Migrantes detenidos por ICE podrán pedir libertad bajo fianza tras 90 días, según fallo

Un tribunal federal de apelaciones dictó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) no podrá mantener a migrantes detenidos por más de 90 días sin otorgarles la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza para recuperar su libertad.

La resolución fue emitida el 2 de julio por un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. La medida tendrá impacto en Texas y Luisiana, donde ese tribunal tiene jurisdicción.

En la audiencia, un juez podrá evaluar si corresponde liberar al migrante detenido mientras continúa el proceso migratorio.

La decisión representa un revés judicial para la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump y podría beneficiar a miles de migrantes retenidos.

El fallo aclara un aspecto que había quedado pendiente tras una resolución de febrero emitida por otro panel del mismo tribunal, el cual respaldó la interpretación del gobierno de Trump sobre una ley federal de migración que permite la detención obligatoria de ciertos extranjeros.

No obstante, esa decisión no resolvió si la Constitución de Estados Unidos exige que esas personas tengan acceso a solicitar su libertad bajo fianza.

El fallo obtuvo dos votos contra uno. La jueza Leslie Southwick escribió que la Constitución de Estados Unidos protege, desde el 2001, los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran dentro del territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio, a través de la Quinta Enmienda.

El juez James Graves respaldó la resolución, mientras que el juez Cory Wilson emitió un voto disidente al considerar que la decisión reduce la autoridad que el Congreso tiene sobre la política migratoria y que la jurisprudencia de la Corte Suprema no obliga al Gobierno a conceder audiencias de fianza en estos casos.

El litigio comenzó por una reinterpretación de la ley migratoria adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional en el 2025. Durante décadas, la detención obligatoria sin derecho a fianza se aplicó principalmente a personas detenidas al ingresar a Estados Unidos o poco después de cruzar la frontera. Sin embargo, la administración Trump amplió esa interpretación.

Después, la Junta de Apelaciones de Inmigración, del Departamento de Justicia, adoptó el mismo criterio, lo que permitió a jueces de migración ordenar detenciones obligatorias sin posibilidad de solicitar la libertad bajo fianza.

Los jueces no definieron cómo deberán realizarse esas audiencias ni qué criterios se aplicarán para decidir si una persona puede quedar en libertad.

El Departamento de Seguridad Nacional expresó su desacuerdo con el fallo. A su vez, el gobierno de Trump ya pidió a la Corte Suprema revisar otro caso relacionado con la política de detención obligatoria, por lo que se espera que ese tribunal defina el alcance de las detenciones y las protecciones constitucionales aplicables a los migrantes que enfrentan procesos de deportación.