Magistrado Molina Barreto destaca urgencia de resolver amparo contra postuladora del MP para evitar crisis institucionales

Magistrado Molina Barreto destaca urgencia de resolver amparo contra postuladora del MP para evitar crisis institucionales

El magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, enfatizó la importancia de resolver el amparo contra la Comisión de Postulación para fiscal general para evitar crisis institucionales y garantizar el cumplimiento constitucional...

15 abril 2026
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El magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, Roberto Molina Barreto, resaltó la necesidad de que se resuelva a la brevedad el amparo presentado contra la Comisión de Postulación para la elección del Fiscal General del Ministerio Público (MP),con el fin de evitar posibles crisis institucionales que puedan afectar la legitimidad y continuidad del proceso.

La Corte de Constitucionalidad inició un nuevo período con la toma de posesión de seis magistrados titulares y suplentes el 14 de abril de 2026, quienes enfrentan múltiples retos, entre ellos el análisis de recursos legales relacionados con procesos de alto impacto nacional. Uno de los asuntos pendientes y de máxima relevancia es el referido amparo contra la Comisión de Postulación que debe integrar la lista de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General.

Contexto del amparo y proceso de elección del Fiscal General

El recurso de amparo fue interpuesto por el abogado Raúl Falla, representante de la Fundación Contra el Terrorismo, y cuestiona la legalidad del proceso de postulación de candidatos para el fiscal general. Según el documento, existe un riesgo de que la Comisión de Postulación incluya en la lista de aspirantes a personas que no cumplen con los requisitos constitucionales vigentes, lo que podría poner en entredicho la validez del procedimiento y, por ende, la estabilidad institucional.

Este amparo fue presentado a la Corte de Constitucionalidad a finales de marzo, pero no ha sido resuelto ni programado para su análisis debido a retrasos en la agenda y decisiones internas durante la administración anterior de la presidencia de la CC. La magistratura saliente, encabezada por Leyla Lemus, no convocó para firmar la resolución que permitiría enviar el expediente al órgano jurisdiccional competente, lo que generó una paralización en el trámite.

Declaraciones del magistrado Molina Barreto sobre el amparo

En conversación con medios locales, Roberto Molina Barreto manifestó que la resolución de este amparo es prioritaria para evitar que el proceso de elección del Fiscal General se vea afectado por controversias legales que puedan derivar en una crisis política e institucional. El magistrado explicó que, conforme a la competencia judicial, la Corte debe enviar el amparo a la instancia correspondiente para su trámite en primera instancia y solo en apelación regresaría a la CC.

El magistrado recordó que en marzo la Corte acordó unánimemente remitir el expediente al órgano competente con lineamientos claros para evitar la integración de una nómina de candidatos que incumpla con los requisitos constitucionales. Sin embargo, el trámite se ha visto retrasado, ya que en los primeros días de abril otro magistrado retiró el recurso de la agenda, impidiendo su avance.

Además, Molina Barreto afirmó que tres de los cinco magistrados titulares nuevos, entre ellos él mismo, enviaron una nota formal a la actual presidenta de la CC, Anabella Morfín, solicitando conocer el estado del amparo y su pronta resolución.

Proceso de transición y retos de la nueva magistratura

El magistrado titular explicó que los primeros días tras la toma de posesión han estado marcados por un período de transición, dado que la mayoría de los nuevos magistrados asumen por primera vez y provienen de la academia o del ejercicio profesional, por lo que deben adaptarse a la justicia constitucional, que difiere de la jurisdicción ordinaria.

Además, destacó que la CC opera con expedientes digitales en la nube, una modalidad poco común en otros ámbitos judiciales del país, lo que implica una curva de aprendizaje para quienes están acostumbrados a procesos más tradicionales.

Sobre el horario en que se realizó la posesión de la nueva magistratura, Molina Barreto aclaró que fue una medida legal para evitar vacíos en el cargo, ya que el período anterior vencía a las 24 horas del 13 de abril y el nuevo inició a las 0 horas del 14. También desmintió rumores sobre posibles órdenes de captura relacionadas con la toma de posesión, asegurando que la CC actúa para garantizar el orden constitucional y no para proteger a personas.

Independencia y credibilidad de la Corte de Constitucionalidad

Consultado acerca de la percepción pública sobre la credibilidad de la CC, el magistrado expresó que, aunque existen críticas motivadas por intereses políticos o frustraciones profesionales, la Corte mantiene su rol institucional y autonomía en la toma de decisiones. Subrayó que los magistrados tienen independencia de criterio a pesar de haber sido designados por distintos sectores del Estado.

En ese sentido, Molina Barreto enfatizó que la función principal de la Corte es garantizar que todos los órganos del Estado cumplan con la Constitución, interviniendo únicamente ante denuncias de incumplimiento y no de oficio, lo que refuerza la imparcialidad de la institución.

Situación actual y perspectivas

La resolución del amparo contra la Comisión de Postulación es clave para continuar con el proceso de elección del Fiscal General sin interrupciones ni cuestionamientos legales que puedan poner en riesgo la estabilidad institucional en Guatemala. La demora en la atención de este recurso ha generado preocupación entre los magistrados y actores políticos, quienes buscan que se eviten conflictos que afecten la gobernabilidad y la confianza en las instituciones.

En este contexto, la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad enfrenta el desafío de ejercer la justicia constitucional con responsabilidad y transparencia, asegurando que los procesos de alto impacto respeten el marco legal y constitucional del país.

El seguimiento a este caso será determinante para el desarrollo político y jurídico en Guatemala durante 2026, en un año marcado por importantes procesos electorales y reformas institucionales.

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