
Migrante guatemalteco es condenado por traficar armas en Estados Unidos
La investigación determinó que el guatemalteco participó en transacciones ilegales de armamento entre Alabama y Maryland, EE. UU. durante el 2024.
Un guatemalteco fue condenado a 78 meses de prisión, 6 año y 5 meses, por su participación en una conspiración de tráfico de armas de fuego y por posesión ilegal de armamento en Estados Unidos, informó la Fiscalía Federal para el Distrito de Maryland.
El juez Matthew J. Maddox impuso la condena a Lester Ramos Pérez, de 29 años, quien además deberá cumplir un año de libertad supervisada al concluir la pena.
La fiscal federal del Distrito de Maryland, Kelly Hayes, informó que la sentencia es resultado de una investigación desarrollada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Según los documentos judiciales, la pesquisa comenzó en julio del 2024, cuando las autoridades sospecharon que Ramos Pérez traficaba armas de fuego desde Alabama hacia Baltimore en Maryland, Estados Unidos. Posteriormente, en septiembre de ese año, Ramos Pérez se mudó a Waldorf, Maryland.
La investigación determinó que Ramos Pérez y un cómplice participaron en la venta ilegal de armas de fuego mediante transacciones controladas por las fuerzas del orden en Alabama y Maryland.
Las autoridades indicaron que dos de las armas vendidas eran robadas y que al menos otras dos estaban clasificadas como ametralladoras.
Durante la investigación, los agentes establecieron que Ramos Pérez fue advertido de que uno de los compradores tenía antecedentes penales y adquiría las armas en nombre de otra persona. Pese a ello, continuó con las transacciones, según la declaración de culpabilidad.
Antecedentes
De acuerdo con la acusación federal, Ramos Pérez fue vinculado con una red dedicada al tráfico de armas entre Alabama y Maryland. Además de la condena de prisión, las autoridades solicitaron el decomiso de las armas de fuego, municiones y cualquier ganancia obtenida de las actividades ilícitas.
La fiscal federal señaló que el caso forma parte de una iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF),creada para combatir organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico ilícito que operan en Estados Unidos.
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