Observatorio del Presupuesto señala tres grandes debilidades en la propuesta para el 2027

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El Observatorio del Presupuesto, plataforma de análisis creada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), identificó tres grandes debilidades en el proyecto de presupuesto del Estado para el 2027: su sostenibilidad financiera, la capacidad de ejecución de las instituciones y los resultados del gasto público.

Sigfrido Lee, coordinador del Observatorio del Presupuesto, y director de la Unidad Económica de Cacif, explicó que el análisis parte de tres preguntas fundamentales y advierte sobre los riesgos de aprobar un plan de gastos que, a su criterio, supera la capacidad financiera y operativa del Estado.

¿Se puede financiar sostenidamente?

La primera preocupación es el crecimiento del presupuesto, que para el 2027 se propone en Q192 mil 45 millones.

Según Lee, durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo se ha planteado un incremento acumulado del 65%, al comparar el presupuesto con el que comenzó la administración, en enero del 2024, con la propuesta para el 2027.

Este sería el mayor crecimiento porcentual acumulado durante los períodos correspondientes de los últimos cinco gobiernos, según un análisis que comienza en el 2008. Como referencia, mencionó que durante los cuatro años de la administración de Álvaro Colom el presupuesto aumentó un 35%.

Otra preocupación es el endeudamiento. El Gobierno solicita alrededor de Q45 mil millones de deuda para financiar el presupuesto del 2027, casi el doble de lo requerido para el 2026.

“Eso ya nos da una primera señal de insostenibilidad”, afirmó Lee.

Además, señaló que el servicio de la deuda ascendería a unos Q24 mil 600 millones, monto superior a la suma de las asignaciones de los 10 ministerios con menores presupuestos. También sería el segundo rubro más grande, después del Ministerio de Educación, que tendría Q27 mil 898 millones, mientras que para Salud se solicitan Q18 mil 600 millones.

El analista advirtió que el aumento del servicio de la deuda dejaría menos recursos disponibles para inversión y gasto social.

Según explicó, del endeudamiento previsto para el 2027, el 52% se destinaría a gastos de funcionamiento, el 18% al servicio de la deuda y únicamente el 30% a inversión. En el 2026, la proporción destinada a inversión era del 40%.

A criterio de Lee, esta distribución compromete la estabilidad macroeconómica y la efectividad del gasto público a mediano y largo plazos.

El Observatorio también cuestiona el déficit fiscal propuesto del 4.4% del producto interno bruto (PIB) y considera necesario revisar las proyecciones económicas utilizadas para elaborar el presupuesto. Lee explicó que algunas estimaciones fueron formuladas entre mayo y junio del 2026, antes de observarse factores como la prolongación del aumento de los precios de los combustibles, la desaceleración del crecimiento de las remesas y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

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“Habría que tener prudencia respecto de las expectativas económicas, no solo para este año, sino en especial para el próximo, que es el relevante para el presupuesto”, señaló.

¿Se podrá ejecutar de forma efectiva?

La segunda debilidad identificada con base a las preguntas que el Observatorio se planteó es la capacidad de las instituciones para ejecutar los recursos asignados.

Uno de los ejemplos son los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), cuyo presupuesto pasó de alrededor de Q4 mil millones en el 2023 a Q15 mil 425 millones vigentes para el 2026, sin que ese incremento necesariamente estuviera acompañado de una mayor capacidad de ejecución, advirtió Lee.

El analista explicó que los Codedes ejecutaron el 90% de su presupuesto en el 2023, el 52% en el 2024 y el 62% en el 2025. Al 30 de agosto del 2026, la ejecución alcanzaba únicamente el 24%, cuando, según el tiempo transcurrido del año, debería situarse alrededor del 67%.

Cuestionó que, en algunos casos, primero se asignen los fondos por decisiones políticas y después se busquen los proyectos, cuando el procedimiento debería ser el contrario.

Otro ejemplo que cita es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), que al 30 de agosto registraba una ejecución del 45%. Según Lee, ese porcentaje sería cercano al 35% si no hubiera trasladado más de Q500 millones para financiar el subsidio a los combustibles aplicado entre abril y julio del 2026.

El coordinador del Observatorio considera necesario cuestionar por qué se propone aumentar los recursos de instituciones que no han demostrado suficiente capacidad para ejecutarlos. Sin embargo, aclaró que el objetivo tampoco debe limitarse a gastar el dinero, sino a obtener resultados.

