Ministerio Público realiza allanamientos en elecciones del CANG para magistrados de la CC

El 12 de febrero de 2026, durante la segunda vuelta electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para seleccionar a la magistratura titular y suplente que representará al gremio en la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, el Ministerio Público (MP) ejecutó allanamientos en los centros de votación. Estas acciones ocurrieron en medio de un proceso electoral marcado por la intervención de autoridades judiciales y policiales.

Contexto y relevancia de la elección

El CANG llevó a cabo la segunda vuelta de su proceso electoral para designar a la magistratura que participará en la CC, órgano clave para la interpretación constitucional y el equilibrio democrático en Guatemala. La magistratura titular se disputó entre Astrid Lemus, representante de Unidad x la Democracia, y Estuardo Gálvez, candidato de la Plataforma de Profesionales por la Justicia en alianza con Avanza.

Dada la importancia del cargo y su influencia en el sistema judicial guatemalteco, la jornada electoral atrajo especial atención, no solo del gremio sino también de las autoridades encargadas de garantizar la legalidad del proceso.

Intervención del Ministerio Público

Alrededor de la 1 de la tarde, la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, acompañada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del MP, ingresó a los centros de votación ubicados en el Club de Oficiales La Aurora, zona 13, y el Parque Erick Barrondo, zona 7. Algunos miembros del MP portaban armas y cubrían su rostro durante las diligencias, que fueron autorizadas por el juez Sergio René Mena Samayoa, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

La fiscal solicitó a los medios de comunicación retirarse de los recintos para preservar la reserva del proceso, y explicó que el allanamiento responde a denuncias sobre presuntos hechos ilícitos durante la votación, aunque no brindó detalles específicos sobre la naturaleza o cantidad de dichas denuncias.

Asimismo, aseguró que no se procederá al secuestro de boletas electorales y confirmó que el proceso electoral no se interrumpiría, enfatizando que la presencia del MP tiene como finalidad velar por el cumplimiento estricto de la ley.

Alcance y autorización judicial

El juez Mena autorizó al MP a realizar una serie de diligencias específicas durante el desarrollo de las elecciones. Entre estas se incluye la revisión del padrón electoral físico y original, con el propósito de verificar que solo personas autorizadas ejercieran el voto, en cumplimiento de un amparo vigente.

Además, el Ministerio Público pudo acceder al kárdex de abogados y notarios colegiados activos, incluyendo la obtención de copias digitales de dicha documentación. También se autorizó la permanencia en el centro de monitoreo de cámaras para observar en tiempo real el desarrollo del proceso y sus alrededores.

Otra medida contemplada fue el registro de dispositivos móviles de personas que tomaran fotografías de sus boletas, con el fin de preservar la integridad y confidencialidad del proceso electoral.

La autorización del juez estableció que las diligencias podrían desarrollarse únicamente el 12 de febrero, en el horario comprendido entre las 8:00 y las 18:00 horas.

Reacciones y repercusiones

La intervención del Ministerio Público generó expectativa y diversas opiniones entre los agremiados y la opinión pública. La relevancia del cargo para la Corte de Constitucionalidad y las implicaciones para el sistema democrático guatemalteco aumentaron la atención sobre el proceso y la transparencia de las elecciones.

Si bien el MP mantuvo reserva sobre los detalles de las investigaciones y denuncias que motivaron el allanamiento, su presencia subraya la importancia de garantizar procesos electorales limpios y legales en instituciones fundamentales para el país.

Importancia del proceso y contexto nacional

La Corte de Constitucionalidad juega un papel central en la interpretación de la Constitución Política de Guatemala y en la resolución de conflictos legales que afectan el orden constitucional. Por ello, la designación de sus magistrados es un proceso de alto impacto político y jurídico.

En este sentido, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, como entidad que agrupa a los profesionales del derecho, tiene la responsabilidad de elegir a representantes calificados e íntegros para la CC. La transparencia y legalidad de este proceso son fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones y el estado de derecho.

Conclusión

Los allanamientos realizados por el Ministerio Público durante la segunda vuelta de las elecciones del CANG, autorizados por el juez de primera instancia, responden a denuncias sobre posibles irregularidades en un proceso electoral de alta importancia para Guatemala. Las diligencias buscan asegurar que el procedimiento se desarrolle conforme a la ley, manteniendo la integridad de la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad.

Este hecho resalta la necesidad de vigilancia y control en procesos electorales clave para la justicia y la democracia en Guatemala, y pone de manifiesto el compromiso de las autoridades en la lucha contra posibles actos ilícitos que puedan afectar la legitimidad de órganos fundamentales del Estado.