Mintrab negocia con la OIT los estudios para analizar las pensiones y jubilaciones del sector público

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) avanza en la fase preparatoria de los estudios actuariales que medirán la sostenibilidad financiera de los principales sistemas de pensiones y jubilaciones del sector público, aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio de los análisis ni para la presentación de sus resultados.

Como parte de la implementación del artículo 51 del Decreto 3-2026, la cartera informó a Prensa Libre que ya emitió el Acuerdo Ministerial 179-2026, el cual establece los lineamientos técnicos para la elaboración de los estudios, uno de los primeros pasos contemplados en la normativa, aunque no detalla la duración o la fecha para presentar los resultados.

Además, el Ministerio indicó que ha sostenido reuniones de coordinación con la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Instituto de Previsión Militar (IPM), el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y el Ministerio de Finanzas Públicas.

Según explicó la cartera, estos acercamientos buscan presentar los objetivos del Fondo para Estudios Actuariales y avanzar en la suscripción de convenios para el intercambio de información que servirá de base para los análisis.

Negociaciones con la OIT continúan

El Mintrab también confirmó que mantiene coordinaciones técnicas con especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para concretar un convenio que permita desarrollar los estudios actuariales.

“Estas acciones de coordinación con las instituciones del Estado y con la OIT se han realizado en el marco del artículo 51 del Decreto 3-2026”, respondió la institución a consultas de Prensa Libre sobre el avance de la implementación de la normativa aprobada por el Congreso.

No obstante, la cartera no precisó cuándo se firmará el convenio con la OIT, ni presentó un cronograma para el inicio de los estudios o la publicación de los primeros resultados.

¿Qué establece el artículo 51?

El artículo 51 del Decreto 3-2026 del Congreso de la República ordenó la creación del Fondo para Estudios Actuariales de los Sistemas y Fondos Previsionales del Sector Público, con una asignación de Q10 millones, financiados con ingresos corrientes del Estado y administrados por el Ministerio de Trabajo.

El propósito del fondo es financiar la elaboración, actualización y seguimiento de estudios actuariales que permitan conocer la situación financiera y la sostenibilidad de los distintos regímenes de pensiones del sector público.

La ley establece que los análisis deberán abarcar, como mínimo, los siguientes sistemas:

• Clases Pasivas del Estado
• Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del IGSS
• Instituto de Previsión Militar (IPM)
• Plan de Prestaciones del Empleado Municipal
• Otros fondos de pensiones administrados por entidades del sector público

Asimismo, los estudios deberán proyectar el comportamiento de estos regímenes durante un período mínimo de 50 años, incorporando variables demográficas y financieras como el número de afiliados y pensionados, las tasas de cotización, las edades de retiro, la esperanza de vida y distintos escenarios de sostenibilidad.

Además, deberán incluir recomendaciones para fortalecer los sistemas previsionales, estimar sus impactos fiscales y proponer posibles fuentes de financiamiento cuando sea necesario.

Los estudios servirán de base para futuras reformas

Aunque el artículo 51 no modifica las condiciones actuales de jubilación ni los beneficios de los pensionados, sí establece que los resultados de los estudios actuariales servirán como base para elaborar el “Plan para el fortalecimiento institucional y ordenamiento financiero de los sistemas y fondos previsionales del sector público”, el cual deberá remitirse al Congreso de la República.

Por ahora, la implementación se mantiene en una etapa de coordinación institucional y preparación técnica. El Ministerio de Trabajo continúa, según informó el Departamento de Comunicación, recopilando información y negociando el convenio con la OIT, mientras permanece pendiente la definición de un calendario para iniciar los estudios y dar a conocer sus conclusiones.