Magistrado Molina Barreto: Presidente tendrá la decisión final en elección del fiscal general

El proceso para la elección del nuevo fiscal general del Ministerio Público (MP) en Guatemala ha experimentado un nuevo giro tras la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC),que ordenó la repetición de la evaluación de aspirantes y la elaboración de una nueva nómina. Esta decisión, que ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico, fue explicada con detalle por el magistrado titular de la CC, Roberto Molina Barreto, en una entrevista reciente.

Detalles de la resolución y sus fundamentos

La Corte de Constitucionalidad resolvió anular la nómina de candidatos para la elección del fiscal general al determinar que la Comisión de Postulación no cumplió con verificar adecuadamente los requisitos establecidos en el artículo 251 de la Constitución Política de la República. En particular, se señaló que no se pudo computar el tiempo de desempeño como juez dentro del ejercicio profesional de abogado, un punto crucial para la evaluación de los aspirantes.

Según Molina Barreto, esta decisión responde a un criterio constitucional reiterado desde 2022 y busca garantizar el respeto a los requisitos legales para el cargo. El magistrado subrayó que la Corte no actuó con la intención de afectar a ningún candidato en particular, sino que su función es resguardar el orden constitucional y evitar que procesos con vicios de origen puedan sentar precedentes perjudiciales para futuras designaciones.

Retraso en la convocatoria y solicitud de diligencia

El magistrado explicó que la resolución se emitió posteriormente a una solicitud reiterada para que la Comisión de Postulación convocara a una sesión en la que se pudiera corregir la tabla de gradación y evaluar correctamente la experiencia de los aspirantes. Sin embargo, tanto la presidencia saliente como la actual no habían convocado a dicha sesión, lo que obligó a la Corte a retroceder el proceso a una etapa anterior para garantizar su legalidad.

Este retraso, añadió Molina Barreto, generó problemas en el proceso de nombramiento, pero la Corte insistió en que su responsabilidad es actuar conforme a la Constitución, sin dejar espacios para interpretaciones erróneas o vicios formales que puedan afectar la legitimidad del fiscal general.

El debate sobre la experiencia profesional y la función judicial

Uno de los aspectos más controvertidos en la discusión fue la interpretación sobre si el tiempo de servicio como juez puede acumularse como ejercicio profesional de abogado para cumplir con los requisitos constitucionales. El magistrado aclaró que, desde la perspectiva de la Corte, "un juez no es abogado", sino un árbitro que resuelve conflictos entre partes, y por ello no puede sumarse ese tiempo para cumplir con el requisito de experiencia profesional exigido.

Esta interpretación ha sido motivo de debate, ya que algunos miembros de la Comisión de Postulación interpretaron el requisito de manera distinta, lo que derivó en la calificación indebida de ciertos aspirantes. La resolución de la CC obliga a que solo aquellos expedientes afectados por esta situación sean revisados nuevamente, sin alterar los demás.

Plazos y próximos pasos

La Corte ordenó que el presidente de la República devuelva la nómina para que la Comisión de Postulación reevalúe los expedientes en un plazo máximo de 48 horas. Molina Barreto indicó que no tiene acceso a los expedientes, por lo que desconoce cómo se verá afectada la lista final de candidatos tras esta revisión.

El magistrado enfatizó que el cumplimiento estricto de la Constitución es fundamental para no permitir que vicios procesales comprometan la legitimidad del nombramiento del fiscal general, cargo fundamental para la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

Reacciones y contexto político

La decisión ha provocado diversas reacciones. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, manifestó en redes sociales que el amparo que anuló la lista de candidatos evidenció la resistencia de algunos actores a perder y reafirmó su compromiso con un proceso transparente, que privilegie la ética y la independencia de los futuros funcionarios.

En contraste, Molina Barreto señaló que respeta la figura presidencial y su derecho a expresarse, pero advirtió que la Corte no se guía por opiniones o activismos en redes sociales, sino por criterios jurídicos y constitucionales. Asimismo, percibió en el comunicado presidencial cierto resentimiento hacia la resolución, cuando en realidad el fallo busca evitar procesos viciados que puedan afectar la institucionalidad.

El magistrado recordó que un proceso similar de amparo benefició a Arévalo y su equipo en su llegada al gobierno, subrayando la importancia de respetar los cauces legales para consolidar cambios efectivos en la administración pública.

Implicaciones legales y responsabilidades

Molina Barreto advirtió que el incumplimiento de los amparos tiene consecuencias legales, incluyendo posibles responsabilidades penales y civiles, conforme a la Ley de Amparo, que tiene rango constitucional. Esto refuerza la necesidad de que todas las instancias involucradas actúen con apego a la ley y transparencia.

Perspectivas para la elección del fiscal general

El proceso para designar al nuevo fiscal general es de gran relevancia para Guatemala, dado el papel del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos, especialmente aquellos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. La exigencia de que los candidatos cumplan con los requisitos constitucionales y que el proceso sea transparente y legítimo es fundamental para garantizar la autonomía y credibilidad de esta institución.

El pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad y las indicaciones de Molina Barreto apuntan a fortalecer el marco legal y evitar que intereses particulares o interpretaciones incorrectas alteren la elección. La responsabilidad ahora recae en la Comisión de Postulación y en el Ejecutivo para cumplir con los plazos y asegurar que el proceso continúe conforme a la Constitución.

Situación actual y próximos desafíos

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido una postura oficial tras las declaraciones del magistrado. Sin embargo, la atención está puesta en la revisión que realizará la Comisión de Postulación y en la eventual remisión de la nueva nómina al presidente para la designación definitiva.

El seguimiento a este proceso es clave para la ciudadanía y los sectores interesados en la transparencia y justicia en Guatemala, que esperan un nombramiento que fortalezca el sistema de justicia y contribuya a la estabilidad institucional del país.

El Oficial continuará informando sobre los avances en este proceso y las implicaciones que pueda tener para el sistema judicial y el combate a la impunidad en Guatemala.