
Ministerio de Gobernación detalla expansión del narcomenudeo en Guatemala y uso de tecnología por pandillas
El Ministerio de Gobernación y la PNC explican la creciente expansión del narcomenudeo en Guatemala, destacando el uso de cámaras y distribución móvil por parte de pandillas. Se registran 10 capturas diarias en operativos para combatir este delito.
En Guatemala, el narcomenudeo continúa consolidándose como una actividad criminal que financia estructuras delictivas organizadas, al tiempo que evoluciona en sus métodos operativos y control territorial. Según información proporcionada por autoridades del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC),el promedio de capturas diarias por este delito alcanza las 10 personas, evidenciando la magnitud del problema y la lucha frontal que desarrolla el Estado para combatirlo.
Durante una reciente citación legislativa, autoridades del Ministerio de Gobernación expusieron las complejidades que enfrenta el país ante la expansión del narcomenudeo. El viceministro Víctor Hugo Cruz Reynoso advirtió que este fenómeno no debe ser subestimado ni considerado un delito menor, debido a su estrecha relación con el crimen organizado transnacional y las pandillas, conocidas localmente como maras.
El narcomenudeo como financiamiento del crimen organizado
El viceministro Cruz explicó que el narcomenudeo representa una fuente importante de ingresos para grupos criminales nacionales e internacionales, así como para estructuras terroristas y pandillas que disputan el control territorial en distintas regiones del país.
"El narcomenudeo empieza como un financiamiento no solo de grupos terroristas, que están marcados en una disputa por territorios entre maras, sino también de estructuras criminales transnacionales. Es un fenómeno real y grave que requiere un abordaje integral", afirmó Cruz.
En ese sentido, las autoridades indicaron que, a nivel nacional, principalmente dos pandillas mantienen un control significativo sobre el narcomenudeo: la Mara 18 y la Mara Salvatrucha (MS). Estas organizaciones han diversificado y fortalecido sus operaciones, pasando de ser intermediarios a distribuidores directos, lo que les ha generado mayores ingresos y un control más firme sobre el comercio ilícito de drogas.
Capturas y operativos
Durante el 2026, la Policía Nacional Civil ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el narcomenudeo. Víctor Hugo Cruz detalló que en los primeros meses del año se han realizado más de 1,200 capturas relacionadas con esta actividad ilegal, con un promedio diario aproximado de 10 detenidos. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca desarticular las redes criminales y reducir la incidencia del microtráfico en el país.
Además, el director de la PNC, David Custodio Boteo, puntualizó que el narcomenudeo se desarrolla principalmente a través de puntos de venta establecidos en comercios aparentemente legales, así como mediante sistemas de distribución móvil y a domicilio, lo que dificulta su detección y erradicación.
Uso de tecnología para control territorial
Un aspecto relevante en la expansión del narcomenudeo es la incorporación de tecnología por parte de las estructuras criminales para fortalecer su control sobre los territorios. La PNC ha detectado y desmantelado múltiples redes de cámaras de videovigilancia instaladas por pandillas en diferentes zonas del área metropolitana.
En particular, en la zona 3 capitalina se han retirado más de 20 cámaras vinculadas al narcomenudeo y al control territorial de maras. En lo que va del año, las autoridades han incautado alrededor de 120 cámaras utilizadas para vigilar puntos estratégicos y proteger sus actividades ilícitas.
Estas cámaras permiten a las pandillas monitorear movimientos policiales y rivalidades territoriales, facilitando la distribución y venta de estupefacientes. La desarticulación de estas redes tecnológicas es parte del esfuerzo conjunto entre la PNC y otras instituciones para recuperar el control de las comunidades afectadas.
Estrategias y retos en la lucha contra el narcomenudeo
El director Custodio Boteo indicó que, a pesar de los operativos y cierres temporales de puntos de venta, los inmuebles utilizados para la distribución de drogas suelen ser reocupados rápidamente por las estructuras criminales, lo que representa un desafío para las autoridades.
La Policía ha solicitado el apoyo del Ministerio Público y el Organismo Judicial para agilizar procesos como la extinción de dominio de propiedades involucradas en actividades ilícitas, con el fin de impedir que estas vuelvan a ser utilizadas por narcomenudistas.
Impacto social y reclutamiento de menores
El narcomenudeo también ha extendido su influencia a grupos vulnerables, incluyendo menores de edad y espacios educativos. La PNC ha reportado casos en los que niños intentan involucrarse en la distribución y consumo de drogas, lo que agrava la problemática social y aumenta el riesgo de violencia y criminalidad en comunidades.
Por ejemplo, en el departamento de Jutiapa se registró un incidente donde una menor intentó ingresar dosis de marihuana en una institución educativa. Asimismo, en Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, se reportaron casos de menores vinculados a este tipo de actividades, algunos de ellos víctimas de hechos violentos relacionados con el narcotráfico.
Conclusiones y perspectivas
La expansión del narcomenudeo en Guatemala demuestra la necesidad de implementar estrategias multidisciplinarias que integren el fortalecimiento institucional, la cooperación interinstitucional y el uso de tecnología para combatir eficazmente esta modalidad delictiva.
El compromiso del Ministerio de Gobernación y la PNC es claro: continuar con operativos constantes, incautaciones y desarticulación de redes criminales, así como promover la prevención social para reducir el reclutamiento de jóvenes y menores en estos grupos.
En suma, el fenómeno del narcomenudeo en Guatemala no solo representa un desafío de seguridad pública, sino también un problema social que requiere la atención conjunta de autoridades, sociedad civil y organismos internacionales para generar un impacto sostenido en la reducción de la criminalidad y la protección de las comunidades.
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