Nuevo Fondo de Becas genera dudas por duplicidad de funciones y papel de Segeplán

El Congreso aprobó el Decreto 28-2026, que da vida a la Ley del Fondo Nacional de Becas (Fonabe), con el objetivo de promover el acceso equitativo a la educación superior y a la formación técnica, reducir brechas y atender preferentemente a la población vulnerable. Su cobertura será estrictamente para la educación superior, técnica o especializada impartida en Guatemala o en el extranjero.

La ley, que cuenta con 13 artículos, establece que el Fonabe será “un fondo privativo, sin personalidad jurídica propia que estará adscrito a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán)”.

Uno de los aspectos que más llama la atención del decreto es el financiamiento, que fue modificado en su totalidad mediante varias reformas introducidas durante su aprobación en el hemiciclo.

Según el artículo 8 de la Ley, el Fondo se financiará con aportes adicionales del presupuesto general del Estado, recursos de cooperación reembolsable y no reembolsable, rendimientos financieros y “cualquier otra fuente de financiamiento disponible”.

El proyecto original de la ley asignaba al Fonabe el 0.03% de la recaudación por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el artículo 56. Sin embargo, una enmienda por sustitución total eliminó esta fuente de financiamiento, por lo que el fondo dependerá en su totalidad de las asignaciones anteriormente citadas.

También se suprimió el artículo en el que se establecía que la distribución del aporte del IVA sería del 90% para becas y hasta el 10% para la gestión, con lo que el Fonabe perdió la asignación tributaria específica que se pretendía crear.

En cuanto a la administración de los recursos, la Ley establece que estos se administrarán en una cuenta especial a cargo del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y se exime el estipendio del impuesto sobre la renta (ISR) y de cualquier otro tributo.

Continuidad de las becas

Para proteger la continuidad de las becas, se sustituyó el artículo que introduce las Constancias de Disponibilidad Presupuestaria Multianual (CDPM) por cada cohorte o becario admitido. Esos recursos no estarán sujetos al reintegro de oficio al cierre fiscal y se mantendrán hasta la graduación, baja o terminación de la beca, según indica la ley.

En cuanto a los criterios para el otorgamiento de las becas, la ley establece que estas serán completas o parciales, nacionales e internacionales, con convocatorias específicas para personas con discapacidad, población vulnerable, áreas prioritarias y formación de servidores públicos. La enmienda amplió este último supuesto a personas que presten servicios técnicos o profesionales al Estado.

Según indica un artículo, los criterios de selección para optar a una beca son vulnerabilidad socioeconómica, mérito académico y pertinencia de la formación respecto de las políticas nacionales de desarrollo. Mientras que otro artículo exige ser guatemalteco residente, estar aceptado o inscrito en una institución elegible y cumplir con la focalización socioeconómica.

En cuanto a la gestión operativa, se indica que esta corresponde a la Dependencia Gestora de Segeplán. Asimismo, una enmienda permite convenios con entidades como la Dirección General de Educación Extraescolar (Digeex) del Ministerio de Educación (Mineduc) o el Instituto Técnico de Capacitación (Intecap), para verificación en campo y acompañamiento.

Transparencia

En cuanto a los desembolsos, el artículo 40 de la ley establece que se prioriza el pago directo a la institución educativa y, mediante una enmienda, se agregó que, si se paga al becario, deberá comprobarse documentalmente el uso de los fondos.

El artículo 47 prevé la suspensión o cancelación por incumplimiento, y una enmienda a dicho artículo estipula la recuperación de los montos por información falsa o uso indebido. Mientras que el artículo 49 prohíbe expresamente toda intermediación política en el otorgamiento de becas.

La ley también establece que el fondo estará sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y que se deberán publicar informes sobre los becarios, además de entregar informes semestrales al Congreso sobre la gestión del fondo y de las becas.

Duplicidad de funciones y posibles inconstitucionalidades

A criterio de Erick Coyoy, economista e investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la creación del Fonabe como un fondo privativo adscrito a Segeplan viene a generar “duplicidad de funciones con el Ministerio de Educación”, que debería ser el encargado de administrar el otorgamiento de becas y que, según indica, “lamentablemente ha quedado fuera del control de la educación superior”.

Aunque la ley deja fuera a los niveles preuniversitarios, Coyoy considera que “las becas para estos niveles educativos podrían duplicar el gasto”.

También considera que esto podría derivar en inconstitucionalidades, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha establecido que las secretarías no pueden ser ejecutoras, sino solo instancias de coordinación.

“Yo dudaría del fundamento constitución de esta medida, las secretarías no pueden ser ejecutoras, sino solo instancias de coordinación. Se le está poniendo un rol de ejecución a Segeplan y de acuerdo con la CC esto no les corresponde a las secretarías. El nombre de la secretaría – Segeplan – es claro, solo planificación y programación, no le corresponde la ejecución”, aseguró.

Coyoy también afirma que este fondo es “otro mal ejemplo” de funcionarios que quieren controlar recursos, y menciona a otras entidades, como la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), que también administra programas de becas, lo que genera una mayor duplicidad.

Sobre su implementación, Coyoy advierte que Segeplán no ha sido un instrumento útil para los jóvenes en materia de becas, debido al favoritismo y nepotismo existente, por lo que considera que estos procesos deben llevarse a cabo de manera transparente y con procesos abiertos de selección.

“Ojalá pueda establecerse un mecanismo transparente que asegure que los jóvenes más calificados sean los que van a obtener las becas y no aquellos que tengan afinidad con los funcionarios de Segeplan”, concluye Coyoy.