Magistrado Roberto Molina Barreto se pronuncia tras denuncias de amenazas contra la Corte de Constitucionalidad

En medio de la creciente preocupación por las denuncias públicas recientes sobre amenazas y actos de intimidación contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, el magistrado Roberto Molina Barreto emitió un pronunciamiento tras la sesión plenaria realizada el jueves 7 de mayo de 2026.

La Corte de Constitucionalidad divulgó un comunicado en el que alertó sobre diversas agresiones dirigidas contra la presidenta del órgano y otros magistrados. En ese documento, la CC rechazó enérgicamente cualquier acción que atente contra la independencia judicial y exhortó a la ciudadanía y a los actores públicos y privados a mantener un comportamiento respetuoso, legal y democrático, rechazando toda forma de violencia e intimidación.

Respuesta de los magistrados ante las amenazas

Tras la denuncia pública, medios de comunicación nacionales intentaron obtener declaraciones de los magistrados afectados. Sin embargo, la mayoría de ellos no reaccionaron públicamente, con la excepción de Roberto Molina Barreto, quien habló sobre la situación de acoso y amenazas que enfrentan algunos integrantes del tribunal constitucional.

El magistrado Molina Barreto indicó que varios de sus colegas han sido víctimas de acoso mediático y de intimidaciones. Subrayó que la presidenta de la CC, Gladys Annabella Morfín Mansilla, posee detalles más específicos sobre los incidentes, dado que fue ella quien emitió el comunicado oficial.

Entre las situaciones mencionadas, Molina Barreto relató que una magistrada presentó un video en el que se observa un vehículo con fotografías de varios magistrados y un mensaje con un tono amenazante. Este hecho motivó la consideración de contratar una empresa especializada para realizar un análisis de riesgo. En este sentido, el magistrado explicó que, aunque él no ha recibido amenazas directas de ese tipo, mantiene sus medidas de seguridad personal vigentes.

Denuncias formales y contexto institucional

Respecto a la posibilidad de presentar denuncias ante las autoridades correspondientes, Molina Barreto dijo desconocer si la magistrada Dina Ochoa ya presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, aunque señaló que ella había manifestado su intención de hacerlo.

En cuanto a la agenda de la sesión plenaria desarrollada el jueves 7 de mayo, el magistrado aclaró que la mayoría de los casos tratados fueron de naturaleza civil y relacionados con conflictos entre particulares, y que los medios suelen enfocar la atención en temas políticos.

Además, Molina Barreto descartó que durante esa sesión se hubieran abordado asuntos vinculados con la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) o con la Comisión de Postulación para la elección del fiscal general del Ministerio Público, temas que suelen ser de gran interés público.

Implicaciones para la independencia judicial en Guatemala

Estas denuncias sobre amenazas e intimidaciones contra magistrados del máximo tribunal constitucional plantean un desafío importante para la institucionalidad y el Estado de Derecho en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad es la máxima autoridad en materia constitucional y su independencia es fundamental para garantizar la correcta aplicación de la ley y la protección de los derechos fundamentales.

La persistencia de actos de acoso y violencia contra magistrados puede afectar la autonomía judicial y generar un clima de inseguridad para quienes ejercen funciones de alta responsabilidad en el sistema judicial guatemalteco.

Por ello, el llamado realizado por la CC a la ciudadanía y a los actores políticos y sociales para respetar los principios democráticos, la legalidad y el diálogo pacífico cobra especial relevancia en un contexto donde la tensión política y social se ha incrementado en los últimos años en el país.

Contexto nacional y desafíos para la justicia

Guatemala atraviesa un periodo complejo en materia judicial y política, con múltiples procesos de alto impacto y casos de corrupción que han puesto a prueba las estructuras estatales. El fortalecimiento de la Corte de Constitucionalidad y la protección de sus integrantes son elementos claves para asegurar la estabilidad institucional y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

Además, el panorama de amenazas contra funcionarios judiciales debe ser atendido con medidas integrales que garanticen la seguridad personal y la integridad de los togados, así como la transparencia y el debido proceso en todas las actuaciones judiciales.

La sociedad guatemalteca, por su parte, juega un papel fundamental en la promoción de una cultura de respeto y apoyo a las instituciones democráticas, para evitar que las intimidaciones y la violencia minen la confianza en la justicia.

Conclusión

El pronunciamiento del magistrado Roberto Molina Barreto pone en evidencia las dificultades que enfrentan los integrantes de la Corte de Constitucionalidad en el ejercicio de sus funciones, en un ambiente marcado por amenazas y presiones externas. La necesidad de proteger la independencia judicial y garantizar un entorno seguro para los togados es imperativa para preservar el Estado de Derecho en Guatemala.

El compromiso institucional y el llamado al diálogo respetuoso y legal constituyen pasos esenciales para superar estos retos y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia constitucional.