Miguel Martínez retira apelación contra fallo de EE. UU. por sanciones ligadas a presunta corrupción y vacunas Sputnik V
La justicia estadounidense respaldó las sanciones de la OFAC contra el exfuncionario durante el gobierno de Alejandro Giammattei por presuntos actos de corrupción vinculados con la compra de vacunas Sputnik V.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia aceptó el 20 de octubre del 2026 la solicitud de Luis Miguel Martínez Morales para desistir voluntariamente de su apelación. Con ello, el exfuncionario puso fin a ese recurso judicial, sin lograr que se levantara la sanción financiera impuesta por Estados Unidos, que continúa vigente según los registros oficiales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Luis Miguel Martínez Morales, quien dirigió el Centro de Gobierno, dependencia creada durante la administración de Alejandro Giammattei, desistió de la apelación que había presentado contra el fallo de la jueza federal estadounidense Beryl A. Howell, que respaldó las sanciones financieras impuestas en su contra por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Martínez buscaba revertir la decisión de la jueza, quien el 24 de julio del 2026 rechazó sus argumentos y determinó que la OFAC tenía pruebas suficientes para mantenerlo en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN por sus siglas en inglés), por presuntos actos de corrupción relacionados con la adjudicación irregular de contratos públicos y la solicitud de sobornos para facilitar la compra de vacunas rusas Sputnik V.
La resolución judicial, establece que la agencia estadounidense contaba con información clasificada y sensible para las investigaciones que respaldaba sus conclusiones sobre la presunta participación del exfuncionario en actos de corrupción pública en Guatemala.
Jueza examinó pruebas de corrupción
En el fallo del 24 de julio, Howell analizó los argumentos de Martínez para impugnar su permanencia en la Lista de Nacionales Especialmente Designados, en la que fue incluido el 1 de diciembre del 2023 por señalamientos de corrupción.
El Departamento del Tesoro lo sancionó por su presunta participación en esquemas de sobornos, irregularidades en contrataciones gubernamentales y pagos relacionados con la adquisición de vacunas rusas Sputnik V durante la pandemia del covid-19.
Según la resolución, Martínez habría utilizado su influencia en el Gobierno de Giammattei para beneficiar a personas cercanas mediante contratos estatales.
La OFAC sostuvo que el exfuncionario se confabuló con otros integrantes del Gobierno guatemalteco para adjudicar contratos a oferentes favorecidos fuera de Guatecompras para evitar procesos de licitación.
También lo señaló de solicitar cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala.
Le podría interesar: Feci pide orden de captura contra Amelia Flores y dice que compra de vacunas Sputnik no era un “megacaso”
Al examinar estos señalamientos, la jueza concluyó que las conductas atribuidas a Martínez proporcionaban una base razonable para considerar que había participado directa o indirectamente en actos de corrupción.
La jueza explicó que revisó las partes públicas y reservadas del expediente administrativo y no encontró elementos que demostraran que la OFAC hubiera actuado de manera arbitraria o caprichosa.
El fallo señala que el expediente contenía abundante información clasificada o sensible para las investigaciones que respaldaba las conclusiones de la agencia estadounidense sobre la conducta del exfuncionario.
También le podría interesar: Amigos de Miguel Martínez, contratos con el Estado y una denuncia por lavado: quiénes son los 13 investigados por el MP
OFAC cuestionó información sobre ingresos y bienes
Otro de los aspectos examinados por la jueza fue la información financiera que Martínez proporcionó durante el procedimiento administrativo con el que buscaba salir de la lista de sancionados.
El expediente revela que la OFAC envió dos cuestionarios durante el 2024 para solicitar detalles sobre sus ingresos, bienes, cuentas bancarias, actividades económicas posteriores a su salida del Gobierno y relaciones con funcionarios guatemaltecos.
También requirió información sobre su participación en la compra de vacunas Sputnik V y posibles investigaciones del Departamento de Justicia y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Martínez sostuvo que había respondido las preguntas financieras y proporcionado información bancaria y la ubicación de sus propiedades.
Sin embargo, la jueza señaló que el expediente administrativo reflejaba una situación diferente.
Según la OFAC, el exfuncionario no proporcionó detalles suficientes sobre sus ingresos y bienes, sus actividades después de dejar el Gobierno, sus planes para mantenerse económicamente ni sus relaciones con funcionarios guatemaltecos.
