Nueva fase de la Ley de Competencia genera dudas sobre capacidad operativa de la Sicom

A menos de dos meses de que entre en vigor la segunda fase de la Ley de Competencia, que incluye facultades de investigación, control de concentraciones económicas y sanciones por prácticas anticompetitivas, persisten dudas sobre si la Superintendencia de Competencia (Sicom) estará preparada para asumir estas funciones.

El 9 de diciembre del 2026 entrará en vigor la fase sustantiva de la ley, que faculta a la institución para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, así como analizar y autorizar procesos de concentración económica, entre ellos fusiones y adquisiciones de empresas en Guatemala.

Sin embargo, la institución aún no completa su estructura operativa, registra una baja ejecución presupuestaria y enfrenta desacuerdos internos por el procedimiento utilizado para elegir al nuevo superintendente.

Tras la renuncia del primer funcionario electo para ese cargo, Jorge Miguel Castillo, en marzo último, el Directorio de la Sicom inició en agosto un proceso de selección que concluyó el 9 de octubre con la designación, por mayoría de votos, de Carlos Federico Ortiz Ortiz, quien deberá completar el período que finaliza en el 2031.

Durante una citación efectuada este lunes 12 de octubre por el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), se confirmó que Ortiz ya asumió sus funciones.

La información fue proporcionada por Tomás Xoyón Acán, quien ejerció como superintendente interino desde agosto y continuará en su cargo como intendente de Gestión Administrativa y Financiera.

Persisten desacuerdos por la elección

Durante la citación, Edgar Guzmán, director titular de la Sicom, reiteró sus cuestionamientos al procedimiento utilizado para elegir al nuevo superintendente.

Según Guzmán, no existe un convenio vigente que respalde la evaluación de conocimientos sobre competencia efectuada por el Centro de Competencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez, de Chile.

También señaló que la elección no figuraba en la convocatoria original de la sesión del viernes 9 de octubre, sino que fue incorporada ese día en el apartado de puntos varios. Además, cuestionó la falta de deliberación previa y el corto tiempo destinado a la votación.

Javier Bauer, presidente del Directorio de la Sicom, y Jorge Mario González, director titular, rechazaron esos señalamientos y explicaron que el proceso se desarrolló durante dos meses, período en el que se analizaron los perfiles de los aspirantes en varias ocasiones.

Bauer detalló que inicialmente participaron 39 candidatos, cifra que posteriormente se redujo a 33, quienes fueron sometidos a distintas evaluaciones.

Aunque la Ley de Competencia no exige un examen de conocimientos, el Directorio decidió incorporarlo para mantener estándares internacionales, por lo que recurrió al CeCo de la Universidad Adolfo Ibáñez.

El presidente del Directorio sostuvo que el cronograma contemplaba que, una vez integrada la nómina de seis candidatos, correspondía celebrar las sesiones para efectuar la elección.

Agregó en declaraciones que el artículo 50 de la ley faculta al Directorio para establecer el procedimiento de elección y que la designación se efectuó con el voto favorable de dos de los tres directores titulares.

Según Bauer, con el nombramiento se cumplió la responsabilidad de contar con un jefe administrativo, jefe de investigación y representante legal antes del 9 de diciembre, para avanzar en la consolidación institucional.

“Es normal en los órganos colegiados que existan diferencias de criterios. Ojalá que se quedaran dentro del órgano colegiado y no se politizaran”, expresó Bauer.

Convenio para evaluación de aspirantes

Respecto los señalamientos de la falta de un convenio para efectuar la evaluación, Bauer, manifestó el tema de las universidades para la evaluación se había conocido en dos sesiones del directorio, y la cual finalmente efectuó la Universidad Adolfo Ibáñez, de Chile. Explicó que el apoyo se gestionó por medio de una carta de cooperación de la Unión Europea y que Guatemala cuenta con instrumentos de cooperación en temas de competencia los cuales permiten recibir este tipo de asistencia internacional.

González, explicó que el anterior superintendente había preparado un borrador del convenio de cooperación con el Centro de Comercio Internacional (ITC), que contaba con dictamen favorable desde marzo de este año, pero que no había sido firmado.

Agregó que ahora el intendente de Gestión Administrativa y Financiera deberá gestionar el apoyo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) para establecer los parámetros del convenio.

Mientras tanto, Xoyón, indicó que la cooperación no incluía la elección del superintendente pero que solicitaron al ITC los mecanismos correspondientes, y que aún no habían recibido respuesta.

Según los funcionarios, las gestiones con Segeplan permitirán regularizar el procedimiento conforme a lo establecido en la ley, pero diputado Chic, señaló que esta situación podría dar lugar a una denuncia por presunto fraude de ley.

