Ministerio de Comunicaciones confirma que obras viales para 2026 provienen del gobierno anterior

En el inicio del tercer año de gestión del presidente Bernardo Arévalo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha confirmado que los proyectos viales que se licitarán y ejecutarán durante 2026 corresponden a planes y estudios formulados durante el gobierno anterior, específicamente en los años 2022 y 2023. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la falta de iniciativas propias en materia de infraestructura vial, un sector clave para el desarrollo socioeconómico del país.

Presupuesto y planificación para 2026

El Ministerio de Comunicaciones cuenta para este año con un presupuesto asignado de Q7 mil 411 millones 667 mil 692, luego de un recorte de Q448 millones aprobado en la ampliación presupuestaria por el Congreso. A este monto se suman Q2 mil 102 millones 226 mil destinados al Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip),administrado por la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp) adscrita al CIV. Con ello, el presupuesto total disponible para la cartera de comunicaciones en 2026 asciende a Q9 mil 513 millones 893 mil 692.

Estado actual de los proyectos y licitaciones

Durante una citación ante diputados del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (Vos),el subdirector de la Dirección General de Caminos, Rodrigo Orellana, informó que ya se han convocado licitaciones para diez proyectos de inversión, entre los que destacan el viaducto sobre la ruta CA-1 en Sumpango, Sacatepéquez; la ampliación a cuatro carriles en la ruta Cito Zarco 180 en Retalhuleu; y mejoramientos viales en municipios como San Mateo Ixtatán, Huehuetenango; Casillas, Santa Rosa; San Cristóbal Cucho y Concepción Tutuapa, San Marcos.

Además, existen dos proyectos en fase de preinversión, sin que se hayan especificado detalles adicionales. Sin embargo, Orellana aclaró que todos estos proyectos y sus estudios de planificación y construcción datan de los años 2022 y 2023, es decir, de la administración pasada.

Estos proyectos forman parte de un listado de 30 iniciativas incluidas en la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso, consignadas en el artículo 16 de dicha ampliación, que modifica el artículo 104 del decreto 36-2024 vigente para el presupuesto 2025. Según Orellana, algunos proyectos provienen directamente de ese artículo y otros de estudios en reserva, todos elaborados en la gestión anterior.

Críticas parlamentarias a la falta de proyectos propios

Los diputados han manifestado su preocupación por la falta de proyectos nuevos diseñados por la actual administración. El parlamentario Orlando Blanco, del bloque Vos, señaló que a estas alturas el CIV debería haber adjudicado al menos una obra propia y no continuar ejecutando planes heredados.

"Estos proyectos vienen siendo incluidos desde la aprobación del Decreto 36-2024, que contenía el presupuesto para 2025 y no fueron ejecutados a pesar de contar con fondos. Ahora los vuelven a incluir este año, pero siguen siendo del gobierno de Giammattei", afirmó Blanco.

Metas y desafíos del Plan Operativo Anual 2026

El Plan Operativo Anual 2026 del CIV establece que la Dirección General de Caminos buscará incrementar en un 1 % anual la red vial asfaltada y mantenerla en un 84 % a nivel nacional, con el objetivo de favorecer la integración regional y el crecimiento socioeconómico tanto en áreas urbanas como rurales.

Este plan contempla la construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de carreteras, puentes y caminos rurales, con una meta de 394.50 kilómetros en obras viales y de protección. Además, incluye la atención a 6 mil 920 kilómetros de red vial pavimentada, clasificada en rutas centroamericanas, nacionales y departamentales, y la incorporación de kilómetros construidos por la Dirección General de Caminos.

No obstante, hasta la fecha ninguna de estas obras ha sido adjudicada o está en proceso de ejecución, según denuncias de los congresistas.

Mantenimiento vial aún sin iniciar

El mantenimiento de la red vial es otra de las tareas pendientes. La Unidad de Conservación Vial (Covial) tiene previstos 94 proyectos por un monto de Q1 mil 300 millones para este año, que no han podido arrancar debido a trámites administrativos pendientes ante la Contraloría General de Cuentas.

El director de Covial, Juan José Istupé, había señalado que los trabajos de mantenimiento comenzarían en febrero de 2026, pero aún no hay certeza sobre el inicio. El diputado Blanco calificó esta situación como "inaudita", al recordar que el mantenimiento debería haberse iniciado desde 2024.

Retraso en la construcción del puente Nahualate

Durante la citación, también se abordó el escaso avance en la construcción del puente Nahualate, en Suchitepéquez. Esta obra, a cargo de la Dirección General de Caminos, consiste en un puente paralelo al original, que colapsó en octubre de 2024 debido a daños estructurales ocasionados por la sobrecarga vehicular y la antigüedad.

El costo total del proyecto es de Q49 millones, de los cuales se han pagado cerca de Q7 millones. Según Orellana, la obra tiene un avance del 62 %, aunque diputados expresaron su preocupación por la falta de actividad visible en el sitio durante sus visitas en 2025.

El diputado Blanco advirtió sobre los riesgos de mantener la circulación en el puente original, en mal estado, y responsabilizó al Ministerio de Comunicaciones por posibles accidentes o tragedias derivadas de esta situación.

Conclusiones y perspectivas

El panorama actual evidencia que la administración en curso enfrenta retos significativos para impulsar una agenda propia en materia de infraestructura vial. La dependencia en proyectos heredados limita la capacidad de innovación y respuesta a las necesidades urgentes de Guatemala, especialmente en un contexto donde la red vial es fundamental para el desarrollo económico y social.

El cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Operativo Anual, así como el inicio efectivo de los trabajos de mantenimiento y construcción anunciados, serán indicadores clave para evaluar el desempeño del Ministerio de Comunicaciones en los próximos meses.

Mientras tanto, la presión de sectores parlamentarios y sociales por resultados concretos continúa en aumento, demandando mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la infraestructura vial del país.