MP inmoviliza cinco fincas vinculadas a empresas del exbanquero Francisco Alvarado MacDonald

El Ministerio Público (MP) informó este martes 12 de mayo de 2026 sobre la inmovilización de cinco fincas vinculadas a empresas relacionadas con familiares y allegados del exbanquero Francisco Alvarado MacDonald. Esta acción forma parte de las investigaciones por el desfalco en los bancos Promotor y Metropolitano, entidades financieras que fueron intervenidas y posteriormente cerradas debido a irregularidades financieras y problemas de solvencia.

Las medidas cautelares, decretadas por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, fueron solicitadas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía de Extinción de Dominio. El objetivo es asegurar la conservación de los activos vinculados para evitar su disposición mientras avanzan las pesquisas y se determina el estatus jurídico definitivo de los bienes conforme al artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio.

Contexto del caso y vinculación de las propiedades

Las fincas aseguradas pertenecen a distintas empresas que, según la investigación, habrían sido utilizadas para desviar fondos mediante la simulación de créditos con el propósito de ocultar bienes a la Junta de Exclusión, entidad designada para liquidar los bancos Promotor y Metropolitano. Este entramado financiero estaría ligado directamente a Francisco Alvarado MacDonald, señalado por el delito de estafa mediante informes contables.

La acción del MP se enmarca dentro del denominado caso “bancos gemelos”, que hace referencia a las entidades financieras Promotor y Metropolitano, ambas propiedad de Alvarado MacDonald y conocidas por su relación con el expresidente Alfonso Portillo.

Antecedentes históricos y financieros

En 2001, el Banco de Guatemala (Banguat) realizó una inyección millonaria de aproximadamente Q1 mil 814 millones a los bancos Promotor y Metropolitano para enfrentar problemas de iliquidez que evidenciaban su insolvencia. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que parte de estos recursos fueron trasladados a empresas vinculadas a Alvarado MacDonald, lo que agravó la situación financiera y contribuyó a la eventual intervención de ambas entidades.

El Banco Promotor fue intervenido el 1 de marzo de 2001, momento en el que se estimaba que mantenía una deuda con el banco central cercana a los Q749.1 millones. Ese mismo día, el Banco Metropolitano también fue intervenido, reportando una deuda de aproximadamente Q795.2 millones. Las pesquisas indican que ambas instituciones otorgaban créditos a empresas relacionadas con Alvarado MacDonald, lo que generó un esquema de movimientos financieros irregulares y pérdida patrimonial para el Estado guatemalteco.

Implicaciones legales y proceso de extinción de dominio

El aseguramiento de las fincas se realiza en el marco legal de la Ley de Extinción de Dominio, cuyo propósito es recuperar activos producto de actividades ilícitas, garantizando que estos no sean dilapidados ni transferidos mientras se esclarecen los hechos. La Fiscalía contra el Crimen Organizado coordina las diligencias con la Fiscalía de Extinción de Dominio para robustecer el proceso investigativo y judicial.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo mayor por parte del MP para combatir la corrupción y el lavado de activos en Guatemala, especialmente en casos de gran impacto económico y social como el desfalco en los bancos Promotor y Metropolitano, cuya caída afectó la estabilidad financiera y la confianza en el sistema bancario nacional.

Relevancia para el sistema financiero guatemalteco

El caso de los bancos gemelos es uno de los más emblemáticos en la historia financiera de Guatemala, tanto por el monto de recursos públicos involucrados como por las implicaciones políticas y jurídicas que ha tenido a lo largo de los años. La intervención del MP y la aplicación de medidas cautelares contra bienes vinculados a los responsables reflejan la continuidad de las investigaciones y el compromiso institucional para hacer justicia y recuperar los activos desviados.

Estas acciones también buscan enviar un mensaje claro sobre la impunidad en casos relacionados con la corrupción financiera y la gestión irregular de entidades bancarias, contribuyendo a fortalecer la transparencia y la supervisión dentro del sistema financiero guatemalteco.

Próximos pasos y seguimiento

El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer la participación de los implicados y el origen de los recursos desviados. La inmovilización de las fincas es una medida preventiva que asegurará que estos bienes permanezcan disponibles para eventuales procesos de extinción de dominio o reparación económica.

De igual manera, el caso mantiene una alta expectativa pública y mediática, dado el impacto que tuvo en la economía nacional y la relevancia de los actores involucrados. Las autoridades judiciales seguirán evaluando las pruebas y avanzando en la consolidación del expediente para lograr la resolución definitiva del caso.

La sociedad guatemalteca permanece atenta a los resultados de estas investigaciones, que representan un paso fundamental en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos públicos en beneficio del país.