La agencia también cuestionó que únicamente hubiera entregado declaraciones financieras públicas correspondientes al 2020 y el 2021, sin presentar documentación actualizada que respaldara sus respuestas.
En uno de los documentos citados por la jueza, Martínez afirmó que no mantenía relaciones personales con integrantes de la administración de Giammattei, excepto con el expresidente, y que no recibía apoyo financiero cuya procedencia debiera revelar.
La resolución señala que la OFAC consideró que Martínez no había sido veraz en sus respuestas y que existía un patrón de corrupción pública en Guatemala.
Howell sostuvo que la falta de franqueza del exfuncionario, junto con la ausencia de medidas correctivas y de pruebas de un cambio positivo de conducta, respaldaba razonablemente la decisión de mantener las sanciones.
Investigación en Guatemala no invalidó sanciones
Durante el procedimiento, Martínez también argumentó que había sido investigado y exonerado por una agencia anticorrupción guatemalteca en relación con los señalamientos sobre la compra de vacunas Sputnik V.
Su defensa sostuvo que esa circunstancia debía ser suficiente para justificar su exclusión de la lista SDN.
La OFAC reconoció que Martínez no había sido acusado penalmente y que una investigación guatemalteca relacionada con la adquisición de vacunas había sido desestimada.
EE. UU. explicó que las decisiones de autoridades policiales, fiscales o judiciales de Guatemala, no son concluyentes para determinar la legalidad de las sanciones estadounidenses.
La jueza respaldó ese razonamiento y señaló que los procedimientos, requisitos y estándares de prueba aplicables en otros países pueden ser diferentes de los utilizados para imponer sanciones administrativas en Estados Unidos.
Además, la resolución señala que los argumentos presentados por Martínez sobre las vacunas Sputnik V no refutaban la información clasificada o sensible para las investigaciones que tenía disponible la agencia estadounidense.
Miguel Martínez: de las sanciones al retiro de su apelación
Así avanza el caso de Miguel Martínez ante la justicia estadounidense entre el 2023 y el 2026.
La OFAC incluye a Luis Miguel Martínez Morales en la lista SDN por presuntos actos de corrupción relacionados con contrataciones públicas y sobornos vinculados con la compra de vacunas Sputnik V.
Martínez pide a la OFAC que reconsidere su designación y lo retire de la lista de sancionados.
La agencia solicita detalles sobre bienes, ingresos, actividades económicas y relaciones con funcionarios guatemaltecos.
El exfuncionario acude a una corte federal de Estados Unidos mientras espera una respuesta a su solicitud de reconsideración.
La agencia considera insuficientes los argumentos y documentos aportados para justificar el retiro de las sanciones.
Martínez presenta una demanda modificada para cuestionar su permanencia en la lista SDN y solicitar su exclusión.
La jueza federal Beryl A. Howell concluye que la decisión de la OFAC está respaldada por pruebas sustanciales y que no fue arbitraria ni caprichosa. El fallo no constituye una condena penal.
El exfuncionario recurre el fallo ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.
Según los antecedentes aportados, Martínez desiste del recurso sin que se revoque el fallo de primera instancia. La aceptación del desistimiento requiere verificación con la orden judicial correspondiente.
Martínez cuestionó pruebas reservadas
La defensa también alegó que la OFAC mantenía censurada información del expediente administrativo, lo que le impedía conocer completamente las razones de las sanciones y ejercer su derecho de defensa. Martínez sostuvo que esa situación vulneraba las garantías del debido proceso reconocidas por la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Sin embargo, Howell rechazó el argumento. La jueza señaló que los precedentes judiciales permiten a las autoridades estadounidenses proteger información clasificada, privilegiada o sensible para las investigaciones, especialmente cuando se relaciona con asuntos de seguridad nacional y política exterior.
También determinó que la OFAC había proporcionado al exfuncionario información suficiente sobre los fundamentos de su designación.
¿Qué implica continuar en la lista de sancionados?
La inclusión de Martínez en la lista SDN implica el bloqueo de sus bienes e intereses patrimoniales sujetos a la jurisdicción estadounidense, así como restricciones para efectuar transacciones con ciudadanos, empresas y entidades financieras de Estados Unidos, salvo las excepciones o autorizaciones aplicables.
Las sanciones también pueden afectar sus relaciones con instituciones financieras de otros países, debido a las medidas que estas adoptan para evitar riesgos regulatorios derivados de sus vínculos con el sistema financiero estadounidense.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar este artículo.
Debes iniciar sesión para poder comentar.
Iniciar sesión