
Magistrada Astrid Lemus aborda controversias y proceso de toma de posesión en la Corte de Constitucionalidad
Astrid Lemus, magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, se pronunció sobre las denuncias en su contra, la controversia durante su juramentación y los retos de la CC para recuperar credibilidad.
La magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC),Astrid Lemus, se pronunció sobre la controversia que rodeó su toma de posesión y los rumores que circularon acerca de intentos para impedir su juramentación. En una entrevista concedida a medios nacionales, la funcionaria explicó detalles sobre el proceso de incorporación de la nueva magistratura y las denuncias presentadas en su contra.
Contexto y desarrollo de la toma de posesión
La nueva magistratura de la CC asumió funciones en la madrugada del martes 14 de abril, en un momento marcado por una fuerte tensión política y acciones legales relacionadas con Lemus. La magistrada señaló que la decisión de realizar la toma de posesión en horario nocturno fue tomada por la Corte saliente y consideró que este hecho contribuyó a disipar dudas sobre posibles acciones legales en su contra, entre ellas rumores sobre una orden de captura que nunca se materializó.
De acuerdo con Lemus, tras su elección por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG),se presentaron cuestionamientos al resultado, y circularon ataques que calificó como "duros, selectivos y sin fundamento". La magistrada manifestó que desconoce el contenido preciso de las denuncias, ya que estas están bajo reserva, pero confirmó que existieron intentos de involucrarla en procesos legales, incluyendo solicitudes de captura que no prosperaron.
Denuncias y contexto judicial
Entre las denuncias vinculadas a la magistrada, se mencionó una que motivó acciones de allanamiento durante la elección en el CANG, así como su supuesta participación en el proceso judicial relacionado con eventos ocurridos en la Universidad de San Carlos de Guatemala hace dos años, cuando el campus fue tomado durante manifestaciones estudiantiles.
Ante estas situaciones, Lemus enfatizó que su prioridad es cumplir con la función constitucional que le corresponde como magistrada, subrayando la esperanza que la ciudadanía ha depositado en la Corte y en su desempeño.
Retos y desafíos en la Corte de Constitucionalidad
La magistrada reconoció que la CC enfrenta múltiples retos, entre ellos el desprestigio institucional acumulado y el alto volumen de casos, muchos de los cuales son consecuencia del funcionamiento deficiente de la justicia ordinaria, lo que ha llevado a que la Corte sea percibida como una tercera instancia judicial, una situación que podría provocar un colapso en el sistema.
En ese sentido, Lemus señaló que el gran desafío es recuperar la credibilidad de la institución y garantizar que la CC funcione conforme a la ley, cumpliendo con su papel constitucional.
Controversias recientes y posición sobre la integración del órgano judicial
Respecto a una de las primeras acciones de la nueva magistratura, se consultó sobre la solicitud presentada por tres magistrados para conocer de inmediato un amparo relacionado con la comisión de postulación para la elección del fiscal general. Lemus explicó que esta petición fue presentada poco después de asumir funciones y que el tema es altamente controversial debido a los intereses involucrados.
La magistrada auguró que se presentarán más acciones legales durante el proceso de selección de candidatos a fiscal general, etapa que calificó como la más compleja.
En cuanto a la percepción de división al interior de la Corte, Lemus consideró normal que existan opiniones sobre la formación de bloques, dado que algunos magistrados han colaborado previamente. Sin embargo, aclaró que habrá casos con decisiones unánimes y otros con votos divididos, dependiendo de cada asunto.
Adaptación y compromiso institucional
Finalmente, Astrid Lemus indicó que se encuentra en proceso de adaptación al exigente sistema de trabajo de la CC y que enfrentará con responsabilidad el alto volumen de casos y los temas institucionales complejos que deberá resolver, entre ellos la elección del fiscal general y otros procesos que impactan en la justicia guatemalteca.
Este pronunciamiento se da en un contexto de alta atención pública sobre la Corte de Constitucionalidad, cuya función es crucial para la estabilidad del sistema jurídico y democrático del país.
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