Magistrado Molina Barreto detalla su voto concurrente para anular nómina de fiscal general

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala resolvió, en una votación dividida de dos a tres, anular la nómina de candidatos a fiscal general presentada recientemente, ordenando que la Comisión de Postulación repita el proceso desde la fase de evaluación de expedientes. En este contexto, el magistrado constitucional Roberto Molina Barreto emitió un voto concurrente en el que expresó su apoyo a la decisión, pero enfatizó en sus propias consideraciones jurídicas sobre el caso.

La decisión de la CC, tomada el 23 de abril de 2026, responde a una acción presentada por un abogado de la Fundación contra el Terrorismo, que cuestionó la validez de la nómina entregada a la Presidencia. Los magistrados titulares Julia Rivera, Dina Ochoa y Molina Barreto votaron a favor de anular la nómina, mientras que Annabella Morfin y Astrid Lemus votaron en contra.

Distinción fundamental entre abogado y juez

En su voto concurrente, Molina Barreto explica que, aunque está de acuerdo con la anulación, considera necesario aclarar que la experiencia profesional requerida para postularse al cargo de fiscal general no puede acumularse indistintamente entre el ejercicio como abogado y como juez. Señaló que existe una diferencia sustancial entre el ejercicio de la abogacía y la función jurisdiccional, y que esta distinción está contemplada en la Constitución de Guatemala.

El magistrado argumenta que, si bien un juez es un profesional del derecho, la función jurisdiccional que desempeña no puede ser homologada al ejercicio de la abogacía para efectos de cumplir con los requisitos de experiencia profesional exigidos para la candidatura a fiscal general. En cambio, aclaró que la experiencia como fiscal en el Ministerio Público sí es equiparable a la abogacía, dado que ambas actividades implican la dirección de investigaciones penales, formulación de imputaciones y litigación ante tribunales.

Marco constitucional y precedentes

Molina Barreto recordó que esta posición no representa una contradicción con criterios previos de la Corte, sino una evolución interpretativa. Explicó que en 2014 la CC abordó el tema garantizando igualdad, y en 2022 precisó qué actividades cumplen con el requisito constitucional de experiencia. En el presente caso, el magistrado sostiene que si bien todas las experiencias profesionales tienen igual valor general, no todas aplican para requisitos específicos como la postulación a fiscal general.

Esta diferenciación responde a que la experiencia acumulada para cargos específicos en la judicatura, como magistrados de Apelaciones, sí puede incluir la función de juez, pero no así para cargos del Ministerio Público, que requieren experiencia en el ejercicio de la abogacía o funciones análogas.

Retraso en la tramitación del recurso

En su voto concurrente, Molina Barreto también expresó un reclamo por el retraso en la tramitación de la acción constitucional. Señaló que el recurso fue presentado el 4 de marzo de 2026, en una etapa oportuna para influir en la verificación de los requisitos de los candidatos, pero no fue conocido por el pleno de la CC hasta el 23 de abril, sin una justificación atendible.

El magistrado explicó que hubo intentos previos para conocer el expediente el 17 de marzo, pero tres magistrados, incluido él, se opusieron debido a que el caso tenía similitudes con un criterio ya emitido por la Corte en 2022. Fue hasta el 14 de abril que solicitaron formalmente a la nueva presidenta de la CC, Annabella Morfin, que se abordara el amparo.

Implicaciones para la elección del fiscal general

La anulación de la nómina obliga a la Comisión de Postulación a reiniciar el proceso de evaluación, lo que puede retrasar la designación del nuevo fiscal general en Guatemala. Este escenario se produce en un contexto de alta expectativa por parte de diversos sectores del país, que demandan un perfil que garantice la credibilidad y autonomía del Ministerio Público.

Además, los analistas han señalado que la transparencia en la selección y la independencia institucional son claves para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.

Conclusión

El voto concurrente del magistrado Molina Barreto aporta un análisis jurídico detallado sobre la diferencia entre la actividad jurisdiccional y el ejercicio profesional de la abogacía, subrayando que no pueden ser considerados equivalentes a efectos de cumplir con los requisitos para la candidatura a fiscal general. Esta interpretación impacta directamente en la configuración del proceso de selección y en la composición de la nómina de aspirantes.

Mientras tanto, la Comisión de Postulación deberá repetir la evaluación de expedientes, lo que mantiene en incertidumbre el nombramiento del nuevo titular del Ministerio Público, en un momento crucial para la justicia y la institucionalidad en Guatemala.

La Corte de Constitucionalidad y sus magistrados continúan siendo actores centrales en la definición de los procesos que afectan a las instituciones clave del país, en un marco de exigencia ciudadana por la transparencia y el respeto a la Constitución.