Magistrados de la CC exigen conocer amparos antes de elecciones del Cang para renovación constitucional

En medio de la polémica que rodea el proceso de renovación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) en Guatemala, tres de sus integrantes enviaron una solicitud formal para que se programen y conozcan dos amparos presentados contra la convocatoria del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). Estas elecciones están destinadas a definir a los representantes que integrarán la nueva conformación de la máxima instancia constitucional para el periodo 2026-2031.

La carta, dirigida a la presidenta de la CC, abogada Leyla Lemus, fue fechada el 30 de enero y firmada por los magistrados titulares Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto, así como por la magistrada suplente Claudia Paniagua. En ella, los magistrados expresan la urgencia de conocer las acciones legales antes de la realización de los comicios, programados por el Cang para el próximo 4 de febrero.

Contexto de la controversia

El fondo de la disputa radica en la convocatoria emitida por el Cang para las elecciones que definirán un magistrado titular y uno suplente para la CC. Los amparos cuestionan que dicho llamado al voto no se limita exclusivamente a abogados colegiados, sino que incluye a profesionales afines, lo cual, según los demandantes, excede la competencia establecida para esta elección y pone en duda la legitimidad del proceso.

Este señalamiento ha generado incertidumbre sobre la representatividad profesional en la elección de magistrados, un tema delicado dada la importancia del órgano constitucional en el sistema jurídico y democrático del país.

Solicitud de convocatoria a sesión plenaria

La Ley de Amparo y Exhibición Personal en su artículo 180 establece que, si el presidente de la CC no convoca a sesión plenaria para tratar asuntos de pertinencia, al menos dos magistrados pueden solicitar formalmente esta convocatoria. En este caso, la presidencia está a cargo de Leyla Lemus, quien hasta la fecha no ha citado a pleno para conocer los amparos en cuestión.

Ante esta situación, los tres magistrados firmantes piden que, conforme a la normativa vigente, se convoque de manera inmediata a plenaria para conocer los expedientes y así preservar la transparencia y legalidad del proceso electoral del 4 de febrero.

La solicitud enfatiza que la falta de conocimiento previo de estas acciones legales podría derivar en futuras impugnaciones, lo que complicaría la integración de la CC y la estabilidad jurídica del proceso.

Estado actual y respuesta institucional

Hasta el mediodía del 31 de enero, la página oficial de la CC no registraba sesiones plenarias programadas para el fin de semana ni confirmaba si la carta había sido respondida por la presidencia. Por otro lado, el departamento de Comunicación Social de la Corte no ha emitido declaraciones ni ha respondido las consultas respecto a la situación de los amparos.

Además de las dos acciones en la CC, existe un tercer amparo en la Sala Sexta Administrativa que también cuestiona aspectos similares de la convocatoria del Cang, lo que amplía el marco de controversia legal en torno al proceso.

Defensa del Colegio de Abogados

En contraparte, la presidenta de la Junta Directiva del Cang, abogada Patricia Gámez, publicó documentos en redes sociales con el propósito de aclarar la postura institucional del Colegio frente a las impugnaciones. Según el Cang, el señalamiento de los amparistas que critican la extensión del derecho a votar a profesionales afines es una interpretación incorrecta y restrictiva de la convocatoria.

El Cang ha solicitado a la Sala Civil la suspensión de la acción de amparo, argumentando que no cumple con los requisitos legales necesarios para continuar, y reafirmando la legitimidad de la convocatoria emitida para las elecciones.

En sus declaraciones, Gámez defendió el derecho de los profesionales afines agremiados a participar en la Asamblea General que designará al magistrado titular y suplente para la CC, buscando garantizar un proceso inclusivo y representativo.

Importancia del proceso y perspectivas

El proceso de renovación de magistrados de la CC es fundamental para definir el rumbo institucional y democrático de Guatemala durante los próximos cinco años. La legitimidad y transparencia en la elección son aspectos clave que han sido objeto de atención y cuestionamientos públicos, incluyendo la exigencia de actores sociales como la Conferencia Episcopal, que ha pedido garantías para elecciones limpias.

Analistas y expertos coinciden en que la mejor vía para asegurar la certeza en el resultado electoral y evitar conflictos posteriores es que se conozcan y resuelvan todas las acciones legales en curso antes de la realización del evento comicial.

Ante la proximidad de la fecha electoral y la existencia de dudas legales, la solicitud de los magistrados de la CC para que se conozcan los amparos antes del 4 de febrero cobra relevancia institucional y política. La decisión de la presidencia y la Corte en conjunto determinará la dinámica y validez del proceso que definirá a los nuevos magistrados constitucionales.

Elecciones programadas por el Cang

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala convocó a sus agremiados a participar en una elección democrática para escoger a un magistrado titular y un suplente para la CC, con el objetivo de cubrir el período 2026-2031. La primera vuelta está prevista para el miércoles 4 de febrero, con una posible segunda vuelta el 12 de febrero si no se define un ganador en la primera jornada.

Este proceso ha sido observado con atención por distintos sectores debido a la influencia que tendrán estos magistrados en decisiones constitucionales trascendentales para el país.

Conclusión

La petición de los magistrados de la CC para conocer los amparos antes de las elecciones del Cang refleja la complejidad y sensibilidad del proceso de renovación judicial en Guatemala. En un contexto donde la transparencia y la legalidad son exigidas por la sociedad, la resolución oportuna de estos recursos legales es crucial para fortalecer la confianza en las instituciones y evitar controversias posteriores que puedan afectar el equilibrio del sistema constitucional.

El desarrollo de este proceso y la respuesta institucional marcarán un precedente importante para futuros procedimientos electorales dentro del ámbito jurídico guatemalteco.