Magistrado Molina Barreto se aparta de casos sobre elección en la Usac y denuncia irregularidades en la CC

Magistrado Molina Barreto se aparta de casos sobre elección en la Usac y denuncia irregularidades en la CC

El magistrado Roberto Molina Barreto se inhibe de conocer casos relacionados con la elección del rector de la Usac y denuncia irregularidades en la tramitación y firma de resoluciones en la Corte de Constitucionalidad.

16 junio 2026
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El magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC),Roberto Molina Barreto, informó su decisión de apartarse de cualquier asunto vinculado con el proceso de elección y designación del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac),señalando que existen circunstancias que afectan su independencia jurisdiccional y libertad de criterio.

Esta determinación fue comunicada a través de un oficio dirigido a la presidenta de la CC, Gladys Annabella Morfín Mansilla, en el cual Molina Barreto también señala supuestas irregularidades durante la tramitación de acciones constitucionales relacionadas con la elección universitaria.

Retrasos en la tramitación de amparos y cuestionamientos al proceso

Según el magistrado, en los últimos meses se presentaron diversos amparos referentes a la elección del rector de la Usac, los cuales, a su juicio, no fueron remitidos oportunamente a los tribunales de amparo de primer grado competentes, incumpliendo lo establecido en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Molina Barreto señala que, junto con las magistradas Dina Ochoa y Julia Rivera, solicitó a la Presidencia de la CC que impulsara el trámite de estos expedientes para evitar retrasos heredados de la administración anterior. Sin embargo, estas gestiones, afirma, no fueron atendidas con la prontitud requerida, lo que afectó el normal desarrollo del proceso.

Demoras en la firma de resoluciones y su impacto

En el documento, el magistrado también hace referencia a una sesión del 25 de mayo en la que la CC resolvió varias acciones relacionadas con la elección universitaria, remitiendo al menos diez expedientes a tribunales de amparo. En esta ocasión, se registró por primera vez una postergación de casi diez días en la firma de resoluciones, retraso que quedó reflejado en los votos razonados firmados hasta el 3 de junio.

Molina Barreto considera que esta demora contribuyó a aumentar la conflictividad y los cuestionamientos hacia los integrantes del tribunal constitucional, afectando la percepción pública sobre la institución.

Además, en una sesión posterior celebrada el 1 de junio, la Corte conoció varios expedientes presentados por postulantes contra el Consejo Superior Universitario (CSU) y la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario de la Usac. En esta ocasión, la mayoría del pleno acordó corregir procedimientos y ordenar a tribunales de amparo de primer grado suspender determinadas acciones sin entrar al fondo de los reclamos, argumentando la falta de requisitos de procedibilidad como definitividad, legitimación y conexidad.

Denuncias contra la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad

El magistrado expresó en el oficio su “absoluto desacuerdo” con lo que califica como un proceder anómalo por parte de la Presidencia de la CC, al no poner a disposición de los magistrados las resoluciones adoptadas para su firma inmediata. Según Molina Barreto, una vez alcanzada una decisión por mayoría, la firma de la resolución debe ser un acto inmediato y no estar sujeto a nuevas deliberaciones o consultas.

El diferimiento de la firma bajo el argumento de permitir la elaboración de votos razonados disidentes, según el magistrado, afecta la certeza y seguridad jurídica de las decisiones emitidas por la Corte.

Asimismo, Molina Barreto advierte que las atribuciones administrativas de la Presidencia incluyen la adecuada tramitación, convocatoria, resolución y comunicación de los expedientes, especialmente en asuntos de alta conflictividad institucional como la elección universitaria.

Impacto en la independencia y el honor personal

El magistrado asegura que los acontecimientos relacionados con los expedientes de la elección del rector han generado una situación que afecta el ejercicio de su independencia jurisdiccional y libertad de criterio. Además, indica que estos hechos han motivado ataques, acusaciones y expresiones que, en su opinión, dañan su honor y dignidad personal.

Por ello, en la carta anunció su abstención de participar en la resolución de cualquier caso vinculado con la elección y designación del rector de la Usac.

Exhortación a la Corte y recomendación para otros magistrados

En la parte final de su comunicación, Molina Barreto exhorta a los integrantes de la CC a tramitar y resolver de manera diligente, objetiva y oportuna las acciones constitucionales sometidas a su conocimiento. También sugiere que otros magistrados deberían considerar adoptar una decisión similar a la suya en caso de que exista duda sobre su imparcialidad, especialmente si hubieran manifestado algún interés en el asunto o participado profesionalmente en el proceso electoral universitario como abogados, asesores o auxiliares de alguno de los grupos involucrados.

Contexto reciente: Resoluciones que favorecieron la continuidad del rector

El pronunciamiento del magistrado Molina Barreto se produce días después de que el pleno de la CC resolviera diversos asuntos relacionados con la elección del rector de la Usac. El 8 de junio, el tribunal dejó sin efecto los alcances de dos amparos, uno provisional y otro definitivo, que habían suspendido la reelección de Walter Mazariegos como rector de la universidad estatal.

Fuentes vinculadas al proceso indicaron que estas resoluciones fueron firmadas luego de que el pleno retomara expedientes que habían quedado pendientes a causa de observaciones presentadas por dos magistrados.

La controversia sobre la elección del rector se originó durante el proceso electoral universitario y se intensificó tras cuestionamientos relacionados con la integración del Consejo Superior Universitario y la exclusión de sectores opositores en la votación final realizada el 8 de abril en Antigua Guatemala.

Hasta el cierre de esta nota, la Corte de Constitucionalidad no se ha pronunciado públicamente sobre el oficio enviado por el magistrado Molina Barreto.

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