 2011 y extraditado a Estados Unidos en marzo del 2014.
Las autoridades estadounidenses lo identificaron como uno de los principales responsables de una organización dedicada al traslado de cocaína desde Guatemala hacia México y Estados Unidos.
En febrero del 2020 recibió una condena de 23 años de prisión por conspiración relacionada con el narcotráfico. Falleció en prisión en marzo del 2021.
Sus hijos Eliú Alexander y Waldemar Lorenzana Cordón también enfrentaron procesos ante tribunales estadounidenses y recibieron condenas de cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.
Marta Julia Lorenzana Cordón, otra hija del fundador de la organización, fue condenada el 14 de marzo del 2024 a 33 años de prisión. La sentencia incluyó una orden de confiscación de US$27 millones, según el Departamento de Justicia estadounidense.
Haroldo Geremías Lorenzana Cordón, también hijo del “Patriarca”, fue extraditado en diciembre del 2021. De acuerdo con información publicada por Prensa Libre en julio y agosto del 2026, su proceso continuaba sin sentencia definitiva.
Las extradiciones también alcanzaron a otros señalados de integrar la estructura.
El 17 de junio del 2025, Guatemala entregó a Estados Unidos a Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga, alias “Chipi”, y Allan Daniel Mendoza Mendoza, conocido como “Carnes” o “Carnitas”, requeridos por acusaciones relacionadas con una conspiración internacional de narcotráfico.
Entre los miembros de la familia buscados por Estados Unidos figura Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, nieto del fundador del clan.
Las autoridades estadounidenses le atribuyen funciones de liderazgo dentro de la organización y ofrecen hasta US$5 millones por información que conduzca a su arresto o condena.
Los bienes de los Lorenzana en Guatemala
Mientras varios integrantes de la familia eran extraditados y procesados en Estados Unidos, en Guatemala se desarrollaban investigaciones patrimoniales.
En junio del 2022, Prensa Libre documentó que las autoridades llevaban diez años sin resolver el destino de decenas de bienes vinculados con los Lorenzana.
El expediente de extinción de dominio 1175-2012-00032 comprendía 44 inmuebles y 30 vehículos. Las primeras medidas cautelares se solicitaron en julio del 2012, mientras que otras fueron promovidas en el 2014 y el 2015.
Las propiedades se encontraban en Zacapa, El Progreso, Petén, Izabal y Guatemala, entre otros departamentos. La investigación buscaba determinar el origen de los recursos utilizados para adquirir esos bienes y establecer si correspondía extinguirlos a favor del Estado.
Al momento de la publicación, el expediente acumulaba aproximadamente mil 500 folios y no tenía una resolución definitiva sobre el conjunto de propiedades examinadas.
Los Mendoza: diez años de proceso y un sobreseimiento
Haroldo Mendoza Matta fue capturado en noviembre del 2014 junto con otros señalados de integrar una organización que, según las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), operaba en Izabal y Petén.
El caso Cancerbero atribuía al grupo asesinatos, secuestros, amenazas, despojo de propiedades y ataques contra comunidades que se resistían a entregar sus terrenos.
Entre los hechos investigados figuraba una masacre de siete personas ocurrida el 14 de noviembre del 2014 en Valle Nuevo, Morales, Izabal.
En el 2016, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, vinculó a Mendoza Matta con otro señalamiento de asesinato relacionado con aquellos acontecimientos. El proceso atravesó incidentes judiciales, recusaciones y audiencias suspendidas.
Una recusación presentada contra Gálvez en el 2018 no fue resuelta sino hasta el 2024, cuando el juzgador ya había dejado el cargo. El expediente pasó al Juzgado de Mayor Riesgo D.
El 4 de julio del 2025 comenzó la audiencia de etapa intermedia, en la que debía determinarse si existían elementos para enviar a los sindicados a juicio.
Sin embargo, el 9 de septiembre, la jueza Abelina Cruz Toscano dictó sobreseimiento a favor de Haroldo Mendoza Matta y otras diez personas. La resolución cerró el proceso contra los once sindicados, quienes no enfrentaron debate oral y público por aquellos señalamientos.
La Fiscalía no apeló la decisión judicial.
Lea el contexto: La Negra, pieza clave en la acusación del caso Cancerbero
Caso Génesis: condenas modificadas
Otro expediente contra integrantes de la familia Mendoza tuvo un resultado diferente. En abril del 2016, el MP y la Cicig presentaron el caso Génesis, relacionado con el despojo de 28 fincas a campesinos de Petén.
