Más de 41 proyectos energéticos de generación y transmisión peligran por requisitos municipales

Economía

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La Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE) indicó que en enero del 2025 inició la labor de identificación y recopilación de cada caso relacionado con el sector, y que a la fecha ha identificado más de 74 incidencias por temas municipales en 26 proyectos.

De estos, 70 son incidencias de transmisión eléctrica en tramos de línea para la red y cuatro en subestaciones. Aunque sea un mismo proyecto la línea de transmisión pasa por varias municipalidades.

“Los casos registrados evidencian que diversas actuaciones de las municipalidades están generando retrasos, incertidumbre jurídica y obstáculos para el desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura de transmisión en Guatemala”, señaló la AGTE, e indicó que los departamentos donde han enfrentado mayores incidencias son Izabal, Sacatepéquez, Quiché, Sololá, Huehuetenango, Quetzaltenango y Guatemala.

La entidad identificó al menos 18 razones distintas, entre las cuales menciona como principales negativas injustificadas para otorgar licencias municipales de construcción, retrasos y omisiones en la emisión de licencias y permisos municipales, emisión de resoluciones de suspensión de proyectos por jueces de asuntos municipales, exigencia de avales sociales como requisito previo para otorgar licencias municipales, y requerimiento de avales de Cocodes u otros actores comunitarios sin un fundamento jurídico claro.

También señala pronunciamientos de corporaciones municipales que rechazan el paso de proyectos de transmisión, lo que impide de facto la emisión de licencias; revocaciones que califica de arbitrarias de licencias municipales previamente otorgadas; entre otras como cobros desproporcionados de tasas y derechos municipales, falta de certeza jurídica derivada de la inexistencia, modificación constante o aplicación discrecional de reglamentos municipales.

Al respecto, David Cabrera, presidente de la AGTE, declaró que han identificado tres ejes de problemáticas que enfrenta el sector. De los tres, “la variable más compleja hoy en día son los alcaldes y eso se debe básicamente a la discrecionalidad, al mal entendido libre albedrío bajo el amparo de la autonomía municipal”, ya que no hay una reglamentación a nivel de país para establecer los criterios para autorizar un proyecto de este tipo.

Cabrera mencionó varios ejemplos. Refirió que en Jocotán no se ha podido terminar la obra de la licitación del Plan de Expansión del Sistema de Transporte (PET) del 2014, denominado PETNAC. En este caso, el municipio no ha permitido el avance al argumentar temas sociales.

Por otra parte, se tienen 10 años de buscar terminar el anillo de la red eléctrica en La Antigua Guatemala, que fue adjudicado en el PET 1-2009. En este caso, el directivo refiere que ya han pasado tres alcaldes, pero no se han obtenido los permisos.

También mencionó casos en Chimaltenango, Huehuetenango, Chiantla, y otros.

En otros municipios se les pide que negocien con las comunidades para efectuar obras, además de pagar la licencia. Sin embargo, Cabrera refiere que “eso se vuelve una especie de chantaje. Porque la autoridad municipal está para regir y debería tener normas claras donde establezca qué hacer, pero muchas veces le endilga al inversionista atribuciones que no debería de tener” para que cubra necesidades que el mismo municipio debería atender.

Acerca de los costos que pueden significar esos trámites, permisos y autorizaciones, el dirigente de la AGTE mencionó que hay una obra que se debe hacer en Huehuetenango, pero que solo en permisos y servidumbres municipales el costo es 2.5 veces que el del proyecto.

Otro problema que han detectado es que varias municipalidades tienen reglamentos suspendidos total o parcialmente por la CC y, con base en ellos, quieren cobrar, según Cabrera. Mientras que otras municipalidades buscan establecer cobros mensuales de operación y mantenimiento de las redes.

El problema es que se han topado con cobros irracionales, porque los costos de la permisología llegan a representar entre el 40% y 50% del costo del proyecto, cuando estándares internacionales establecen que debe ser entre el 4% y 6%. Por ejemplo, por la licencia de construcción en un municipio se cobra uno, dos o 2.5 por millar, pero en otro quieren cobrar el 7% del costo total de la obra.

Generación

Por aparte, la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) expuso que hay diversos proyectos en el sector de generación que enfrentan varios obstáculos y, de forma similar al otro sector, argumenta que estos derivan de la falta de certeza jurídica, la discrecionalidad en la emisión de licencias municipales y de construcción, así como de cobros que exceden lo razonable.

