Observadores internacionales alertan sobre abuso de amparos en elecciones de segundo grado 2026 en Guatemala

El proceso de renovación institucional en Guatemala durante 2026 ha estado marcado por un aumento significativo en el uso de acciones legales, específicamente amparos, durante las elecciones de segundo grado para cargos en instituciones clave del país. Expertos internacionales que observaron estos procesos expresaron su preocupación por el uso excesivo de estos recursos como una estrategia para influir y sesgar los resultados electorales.

Contexto de la renovación institucional en Guatemala

En 2026, Guatemala enfrenta un proceso de cambio de autoridades en varias instituciones de importancia sustancial para la gobernabilidad y el estado de derecho. Entre estas, destaca la Contraloría General de Cuentas (CGC),cuyos cambios aún están pendientes, mientras que otras entidades como el Tribunal Supremo Electoral (TSE),la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP) ya han experimentado procesos de renovación.

Estos procesos han sido objeto de seguimiento por parte de misiones internacionales de observación, que analizan procedimientos, transparencia y garantías para una elección libre y justa.

Críticas al uso excesivo de amparos

En un foro virtual organizado por organizaciones especializadas en defensa del debido proceso y la justicia internacional, un panel de observadores internacionales coincidió en que uno de los principales obstáculos en estas elecciones de segundo grado fue el abuso de los amparos. Este fenómeno ha sido denominado por algunos expertos como “amparitis”, refiriéndose a un uso indiscriminado y sin fundamentos sólidos de estos recursos legales para bloquear o entorpecer las elecciones.

El uso reiterado de amparos, señalaron, ha generado incertidumbre y riesgos sobre la legitimidad de los procesos, afectando la transparencia y la participación de candidatos calificados. Se documentaron casos en los que amparos limitaron la participación de profesionales con competencias relevantes, como en el caso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang),y excluyeron a jueces en la elección del fiscal general.

Uno de los efectos señalados es que estas acciones legales han provocado retrasos y tensiones hasta el último momento, generando la percepción de que los procesos podían fracasar o ser manipulados.

Implicaciones para la transparencia y la independencia

Los observadores también advirtieron sobre otros aspectos preocupantes, como la falta de transparencia en la evaluación de candidaturas, la tramitación de denuncias y objeciones, así como el riesgo de conflictos de intereses y presiones externas en los procedimientos electorales. En este contexto, se mencionó la participación de figuras con vínculos a grupos de poder, lo que podría influir en el rumbo de las elecciones.

Sin embargo, también se destacó la actuación independiente de algunas entidades, como el propio Cang, que participó activamente en las tres elecciones y mostró un rol autónomo en los procesos.

Votaciones cuestionadas y criterios omitidos

Un análisis adicional de las votaciones en las comisiones postuladoras reveló que, en algunos casos, las decisiones para seleccionar candidatos no consideraron criterios esenciales como la honorabilidad, capacidad, independencia y compromiso con valores éticos. Esto pone en entredicho la calidad de las listas finales de candidatos para cargos relevantes en el sistema judicial y electoral.

Participación ciudadana y avances en vigilancia

A pesar de las dificultades, el proceso de renovación también presenta aspectos positivos. Destaca el papel de la ciudadanía organizada, incluyendo grupos indígenas, estudiantes, organizaciones sociales y medios de comunicación independientes, que han ejercido una vigilancia activa para promover la objetividad y transparencia en las elecciones.

Este nivel de articulación ciudadana para monitorear procesos electorales es considerado por expertos como un avance significativo en comparación con otros países de la región, donde la participación y vigilancia ciudadana es menor.

Este fortalecimiento de la vigilancia social es valorado como un paso hacia la recuperación institucional en Guatemala, que históricamente ha enfrentado retos derivados de la cooptación de poderes y falta de independencia en sus órganos.

Perspectivas y próximos pasos

Al momento, algunas misiones internacionales continúan evaluando el proceso y elaborando informes finales, incluyendo la observación del proceso pendiente en la Contraloría General de Cuentas. La comunidad internacional y los sectores interesados mantienen la atención sobre la evolución de la institucionalidad guatemalteca y la necesidad de garantizar elecciones transparentes, libres de presiones indebidas y con respeto a los principios democráticos.

El camino hacia la consolidación de un sistema judicial y electoral independiente en Guatemala aún enfrenta desafíos importantes, pero la movilización ciudadana y la vigilancia internacional constituyen elementos clave para impulsar mejoras sustanciales en estos procesos.