MP solicita 20 años de prisión para exviceministro Carlos García Rubio por muerte de Hansel Szarata

MP solicita 20 años de prisión para exviceministro Carlos García Rubio por muerte de Hansel Szarata

El Ministerio Público solicitó 20 años de prisión para el exviceministro Carlos García Rubio por el homicidio de Hansel Szarata, durante audiencia desarrollada en marzo de 2026.

6 marzo 2026
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El Ministerio Público (MP) presentó este viernes 6 de marzo sus conclusiones en el juicio contra Carlos García Rubio, exviceministro de Gobernación, acusado por la muerte de Hansel Szarata, ocurrida el 5 de abril de 2025 en la Ciudad de Guatemala.

Durante la audiencia desarrollada en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, el MP solicitó al juez una condena de 20 años de prisión inconmutables para García Rubio, bajo la figura del delito de homicidio. La petición se fundamenta en la valoración de las pruebas presentadas en la sala de debates, que, según la Fiscalía, son útiles, pertinentes y contribuyen al esclarecimiento de lo sucedido.

Argumentos del Ministerio Público y querella

El ente investigador sostuvo que el conjunto probatorio demuestra que la muerte de Szarata fue violenta y que García Rubio está vinculado al hecho que provocó el fallecimiento. En ese sentido, el MP enfatizó que las evidencias encuadran en el delito de homicidio, por lo que solicitan la máxima pena estipulada.

Por su parte, Daniel Hernández, representante legal de la familia de la víctima y querellante en el proceso, pidió una condena de 15 años de prisión inconmutables contra el exfuncionario. Hernández reconoció que el caso presenta ciertas complejidades, pero aseguró que la trayectoria de la bala coincide con la posición de García Rubio al momento del disparo que causó la muerte.

Defensa cuestiona pruebas del MP

En tanto, la defensa de Carlos García Rubio, a cargo de la abogada Esther Guerrero, presentó sus conclusiones haciendo énfasis en la insuficiencia de las pruebas para determinar responsabilidad penal. Guerrero argumentó que el Ministerio Público no ha establecido con certeza qué tipo de arma o proyectil causó la muerte de Szarata, lo que genera dudas razonables sobre la acusación.

La defensa insistió en que no se ha definido el arma homicida, ni se ha acreditado de manera concluyente la participación directa de García Rubio en el hecho. Por lo tanto, solicitó al tribunal valorar estas inconsistencias y considerar la absolución del acusado.

Contexto del caso y desarrollo del proceso judicial

La madrugada del 5 de abril de 2025, Hansel Szarata, extrabajador del Congreso de la República, perdió la vida tras recibir un disparo durante una reunión social en una zona exclusiva de la Ciudad de Guatemala. El evento comenzó como una celebración con música y bebidas, pero terminó en tragedia.

Desde entonces, el proceso judicial ha implicado la recopilación y análisis de diversas pruebas, testimonios y reconstrucciones de los hechos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar responsabilidades.

Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía y la defensa han presentado múltiples evidencias técnicas y periciales que buscan sustentar sus respectivas posiciones. La audiencia de conclusiones representa uno de los momentos clave antes de que el tribunal emita una sentencia definitiva.

Relevancia para el sistema judicial guatemalteco

Este caso ha generado atención en la opinión pública debido a la participación de un exfuncionario de alto rango y las implicaciones en términos de justicia y rendición de cuentas. Además, refleja los desafíos que enfrenta el sistema judicial en Guatemala para procesar delitos complejos y garantizar procesos transparentes y justos.

El proceso continúa en seguimiento por las autoridades, y se espera que en próximas fechas el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal emita el fallo correspondiente, tomando en cuenta los argumentos y pruebas presentados por ambas partes.

El caso de Hansel Szarata representa un llamado para reforzar la investigación y sanción de hechos violentos en el país, así como para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.

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