Ager señala que la situación está dificultando el desarrollo de proyectos estratégicos para el país y cita que, según información proporcionada por los asociados, existen más de 15 proyectos de generación de energía renovable que enfrentan obstáculos en su desarrollo “a raíz de decisiones arbitrarias por parte de alcaldes municipales”.

Entre estos, la organización expresó preocupación ante la negativa de la Municipalidad de Jalpatagua (Jutiapa) de otorgar la licencia de construcción al proyecto de energía solar llamado Solar El Progreso. Explicó que cuenta con todos los permisos nacionales requeridos, como licencia ambiental del Ministerio de Ambiente, permiso de conexión del Instituto Nacional de Electrificación, aprobación de la CNEE y del Ente Operador Regional, y que fue adjudicado formalmente en la cuarta licitación del Plan de Expansión de Generación (PEG 4); sin embargo, lleva más de dos años detenido por la negativa del alcalde a emitir la licencia municipal.

Consultada por el impacto económico, Ager indicó que el municipio ha dejado de recibir US$57 millones en inversión directa, US$150 mil por concepto de licencia de construcción y US$300 mil anuales en inversión social y ambiental, así como en generación de empleo.

El otro proyecto que mencionó Ager es el de la hidroeléctrica Pasabien, que operaba desde hace años en Río Hondo, Zacapa, pero que a la fecha lleva más de un año bloqueada.

Unificar criterios

La asociación de generadores explicó que reconoce la autonomía municipal y la descentralización, pero considera que su ejercicio debe ser congruente con la legislación vigente para garantizar condiciones que impulsen el desarrollo de proyectos estratégicos para el país.

En ese contexto, Ager hizo un llamado a las autoridades municipales, al Gobierno, al Congreso de la República y a las instituciones competentes para unificar criterios y procesos que garanticen certeza jurídica y claridad para el desarrollo de proyectos, así como fortalecer la coordinación interinstitucional.

El presidente de Ager, Alfonso González, reconoció que hay municipalidades donde existe cooperación, pero también excepciones donde los procesos se han vuelto complejos sin ninguna razón contemplada en el marco jurídico.

Añadió que el 52% del volumen adjudicado de 1 mil 258 megavatios en la licitación PEG 5 provendrá de plantas nuevas, las cuales necesitarán certeza jurídica para concretar la inversión y la entrada en operación.

En tanto, la AGTE refirió que ha trasladado estas preocupaciones y sostenido acercamientos con distintas entidades del Organismo Ejecutivo a lo largo de varios períodos de gobierno, en busca de mecanismos de coordinación institucional que permitan reducir las barreras para la infraestructura de transmisión. Sin embargo, la postura institucional ha sido que las actuaciones municipales están amparadas en la autonomía y deben resolverse con cada autoridad local.

Opiniones

El viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas (MEM),Luis Arturo Mérida, dijo el jueves 18 de junio que no tenía detalle de las denuncias y posturas que se han hecho y que podrá responder cuando conozca el tema. Indicó que tiene tres semanas en el cargo.

Agregó que es una queja de las entidades que se han pronunciado, pero que no podría indicar si hay un caso específico ni qué acciones tomar sin antes investigarlo, ya que las municipalidades son autónomas.

Al consultarle que las entidades piden trabajo conjunto entre autoridades para emitir una regulación que unifique criterios, respondió que es una buena idea conversar si eso se puede hacer, pero que deben basarse en la ley y en los reglamentos para definir hasta dónde se puede llegar.

Por aparte, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE),Luis Ortiz, dijo que es un problema antiguo que se vuelve complejo, porque hay proyectos que se retrasan por diversas dificultades, mientras que las necesidades de energía son evidentes. Indicó que uno de estos es el PET 1, que se había estructurado para un plazo de cuatro años, pero aún tiene tramos sin concluir.

Por ello, considera importante discutir el tema para generar conciencia de que no se puede avanzar si no se resuelven estos obstáculos. “Hay proyectos por todos lados que no se pueden avanzar si no cuentan con el apoyo de los poderes locales”, expuso Ortiz.

El funcionario recordó que en la actualidad se discute en el Congreso la iniciativa de ley 6665 que contiene la propuesta de creación de la Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía.

Se solicitó la postura de Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM),pero no ha respondido.