¿Se pueden demostrar los resultados del gasto?

La tercera debilidad se relaciona con la falta de resultados que justifiquen los incrementos presupuestarios. Ante la pregunta que se plantean acerca de ¿Se pueden demostrar los resultados del gasto?

Lee mencionó el caso del Ministerio de Educación, al que se propone asignar más de Q27 mil millones mencionados para el 2027, pese a que, según su análisis, los mayores recursos no se han traducido en mejoras de la calidad educativa.

Como referencia, citó los resultados de las pruebas Pisa publicados en septiembre, que, según indicó, muestran una caída de Guatemala de 18 posiciones en la evaluación de competencias en lectura, matemáticas y ciencias.

Otro ejemplo comentado por el analista es el Fondo de Inversión y Tecnología, para el cual se proponen Q250 millones dentro del presupuesto del Ministerio de Economía. Lee explicó que, aunque esa cartera registra como ejecutados Q213 millones es porque los recursos fueron transferidos al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y, al 30 de septiembre, todavía figuraban como saldo disponible en el banco para la colocación de créditos.

A criterio del analista, estos casos demuestran que la ejecución presupuestaria no necesariamente significa que los recursos hayan llegado a los beneficiarios o generado los resultados esperados.

Infraestructura: más recursos, pero persisten dificultades

Respecto de la inversión en infraestructura, Lee advirtió sobre el deterioro sistemático de las obras públicas, aunque consideró positivo que se proponga aumentar los recursos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Sin embargo, señaló que mayores asignaciones no necesariamente se han traducido en mejoras, debido a problemas de ejecución y a la falta de instrumentos administrativos y legales. Como ejemplo, mencionó la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), creada mediante la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, cuyo reglamento todavía está pendiente de implementación.

También se refirió a los proyectos prioritarios anunciados por el presidente Bernardo Arévalo, que representan inversiones superiores a Q13 mil millones. Aunque reconoció su importancia, recomendó moderar las expectativas, pues varios requieren períodos de ejecución superiores a un año.

Transparencia y las condiciones del FMI

Lee reiteró su preocupación por el crecimiento de la deuda pública y sus posibles consecuencias para las finanzas del Estado.

“Nos estamos encaminando hacia una senda de insostenibilidad que eventualmente habrá que corregir. Mientras más tardemos en corregirla, más doloroso será”, advirtió.

Recordó que Guatemala ha mantenido una buena reputación macroeconómica durante aproximadamente 25 años, lo que le permite asumir determinados niveles de endeudamiento, pero considera necesario actuar con prudencia.

El analista también mencionó tres condiciones que, según explicó, el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó para que Guatemala pudiera manejar un déficit fiscal más elevado:

1. Destinar la deuda a inversión. Lee cuestionó que el 52% del endeudamiento previsto para el 2027 se utilice para gastos de funcionamiento, el 18% para el servicio de la deuda y solo el 30% para inversión.
2. Que el mayor endeudamiento sea temporal. Señaló que los déficits registrados durante la actual administración han sido inferiores a los propuestos por el gobierno debido, principalmente, a la baja ejecución presupuestaria. También advirtió que el crecimiento de los gastos de funcionamiento dificulta que el aumento de la deuda sea transitorio.
3. Garantizar transparencia. Consideró necesario reformar la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Servicio Civil y la Ley Orgánica del Presupuesto, así como avanzar en la transformación digital del Estado para fortalecer los controles y procedimientos institucionales.

Piden al Congreso revisar las asignaciones y fiscalizar gasto en año electoral

Ante el inicio de las discusiones del proyecto de presupuesto para el 2027, el Observatorio recomendó que los diputados evalúen la capacidad real de ejecución de los ministerios y demás instituciones antes de aprobar las asignaciones.

Lee aclaró que no se cuestiona necesariamente la importancia de determinados programas, sino su viabilidad y los resultados que pueden generar para la población.

Además, insistió en que el monto global propuesto supera la capacidad financiera del Estado, por lo que considera necesaria una nueva priorización del gasto público.

Finalmente, ante el año electoral 2027, el coordinador del Observatorio destacó la responsabilidad del Congreso de garantizar que el presupuesto responda a las necesidades de la población y no únicamente a intereses electorales, mediante una adecuada fiscalización y transparencia en el uso de los recursos.