Observadores advierten de que diputados buscan un contralor débil para obtener finiquitos ante las elecciones del 2027

La mayoría de los diputados ya piensa en las elecciones del 2027, ya sea para una reelección o para optar a otro cargo de elección popular, pero, cualesquiera que sean sus intenciones, necesitarán de la ayuda del futuro contralor general de Cuentas.

Este nombramiento será clave para definir el tablero electoral del próximo año, según observadores que siguen de cerca el trabajo de la comisión de postulación para renovar la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Esta postuladora tiene que elegir a seis candidatos para que sean considerados para el puesto de jefe de la CGC para el período 2026-2030, pero la decisión final recae en un grupo de legisladores que ya tienen intenciones electorales.

El pleno del Congreso se integra con 160 diputados, pero para definir esta elección solo necesita el consenso de 81, lo que hace que la búsqueda de acuerdos no sea tan compleja como en otras votaciones que necesitan 107 votos.

El Congreso comenzó la décima legislatura con 17 bancadas, pero desde el principio las disputas internas las fragmentaron, a tal punto que el año pasado había 33 facciones o grupos.

Ahora, muchos diputados, pese a aparecer con el emblema de algún partido durante las sesiones, ya figuran en asambleas políticas de otros con el fin de conseguir espacio para una nueva candidatura.

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Comisión de postulación de Contralor General de Cuentas, período 2026-2030.

👤 Conoce a los 27 integrantes juramentados.

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— Guatemala Visible (@guatevisible) August 13, 2026

El Congreso dividido que recibirá la lista de los seis candidatos a contralor general de Cuentas puede llegar a acuerdos en los que posiblemente sus intenciones no favorezcan a un contralor independiente.

Por el contrario, observadores temen que las negociaciones de los diputados sean a fin de conseguir un jefe de la CGC que responda a sus intenciones políticas y electorales para el 2027.

Quieren finiquito

Para las elecciones generales del próximo año, uno de los requisitos indispensables será la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, popularmente conocida como finiquito.

Ese documento es emitido por la CGC, por lo que los partidos y diputados necesitan que quien dirija la Contraloría no se oponga a sus solicitudes, según la lectura del observador independiente Alejandro Solórzano.

“No les interesa un contralor fuerte, que resuelva igual para todos, tanto a favor de ellos como de sus posibles y futuros candidatos”, explicó el analista, que también forma parte del Observatorio Legislativo.

La postuladora a contralor fue clara en buscar que los aspirantes no tengan vínculos con partidos políticos, pero los congresistas buscarán todo lo contrario, según Edie Cux, de Acción Ciudadana.

“El Congreso, por ser un foro político, va a tener intereses en definir un contralor que esté supeditado a intereses políticos; en el Legislativo ya hay intereses electorales claros y van de la mano con la emisión de finiquitos”, dijo.

Este mismo problema lo ve Edgar Ortiz, quien forma parte del observatorio de Poder Ciudadano y destaca que la CGC puede facilitar o bloquear candidaturas.

“Vista la experiencia, nos enseña que la Contraloría importa mucho por las elecciones del 2027. La Contraloría suele ser el veto número uno para candidatos; entonces, la negociación no va a ir en la independencia, sino en quién logra controlar la institución”, señaló.

¿Oficialismo u oposición?

En votaciones relevantes del Congreso relacionadas con el presupuesto o ampliaciones presupuestarias, la facción oficialista consiguió apoyo, no así para otras elecciones importantes, según las fuentes.

Ponen de ejemplo la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones, donde la oposición ganó el pulso pese a que la versión oficialista era de “cortes balanceadas”.

Ahora, la negociación en torno al contralor parece llegar en un momento en el que el oficialismo está más débil que nunca, tanto en la facción leal al Gobierno, como en la disidente que impulsa Raíces.

“Yo creo que será histórico y supongo que es la primera vez en la historia que el Ejecutivo no tendrá influencia para nombrar un contralor. La oposición parece tener más fuerza y el oficialismo, con rupturas internas, no veo cómo consiga negociaciones”, señaló Cux.

La carta que puede jugar el oficialismo, según Ortiz, será el presupuesto nacional del 2027, pero incluso esto, a meses del nuevo llamado a elecciones, no les garantiza apoyo a los oficialistas.

“Salvo que amarren presupuesto con Junta Directiva, pero las fisuras en un tercer año de legislatura lo harán difícil. Pero aun con presupuesto en mano, será difícil que negocien porque los fondos de Consejos de Desarrollo dejan contenta a la oposición con no aprobar presupuesto”, expuso.

El Legislativo, a la fecha, no tiene un liderazgo claro, lo que hará que subgrupos sean decisivos en la elección de contralor, según Solórzano. “Es más fácil que los grupos de oposición puedan imponerse, lo hicieron con las elecciones de Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, no depende solo de ellos, pero no son numerosos, van a depender de bancadas bisagras”, añadió.

Los observadores destacan que es necesario que la postuladora haga una elección con estándares de independencia y calidad, para que así cualquiera de los seis candidatos permita una gestión independiente y libre de presiones en la CGC.