Magistrados electos del TSE detallan retos y plan para recuperar credibilidad rumbo a elecciones 2027

En el marco de la preparación para las elecciones generales de 2027 en Guatemala, los magistrados electos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han articulado una serie de retos y estrategias orientadas a robustecer la institucionalidad y recuperar la confianza ciudadana en el sistema electoral. Durante una entrevista concedida a un medio nacional, tres de los magistrados designados, entre ellos dos titulares y un suplente, compartieron sus perspectivas sobre los desafíos que enfrentará el órgano rector electoral en los próximos años.

Acuerdos y perfil del nuevo pleno del TSE

El 10 de marzo de 2026, en una sesión donde se logró un consenso entre las fuerzas políticas del Congreso, se eligieron a los magistrados titulares y suplentes responsables de organizar y supervisar el proceso electoral del 2027. Los magistrados titulares Mario Alexander Velásquez y Quelvin Jiménez Villalta resaltaron el carácter equilibrado del nuevo pleno, lo cual consideran fundamental para fortalecer la capacidad del TSE y garantizar un proceso electoral transparente y justo.

Velásquez destacó la rapidez y el consenso alcanzado en el Congreso para conformar el órgano electoral, lo que interpreta como una señal positiva de voluntad política para fortalecer la institucionalidad democrática. Por su parte, Jiménez Villalta enfatizó que el diálogo fue clave para la elección y subrayó la necesidad de consolidar un tribunal que recupere la confianza ciudadana y promueva la transparencia en los comicios.

Garantizar imparcialidad y fortalecer partidos políticos

Ambos magistrados coincidieron en que el TSE debe actuar como un árbitro imparcial, aplicando reglas claras y equitativas para todos los actores políticos. Velásquez señaló que no tiene afiliación partidaria y que su función se desarrollará estrictamente bajo los postulados constitucionales y legales, con objetividad e independencia.

Además, consideró prioritario fortalecer a los partidos políticos como pilares fundamentales de la democracia, ya que la existencia de instituciones partidarias sólidas contribuye a la estabilidad y legitimidad del sistema electoral. Jiménez Villalta complementó este enfoque señalando la importancia de promover la educación cívica y capacitar tanto a partidos como a la ciudadanía para mejorar el conocimiento y la participación en los procesos electorales.

Situación actual de los partidos políticos y procesos pendientes

En la actualidad, Guatemala cuenta con 27 partidos políticos activos y otros cinco o seis en proceso de formación, que podrían participar en las próximas elecciones. Según Velásquez, varios ya se encuentran avanzando en sus asambleas internas para definir candidaturas conforme a la normativa vigente.

Jiménez Villalta mencionó la necesidad de revisar procesos administrativos pendientes, como sanciones a partidos y actualizaciones del padrón electoral, enfatizando que el trabajo se intensificará hacia mediados de año, cuando se inicien formalmente las asambleas para la postulación de candidatos.

Desafíos en la participación y sanciones a candidatos

Ante críticas recientes sobre decisiones del TSE que han limitado la participación de candidatos, los magistrados manifestaron su preocupación y coincidieron en la necesidad de garantizar igualdad de condiciones para todos los aspirantes. Jiménez Villalta recordó que Guatemala ha sido sancionada por organismos internacionales debido a restricciones en la participación política, por lo que se debe evitar la aplicación arbitraria de normativas que vulneren derechos constitucionales.

Velásquez puntualizó que la participación política es un derecho fundamental y que es indispensable definir con claridad los límites de la campaña anticipada y las sanciones aplicables para evitar decisiones contradictorias que afecten la competencia electoral.

En cuanto a los documentos requeridos para la inscripción de candidatos, como el finiquito o la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos emitida por la Contraloría General de Cuentas (CGC),los magistrados aclararon que dicha constancia tiene una vigencia de seis meses y que este plazo debe respetarse para brindar certidumbre a los aspirantes.

