Más de 33,000 detenidos en El Salvador no estaban en registros oficiales de pandillas, revelan documentos

Documentos internos de inteligencia de El Salvador revelan que más de 33,000 personas detenidas durante el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele no estaban registradas oficialmente como miembros o colaboradores de pandillas. Esta cifra representa aproximadamente el 36% del total de capturas realizadas hasta el 25 de marzo de 2026, según un análisis exhaustivo basado en informes de la Policía Nacional Civil (PNC) y datos públicos del Ejecutivo salvadoreño.

El régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022 como respuesta a la violencia generada por estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, ha resultado en la detención de más de 91,600 personas hasta la fecha indicada. Sin embargo, los documentos de inteligencia, obtenidos a través de filtraciones masivas conocidas como "Guacamaya Leaks" —que expusieron correos electrónicos internos de la PNC— apuntan a una discrepancia significativa entre las personas detenidas y aquellas previamente identificadas como pandilleros o colaboradores.

Contexto y origen de los registros

Uno de los documentos clave, titulado Origen, situación actual y vínculos de las pandillas, fue elaborado en marzo de 2021, un año antes del inicio del régimen de excepción, por la Subdirección de Investigaciones de la PNC y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT). Esta última es una unidad de inteligencia cofinanciada por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde 2007. En ese momento, los registros oficiales identificaban a 58,270 pandilleros y colaboradores en libertad.

Sin embargo, para noviembre de 2022, apenas ocho meses después de la implementación del régimen, la Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que se habían capturado a más de 58,000 pandilleros. La cifra no dejó de crecer y al corte del 25 de marzo de 2026, el total de detenidos superaba las 91,600 personas, lo que implica una diferencia de más de 33,000 individuos que no aparecían en los registros oficiales previos.

Cuestionamientos sobre el proceso de detención

El 9 de abril de 2022, el presidente Bukele admitió públicamente la posibilidad de un "margen de error" en las capturas, estimando que este no superaba el 1%, es decir, alrededor de 85 personas. No obstante, los documentos revelados sugieren que el margen es considerablemente mayor, con un 36% de detenidos sin antecedentes registrados.

Expertos en derechos humanos y organizaciones internacionales han señalado que esta brecha plantea dudas sobre la calidad de la inteligencia utilizada para las detenciones masivas. Se han documentado casos en los que agentes policiales presuntamente fabricaron evidencias, emplearon denuncias anónimas no verificadas y utilizaron criterios como la presencia de tatuajes sin relación comprobada con pandillas como fundamento para arrestos.

Esta situación ha sido interpretada por defensores de derechos humanos como una posible violación de garantías fundamentales, incluyendo detenciones arbitrarias y falta de debido proceso, lo cual contraviene estándares internacionales.

Casos documentados y consecuencias

Uno de los casos emblemáticos es el de Santos Navarro, quien no figuraba en la Base Matriz de Pandilleros de la MS-13 de la PNC en febrero de 2022, pero fue detenido en julio de 2023 bajo acusaciones de colaboración con esa pandilla. Navarro trabajaba desde hacía más de una década en un mercado de Santa Tecla y su familia ha denunciado que la captura se basó en una denuncia anónima sin una investigación rigurosa. Posteriormente, Navarro falleció en prisión debido a complicaciones relacionadas con su diabetes y presunta falta de atención médica adecuada.

Organizaciones locales e internacionales han reportado que durante el régimen de excepción se han registrado detenciones arbitrarias masivas, torturas, violencia sexual contra mujeres y niñas en custodia, así como desapariciones forzadas. Según datos de la organización Socorro Jurídico Humanitario, cerca de 500 personas han muerto bajo custodia estatal sin haber sido juzgadas, lo que genera preocupación por el respeto a los derechos humanos en el país.

Transparencia y acceso a la información

El director de investigaciones de una organización salvadoreña de derechos humanos señaló que la información oficial respecto a las detenciones y las investigaciones relacionadas está bajo reserva por al menos siete años, limitando el acceso público y la supervisión independiente. Además, advirtió que las cifras oficiales presentan variaciones inexplicables mes a mes, lo que dificulta la verificación y el análisis objetivo de la situación.

Implicaciones para Guatemala y la región

El fenómeno de las detenciones masivas y el régimen de excepción en El Salvador repercute en la región centroamericana, incluida Guatemala, donde la migración y la violencia vinculada a pandillas también son problemáticas persistentes. La falta de transparencia y las posibles violaciones a derechos humanos en El Salvador pueden influir en la percepción internacional y en las políticas de cooperación regional en materia de seguridad y justicia.

Además, el caso pone en evidencia la complejidad de abordar la violencia pandilleril sin afectar los derechos fundamentales de la población, un desafío compartido por Guatemala y otros países vecinos.

Conclusión

La revelación de que más de un tercio de las personas detenidas durante el régimen de excepción en El Salvador no estaban registradas como pandilleros plantea serias interrogantes sobre la metodología y las garantías legales en el proceso de detención masiva. Este hallazgo obliga a un análisis crítico y a la exigencia de mayor transparencia y respeto a los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada en la región.

El Oficial continuará monitoreando y reportando sobre esta situación, que tiene implicaciones significativas para el Estado de derecho y la seguridad en Centroamérica.