Nuevo amparo ante la CC por cambios en la tabla de gradación en el proceso para Fiscal General

Nuevo amparo ante la CC por cambios en la tabla de gradación en el proceso para Fiscal General

Un nuevo amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad busca anular cambios recientes en la tabla de gradación para candidatos a Fiscal General y repetir etapas del proceso de postulación debido a falta de certeza jurídica.

2 marzo 2026
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El proceso de selección para Fiscal General en Guatemala enfrenta una nueva impugnación legal debido a modificaciones recientes en la tabla de gradación utilizada por la Comisión de Postulación para evaluar a los aspirantes. Un amparo ingresado a la Corte de Constitucionalidad (CC) el 1 de marzo de 2026 cuestiona la validez de estos cambios y solicita que se repitan etapas ya concluidas, como la recepción de expedientes y la evaluación de méritos profesionales.

Antecedentes del proceso y origen del amparo

La Comisión de Postulación, encargada de elaborar la nómina de candidatos para Fiscal General, acordó originalmente una tabla de gradación que ponderaba la experiencia profesional a partir del año 11 de ejercicio, asignando dos puntos por cada año trabajado desde esa fecha. Esta fórmula fue cuestionada por abogados y organizaciones sociales, quienes advirtieron que favorecía a profesionales con mayor edad, dificultando que abogados con menos años de experiencia pudieran alcanzar una nota competitiva.

En sesiones recientes, la comisión modificó esta tabla tras analizar diversas impugnaciones y sugerencias, entre ellas la propuesta del comisionado Luis Roberto Aragón Solé, decano de la Universidad San Pablo, quien planteó revisar la forma en que se calculaban los puntajes. La reforma fue aprobada con 12 votos a favor, mientras que tres comisionados se opusieron o se ausentaron.

Ante estos cambios, el abogado Diego Sagastume Vidaurre presentó un nuevo amparo en la CC, argumentando que la modificación genera "falta de certeza jurídica" y que se deben repetir la elaboración de la tabla de gradación, la recepción de expedientes y la depuración de aspirantes para garantizar un proceso transparente y equitativo.

Argumentos y objetivos del amparo

El amparo solicita que la Comisión de Postulación regrese al estado del proceso previo a la sesión del 11 de febrero de 2026, cuando se aprobó inicialmente la tabla de gradación. Según la petición, la reciente alteración en la tabla podría permitir que nuevos aspirantes ingresen al proceso, quienes no presentaron expedientes inicialmente debido a las condiciones originales de evaluación.

Se plantea que si la experiencia profesional se comienza a evaluar desde el año uno, en lugar del año 11, se amplía el margen para considerar un mayor número de abogados, lo que implica la necesidad de repetir al menos la fase de convocatoria y recepción de documentos.

Impacto en el proceso para Fiscal General

El proceso para elegir al Fiscal General es de gran importancia para el sistema judicial guatemalteco, ya que este funcionario tiene un rol clave en la investigación y persecución del delito, además de ser una figura central en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.

El actual proceso ha estado marcado por múltiples impugnaciones y cuestionamientos desde diferentes sectores, incluyendo observaciones internacionales sobre posibles desajustes en la evaluación de candidatos y críticas hacia la forma en que se han priorizado ciertos criterios, como la antigüedad.

La tabla de gradación es una herramienta fundamental para medir méritos académicos, profesionales y éticos de los aspirantes, y cualquier cambio en ella puede influir decisivamente en quiénes integran la nómina final de candidatos. Por ello, garantizar la certeza jurídica y la transparencia en su aplicación es prioritario para evitar conflictos legales y garantizar la legitimidad del proceso.

Reacciones y próximos pasos

El amparo ha generado reacciones encontradas dentro de la Comisión de Postulación. La presidenta de la comisión y magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, junto a otros miembros, se opusieron a la modificación original de la tabla, argumentando la necesidad de mantener criterios claros y estables durante el proceso.

Para atender las impugnaciones, la comisión conformó un grupo integrado por la presidenta, secretarios y decanos de universidades reconocidas para elaborar informes que respondan a las solicitudes derivadas de amparos o reclamos.

El futuro inmediato del proceso dependerá de la resolución que emita la Corte de Constitucionalidad respecto al amparo presentado. De ser aprobado, podría implicar la repetición de etapas y un retraso en la selección definitiva del Fiscal General, situación que podría afectar la institucionalidad y la percepción pública sobre la independencia y transparencia del Ministerio Público.

Contexto nacional

Guatemala ha enfrentado en los últimos años múltiples desafíos en materia de justicia y combate a la corrupción, con el Ministerio Público jugando un papel protagónico. Procesos de selección de altos funcionarios judiciales y fiscales han estado en el centro de debates públicos y legales, con énfasis en garantizar procesos imparciales y basados en el mérito.

La disputa en torno a la tabla de gradación refleja las tensiones entre distintos sectores sociales y políticos, así como la importancia de contar con mecanismos que aseguren una evaluación objetiva y justa, evitando que factores subjetivos o intereses particulares influyan en decisiones tan relevantes.

Conclusión

El nuevo amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad pone en evidencia los desafíos que enfrenta el proceso de selección para Fiscal General en Guatemala. Las modificaciones en la tabla de gradación, que busca medir los méritos de los aspirantes, han generado incertidumbre jurídica y disputas que podrían retrasar la consolidación de una nómina definitiva.

La resolución de este asunto será un indicador clave sobre la capacidad de las instituciones para manejar procesos complejos con transparencia y apego a la ley, aspectos fundamentales para fortalecer el sistema de justicia y la confianza ciudadana en las autoridades.

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