Ministerio Público limita cargos contra supuesto pandillero pese a evidencia digital en ataques a la PNC

El Ministerio Público (MP) solicitó ligar a proceso penal únicamente por delitos relacionados con portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción a Harol Yeraldo Salguero Morales, alias “Liro Rebelde”, presunto integrante de la pandilla Barrio 18, a pesar de que durante su captura en flagrancia se incautó un teléfono celular que contenía audios y videos en los que se le vincula con la planificación y ejecución de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

En la audiencia de primera declaración, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas presentó como indicios audios donde Salguero Morales conversa con otros individuos sobre la organización de un ataque ocurrido en Bárcenas, Villa Nueva. Además, en el mismo dispositivo se encontraron videos que, según las autoridades fiscales, refuerzan la hipótesis de su participación en hechos delictivos contra la PNC.

Pese a la existencia de esta evidencia digital, el MP decidió no solicitar el procesamiento penal por los ataques armados que han cobrado la vida de nueve agentes policiales en días recientes. En cambio, la Fiscalía se limitó a pedir que se le ligara a proceso por los delitos de portación ilegal de arma y promoción y fomento a la drogadicción, que derivaron de la captura en flagrancia.

El juez que conoció del caso acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó que Salguero Morales enfrente proceso únicamente por estos cargos, dictando prisión preventiva y su traslado al centro preventivo para hombres ubicado en la zona 18 capitalina.

Contexto de los ataques y la incautación

Las autoridades indicaron que los ataques contra agentes de la PNC fueron en represalia por el control retomado en tres cárceles del país, tras motines violentos registrados el sábado anterior. Entre las víctimas mortales se encuentran nueve policías identificados como José Efraín Revolorio, Luis Zetino Pérez, Iván López García, Giovanni Darío Tecún, Claudia Muñoz Ramos, Samuel Matul Obispo, Fernando Batres Ordóñez, Diana Chávez Alarcón y William Medrano Pernillo.

Tras esta escalada de violencia, el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, decretó estado de sitio por 30 días. Esta medida habilita a las fuerzas de seguridad para realizar capturas sin orden judicial con el fin de contener la violencia.

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, explicó que durante uno de los allanamientos se incautó un teléfono celular que contenía "la planificación operativa de uno de los hechos" delictivos contra agentes policiales, haciendo referencia a la evidencia digital encontrada en poder de Salguero Morales.

Estado actual de la investigación

El Ministerio Público informó que la investigación continúa en curso y que aún se encuentran analizando la evidencia digital para determinar si existen elementos suficientes para imputar nuevos cargos relacionados con los ataques contra la PNC. La Fiscalía tiene un plazo de tres meses para ampliar el análisis y presentar nuevas acusaciones si procede.

En un comunicado oficial, el MP señaló que la audiencia de primera declaración fue la fase inicial del proceso penal y que la decisión de ligar a proceso a Salguero Morales por portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción no implica la exoneración o declaración de inocencia respecto a otros posibles delitos en investigación.

"Durante la diligencia fue el Ministerio Público quien puso a la vista del juez diversos indicios recabados en la investigación preliminar, entre ellos algunos videos y audios en los que se presume que el sindicado habría coordinado con otros individuos la comisión de hechos delictivos que también están bajo investigación. En este punto es importante resaltar que el proceso penal se encuentra en sus primeras fases y que el resultado obtenido hoy no exonera, inculpa ni declara la inocencia del sindicado respecto de la posible comisión de otros delitos", indicó la Fiscalía.

Implicaciones para la seguridad en Guatemala

Este caso se inscribe en un contexto de alta violencia criminal en Guatemala, particularmente vinculada a las pandillas que mantienen enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y entre sí. La captura de Salguero Morales, quien además cuenta con el rango de "ranflero" dentro de la estructura del Barrio 18, evidencia la complejidad del combate al crimen organizado en el país.

La limitación de cargos imputados en esta primera etapa, pese a la existencia de evidencia digital que podría implicarlo en ataques mortales a policías, ha generado preocupación respecto a la efectividad y alcance de los procesos judiciales en casos de alto impacto para la seguridad ciudadana.

El MP reafirma su compromiso de continuar con las diligencias de investigación para esclarecer completamente la participación de los implicados y garantizar que se haga justicia conforme a la ley.

Reacciones oficiales

Las autoridades de la PNC y del MP han reiterado la importancia de la cooperación interinstitucional para enfrentar la violencia y aseguran que no escatimarán recursos para lograr la captura y procesamiento de los responsables de ataques a la institucionalidad y a la población guatemalteca.

Mientras tanto, la ciudadanía permanece atenta a los avances en esta investigación, que refleja los retos que enfrenta el sistema de justicia en Guatemala para hacer frente a la criminalidad organizada y garantizar la seguridad pública.