MP efectúa diligencias en la Dirección General de la PNC por la captura de los hermanos Choc Toz

El Ministerio Público (MP) efectuó este jueves 22 de octubre una diligencia de inspección en la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), relacionada con la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, a quienes agentes policiales señalaron como sospechosos de la muerte del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

De acuerdo con la información obtenida, los fiscales inspeccionaron la autopatrulla identificada con el número GUA 13190, que habría sido utilizada el 17 de octubre para trasladar a los hermanos Choc Toz, después de su detención.

Durante la diligencia, los fiscales revisaron el interior, el exterior y la bahía del motor del vehículo policial.

Hasta el momento se desconoce si el MP incautó la autopatrulla, así como los resultados de la inspección y si las diligencias permitirán esclarecer las circunstancias en las que fueron detenidos los hermanos.

La captura de Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz ocurrió el 17 de octubre, después del ataque armado en el que murieron Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, en una cancha del Campo Marte, zona 5 de la capital.

Los hermanos fueron presentados por la PNC como sospechosos de haber participado en el hecho. Sin embargo, posteriormente un juez dictó falta de mérito a su favor.

Defensa cuestiona procedimiento policial

La inspección del MP se conoce después de que la defensa de los hermanos Choc Toz cuestionara las circunstancias de su captura y la procedencia de un arma que, según el reporte policial, fue localizada entre sus pertenencias.

El abogado Karlos de León, representante legal de los hermanos, sostiene que sus patrocinados fueron señalados injustamente y que la actuación policial afectó su dignidad y su imagen pública.

De León también cuestionó el origen del arma reportada por la Policía y afirmó que esta habría sido colocada entre las pertenencias de los detenidos, extremo que deberá ser esclarecido por las autoridades.

El abogado exigió al Estado de Guatemala una disculpa pública y un resarcimiento por los daños que, según afirmó, ocasionó la detención. Para ello, dio un plazo de 48 horas y advirtió de que, si las autoridades no responden, presentará una demanda contra el Estado.

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