Según la acusación, la apropiación de los terrenos se efectuaba mediante amenazas, violencia y operaciones de legalización de propiedades, con participación de particulares, notarios y personas vinculadas con instituciones públicas.
El 29 de mayo del 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a diez integrantes de la estructura por delitos relacionados con usurpación agravada y lavado de dinero.
Entre los condenados figuraba Wálter Obdulio Mendoza Matta, hermano de Haroldo Mendoza Matta, así como varios familiares.
Las multas impuestas sumaban aproximadamente Q15 millones. La investigación también había identificado operaciones financieras por más de Q24 millones.
El 4 de diciembre del 2023, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo absolvió del delito de lavado de dinero a cinco acusados, entre ellos William Alfredo, Jeffrey Obdulio y Mariana Isabel Mendoza Tally, hijos de Wálter Mendoza Matta.
La resolución también benefició a Julia María Murillo Arteaga y Pablo André Mendoza Paz.
La Sala mantuvo condenas contra Wálter Mendoza Matta y Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, aunque modificó sus penas.
Prensa Libre documentó esas decisiones el 16 de abril del 2025.
El expediente también incluyó resoluciones sobre las propiedades disputadas. En junio del 2019, el tribunal rechazó una solicitud para inscribir 12 fincas a nombre del Estado y estableció que debían permanecer a nombre de las familias afectadas.
Lea más sobre el tema: Caso Génesis: Tribunal condena a Walter Mendoza y a sus hijos por usurpación de fincas
El jade y los nuevos señalamientos en Izabal
En Morales, Izabal, las investigaciones contra estructuras criminales también se han relacionado con la extracción y comercialización ilegal de jade.
El 11 de febrero del 2023, un enfrentamiento armado en Valle Nuevo dejó muerto a Esvin Joel Orellana Rodas, de 28 años, a quien el MP identificó como dirigente comunitario opuesto a la extracción ilegal del mineral.
El 25 de julio de ese año ocurrió otro enfrentamiento en Montaña Chiclera. La PNC señaló preliminarmente que dos grupos vinculados con el narcotráfico se disputaban un yacimiento. Tres personas fueron capturadas y se incautaron armas de fuego.
El 11 de abril del 2024, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) capturó a cinco personas señaladas de participar en el asesinato de Orellana Rodas, dentro del caso Valle Nuevo.
En mayo del mismo año, la Fiscalía coordinó nuevas diligencias contra la extracción ilegal de jade. En septiembre, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente informó del decomiso de 29 sacos con piedras aparentemente de jade y cuatro retroexcavadoras.
En marzo del 2026, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y la PNC identificaron a los Mendoza y los Berganza como estructuras con presencia en Morales, vinculadas con actividades de narcotráfico y explotación ilegal de jade.
Las publicaciones consultadas no establecen una sentencia definitiva contra los capturados en el caso Valle Nuevo ni acreditan que todos pertenecieran a Los Mendoza.
Sobre el tema: Violencia por robo de jade: disputa por un yacimiento genera enfrentamiento entre bandas del crimen organizado en Morales, Izabal
Los Huistas: condenas y absoluciones
En Huehuetenango, uno de los procesos contra Los Huistas comenzó con la captura de Juan Bautista Rozotto López, alias “Juancho”, en septiembre del 2013.
Rozotto transportaba Q600 mil en efectivo, ocultos en un compartimento de un vehículo. El proceso por lavado de dinero terminó cerrado después de que se presentaran documentos para justificar la procedencia de los fondos.
Posteriormente, el MP y la Cicig investigaron si integrantes de la estructura habían coordinado la presentación de documentos falsos para obtener aquella resolución.
Las pesquisas incluyeron interceptaciones telefónicas y señalamientos sobre la simulación de una compraventa de maquinaria.
El 15 de febrero del 2021, el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a cuatro personas vinculadas con la organización. Rozotto López recibió penas que sumaban 12 años por asociación ilícita, obstaculización de la acción penal y falsedad ideológica.
También fueron condenados Benjamín González Barrios, Raúl Antonio Salazar Pérez y Alfredo Antonio Salazar Pérez. En el mismo proceso, José Manuel Solórzano Pérez y Celvin Donaldo Jerónimo Tobar fueron absueltos.