Posibles impugnaciones

Guzmán explicó que la Ley de lo Contencioso Administrativo establece un plazo de cinco días para presentar un recurso de reposición contra resoluciones administrativas, mientras que la legislación en materia de amparo contempla un plazo de 30 días. El director titular indicó que analizará si presenta alguna acción legal contra la elección.

Consultado sobre amparos o impugnaciones presentados, Bauer, explicó que durante el proceso se interpusieron dos amparos contra la resolución que dio inicio a la elección del nuevo superintendente.

Estos fueron promovidos por Juan Carlos Rodil Quintana y Byron Enrique Ochoa Paredes, quienes integraron la nómina de candidatos en el proceso de elección del primer superintendente. Además, Rodil Quintana presentó un recurso de reposición.

Por otra parte, Bauer indicó la noche del lunes 12 de octubre que, hasta ese momento, la institución no había sido notificada de ninguna acción legal contra la votación del 9 de octubre, en la que fue designado Ortiz como superintendente.

Cuestionan avances en la organización

Otro de los señalamientos de Guzmán se refiere al posible incumplimiento del artículo 116 de la Ley de Competencia.

Según su interpretación, esa disposición establece que, dentro del año siguiente a la elección del primer superintendente, deben evaluarse, establecerse e implementarse los sistemas y procedimientos necesarios para el funcionamiento de la institución.

Guzmán considera que ese plazo vence este lunes 12 de octubre, debido a que el primer superintendente fue electo y tomó posesión el 13 de octubre del 2025.

Entre los aspectos pendientes mencionó la integración de las intendencias de Investigación, de Promoción de la Competencia y de Estudios Económicos, que son los Órganos Sustantivos de la institución, y cuyos titulares aún no han sido nombrados.

La única intendencia con titular designado es la de Gestión Administrativa y Financiera, a cargo de Tomás Xoyón Acán, según lo que se deriva de lo expuesto por Guzmán y luego ampliado en declaraciones.

Guzmán advirtió durante la citación que las dificultades operativas podrían afectar funciones como el análisis de concentraciones económicas y la atención de denuncias por posibles prácticas anticompetitivas. Según explicó, existe el riesgo de que algunos procedimientos avancen por silencio administrativo o sin un análisis adecuado de sus efectos sobre la competencia. A su criterio, estas deficiencias podrían convenir a intereses particulares y debilitar la capacidad de la institución para cumplir sus funciones.

Según información divulgada a inicios de octubre, la Sicom ya cuenta con funcionarios en su estructura administrativa, entre ellos los directores Administrativo, de Asuntos Jurídicos y de Recursos Humanos y Carrera Administrativa, así como el jefe de Reclutamiento y Admisión de Personal. En ese momento continuaban los procesos para ocupar los puestos de auditor interno, jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública, jefe de Inventarios y jefe de Adquisiciones. Entre los próximos pasos se contemplaba la contratación de los intendentes pendientes.

Presupuesto registra baja ejecución

La ejecución presupuestaria es otro de los aspectos que generan dudas sobre la capacidad operativa de la institución.

Durante la citación, el diputado José Chic cuestionó a las autoridades sobre el uso de los recursos asignados a la Sicom.

Xoyón Acán, intendente de Gestión Administrativa y Financiera, informó que la entidad dispone de un presupuesto de Q45 millones para el 2026, de los cuales ha devengado aproximadamente Q8.2 millones (que correspondería a alrededor de 18.2%.

Los recursos utilizados se han destinado principalmente al pago de salarios y obligaciones patronales, entre estas, alrededor de Q588 mil correspondientes a la cuota patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), agregó Xoyón.

La institución tampoco ha efectuado desembolsos por el arrendamiento de oficinas, debido a que continúa utilizando instalaciones financiadas por el Ministerio de Economía (Mineco).

Xoyón explicó que, antes de contratar un inmueble, era necesario cumplir varios procedimientos legales y administrativos, incluida la incorporación de la entidad al sistema Guatecompras.

Actualmente se analizan tres opciones para establecer las oficinas de la Sicom en los edificios Atlantis, Etisa y Reforma 10. El costo estimado del arrendamiento oscila entre US$12 mil y US$15 mil mensuales.

La institución cuenta actualmente con 17 personas: seis integrantes del Directorio (tres titulares y tres suplentes), el nuevo superintendente y 10 trabajadores del área operativa.

Con este panorama, la Sicom deberá avanzar en la integración de su estructura técnica y administrativa antes del 9 de diciembre, cuando comenzará a ejercer las facultades de investigación, control de concentraciones económicas y sanción establecidas en la Ley de Competencia.

Con información de Óscar Vásquez y Sandy Pineda.