Transparencia en la adquisición tecnológica y conteo de votos

Respecto a la tecnología electoral para 2027, Velásquez aseguró que aún se evalúa si el tribunal adquirirá un programa externo o desarrollará uno propio. En todo caso, afirmó que la transparencia no dependerá únicamente del software, sino de la administración rigurosa de la información desde el conteo hasta la publicación de resultados preliminares.

Actualmente, el TSE no cuenta con un director de Informática, por lo que la designación de este perfil será una prioridad. Jiménez Villalta consideró que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) generó controversias en procesos anteriores y sugirió explorar otras alternativas tecnológicas, como dotar a las juntas receptoras de votos con herramientas para escanear y transmitir actas de manera rápida y segura.

Ambos magistrados enfatizaron la necesidad de garantizar trazabilidad y transparencia para que la ciudadanía pueda seguir y verificar el conteo de votos, junto con procesos de adquisición competitivos y abiertos.

Enfrentar la violencia electoral con coordinación institucional

Ante el aumento de violencia política y asesinatos de posibles candidatos, los magistrados destacaron la importancia de una coordinación interinstitucional temprana para prevenir y mitigar estos hechos. Jiménez Villalta propuso un pacto de no agresión entre partidos políticos y la elaboración de un mapa de riesgos en conjunto con las fuerzas de seguridad.

Velásquez recordó que el TSE dispone de mesas de prevención de conflictividad y seguridad electoral que involucran al Ministerio de Gobernación, Defensa y al Ministerio Público, y consideró que estas mesas deben activarse con anticipación ante las circunstancias actuales.

Experiencia y diseño institucional del proceso de elección

El magistrado suplente, Alfredo Skinner-Klée, se refirió a su trayectoria en materia electoral, destacando su experiencia de décadas como fiscal nacional de partidos políticos ante el TSE. Reconoció que dicha experiencia no fue criterio principal para la Comisión de Postulación, pero aseguró contar con los conocimientos necesarios para desempeñar su función.

Sobre el diseño institucional por el cual el Congreso elige a los magistrados electorales, Skinner-Klée explicó que esta modalidad es común en otros países y forma parte de la estructura del Estado guatemalteco, similar a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Reconoció que evitar conflictos de interés es un reto inherente a este modelo, pero recalcó que los magistrados deben actuar conforme a la ley y con apego a las reglas electorales.

Revisión de cancelaciones y sanciones a partidos políticos

En relación con la exclusión de candidatos y partidos, el magistrado suplente consideró que las prácticas que limitan la participación electoral no benefician al país y afirmó que casos como la cancelación del Partido Semilla requieren un análisis cuidadoso. Señaló que la ley protege a candidatos y partidos durante el proceso electoral y que el nuevo TSE deberá establecer criterios claros para estos casos.

Recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la participación electoral

Skinner-Klée sostuvo que uno de los principales retos del nuevo Tribunal será recuperar la confianza ciudadana, para lo cual es fundamental que los magistrados actúen con transparencia y claridad. Señaló que la participación de más de 100 mil ciudadanos en las mesas de votación y escrutinio es una fortaleza del sistema democrático guatemalteco.

Además, instó a que la experiencia reciente motive a una mayor participación ciudadana en la defensa del proceso electoral y mencionó que será una prioridad revisar y mejorar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya que reformas recientes han generado desafíos en su aplicación.

Finalmente, identificó como áreas críticas la regulación sobre cancelación o suspensión de candidaturas y el régimen de financiamiento electoral, aspectos que requieren atención para garantizar mayor transparencia y participación.

Con la organización de las elecciones de 2027 en el horizonte, el nuevo Tribunal Supremo Electoral enfrenta un escenario complejo marcado por desafíos institucionales, sociales y tecnológicos. La labor de los magistrados electos será clave para consolidar un proceso electoral que fortalezca la democracia y recupere la legitimidad del órgano rector electoral en Guatemala.