Hemeroteca PL: Líder de Los Huistas es sometido a prueba de grafoctécnia para esclarecer procedencia de Q600 mil
El diputado vinculado con Los Huistas
Freddy Arnoldo Salazar Flores, exdiputado suplente al Parlamento Centroamericano (Parlacén), apareció vinculado con investigaciones sobre Los Huistas desde el 2018.
En diciembre del 2022 surgieron cuestionamientos sobre la falta de una solicitud de antejuicio en aquel momento, señalamientos que el MP rechazó.
El 18 de marzo del 2022, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Salazar Flores por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
El 28 de diciembre, el MP solicitó retirarle la inmunidad a partir de un requerimiento de extradición estadounidense. La Corte Suprema de Justicia resolvió retirarle el antejuicio el 26 de julio del 2023.
Salazar Flores había sido electo por la Unión del Cambio Nacional (UCN), agrupación con la que también llegó al Congreso Sofía Jeanetth Hernández Herrera, diputada por Huehuetenango.
El hermano de la congresista, Henry Hernández Herrera, fue capturado en enero del 2021 por su vinculación con el caso Los Huistas. Ese año aceptó responsabilidad por obstaculización de la acción penal y recibió una condena de tres años de prisión mediante procedimiento abreviado. Murió en un ataque armado en enero del 2022.
Otro familiar de la diputada, su sobrino Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, fue capturado en agosto del 2021 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde admitió su participación en operaciones de narcotráfico relacionadas con la estructura.
Salazar Flores llegó voluntariamente a Estados Unidos el 14 de mayo del 2025 y compareció al día siguiente ante una corte federal del Distrito de Columbia.
El Departamento de Justicia informó que había sido acusado desde mayo del 2017 de conspirar para importar cocaína.
La acusación le atribuye, junto con Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, participación en operaciones que habrían movilizado aproximadamente 50 toneladas de cocaína entre el 2010 y el 2014.
En septiembre del 2025, Prensa Libre documentó que los fiscales estadounidenses habían entregado a la defensa unos 20 gigabytes de evidencia, incluidos audios, videos y comunicaciones interceptadas.
Las capturas más recientes
Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, identificado por las autoridades estadounidenses como dirigente de Los Huistas, fue capturado en México en marzo del 2025 y trasladado a Guatemala.
El 9 de mayo de ese año fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con el tráfico internacional de cocaína.
Eugenio Darío Molina López, conocido como “el Botas” o “Don Darío”, fue detenido en San Diego, California, y compareció ante una corte federal el 24 de abril del 2026.
La investigación estadounidense forma parte de la operación Guerrilla Unit, desarrollada durante varios años contra las actividades de narcotráfico de Los Huistas.
Antes de su captura, Estados Unidos ofrecía hasta US$10 millones por información que condujera a su detención o condena.
El Departamento del Tesoro había sancionado en marzo del 2022 a Werner Darío Molina Montejo, hijo de “el Botas”, a quien atribuía participación en los asuntos comerciales de la organización.
El 9 de noviembre del 2026 fue capturado Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias “Mosh” o “Kraken”, yerno de Molina López.
Estados Unidos lo identifica como uno de los operadores de Los Huistas y le atribuye participación en el transporte de cargamentos de droga. Había sido acusado ante una corte federal estadounidense desde noviembre del 2018.
El último en la justicia de EE.UU.: Tráfico de drogas, una llamada interceptada y amenazas contra “Mosh”: el caso contra el lugarteniente de Los Huistas
Las investigaciones que el MP plantea revisar
Al ser consultado por Prensa Libre sobre las investigaciones estratégicas contra el narcotráfico desarrolladas entre el 2022 y el 2026, el Ministerio Público que dirige actualmente el fiscal Gabriel García Luna respondió:
“Habría que hacer una auditoría 2022-2026, ya que no se remitió al momento del cambio de administración ninguna investigación estratégica relevante en materia de narcotráfico”.
La respuesta fue publicada por este diario el domingo 15 de noviembre, dentro de una investigación sobre la sucesión de los Lorenzana y los recientes hechos de violencia en Zacapa.
Lea acá: Los Lorenzana después de las extradiciones: el relevo del clan y las pesquisas que el MP no recibió
El MP no precisó cuáles investigaciones debieron trasladarse ni si se había ordenado formalmente la auditoría. Tampoco identificó expedientes específicos de los Lorenzana, Mendoza o Huistas.
Durante el período mencionado por la institución se registraron sanciones estadounidenses, solicitudes de extradición, capturas y resoluciones judiciales relacionadas con integrantes de las tres organizaciones.
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