OEA advierte sobre exclusión de votantes y falta de transparencia en procesos electorales clave en Guatemala

La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Guatemala emitió un llamado de alerta respecto a los procesos electorales de segundo grado que se desarrollarán en 2026, señalando que representan un momento crítico para el Estado de Derecho en el país. En su informe presentado ante el Consejo Permanente, la misión destacó la necesidad de establecer reglas claras, públicas y transparentes para garantizar la legitimidad de las elecciones.

El jefe de la misión, Carlos Ayala Corao, explicó que el acompañamiento realizado en noviembre de 2025 permitió identificar riesgos concretos en el desarrollo de dichos procesos. Durante su visita, la misión sostuvo reuniones con diversos actores institucionales y elaboró un informe preliminar dirigido al Secretario General de la OEA, Albert Ramdin. Desde entonces, se han difundido 11 pronunciamientos públicos, el último de ellos la noche anterior a la presentación del informe.

Riesgos en los procesos electorales y falta de transparencia

Entre las principales preocupaciones de la misión se encuentra la exclusión de fases sustantivas de evaluación pública y la limitación de la publicidad efectiva y el escrutinio ciudadano en los procedimientos electorales. Ayala Corao señaló que la utilización de instrumentos de evaluación, como la tabla de gradación, carece de parámetros suficientes, lo que genera incertidumbre y debilita la transparencia.

Preocupación por exclusión de entrevistas públicas en el Tribunal Supremo Electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue objeto de especial atención por parte de la misión. Se expresó preocupación por la exclusión de entrevistas públicas durante la integración de la nómina de candidaturas, medida que restringe la evaluación pública de las personas aspirantes y limita la igualdad de oportunidades.

“La exclusión de entrevistas públicas en el proceso de integración de la nómina de candidaturas al Tribunal Supremo Electoral restringe la transparencia del proceso, la igualdad de oportunidades entre aspirantes, su evaluación pública y la posibilidad de una auditoría social informada”, indicó Ayala Corao.

Además, se destacó la preocupación por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC),en su rol como ente elector en distintos procesos de postulación. La misión observó la falta de regularización y renovación oportuna de su Consejo Superior Universitario (CSU),el vencimiento de mandatos y la exclusión de autoridades válidamente electas, aspectos que afectan la legalidad y representatividad del órgano y comprometen la certeza jurídica.

En particular, se hizo énfasis en el incumplimiento de un fallo de la Corte de Constitucionalidad del 13 de febrero de 2025, que ordenó la inmediata convocatoria y renovación de los integrantes del CSU, subrayando la falta de ejecución efectiva de esta sentencia.

Contexto de presión y criminalización

La misión también reportó un entorno de presión que afecta a personas aspirantes y comisiones de postulación en Guatemala. Se constató un clima persistente de temor entre candidatos, operadores de justicia, académicos y defensores de derechos humanos debido a procesos de criminalización, campañas de estigmatización, acoso judicial y ataques en entornos digitales.

Este contexto ha generado un efecto disuasivo que perjudica la participación de candidaturas idóneas y afecta la diversidad y calidad de las autoridades electas.

Modificación del padrón electoral en el CANG y vulneración de derechos

En relación con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG),la misión expresó preocupación por la modificación del padrón electoral en la fase final del proceso. Se advirtió que esta práctica vulnera derechos fundamentales y debilita la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Ayala Corao indicó que un amparo provisional otorgado recientemente por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo ordenó la exclusión de ciertos profesionales del padrón, pese a que están legalmente colegiados y han participado históricamente en procesos internos. Esta medida, a pocas horas de la elección del CANG, afecta derechos de asociación, seguridad jurídica e igualdad.

Como parte de su acompañamiento, la misión de la OEA tiene previstas cuatro visitas adicionales antes de la realización de las elecciones para continuar monitoreando el desarrollo de los procesos.

Respaldo nacional e internacional

En el marco de la presentación del informe, Claudia Escobar, representante de Guatemala, agradeció el acompañamiento de la OEA y destacó que los procesos previstos para 2026 son determinantes para la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en el país.

“Nos estamos jugando, como país, la democracia”, enfatizó Escobar, citando al presidente Bernardo Arévalo. Subrayó que el acompañamiento de la OEA es fundamental para promover el cumplimiento de plazos y procedimientos, denunciar anomalías y respaldar buenas prácticas institucionales.

Durante la sesión del Consejo Permanente, representantes de 19 países expresaron su respaldo a la labor de la misión especial de la OEA. Destacaron su acompañamiento técnico y en terreno, así como el seguimiento a los procesos electorales de alto nivel en Guatemala, enfatizando la importancia de mantener la independencia institucional y respetar el marco constitucional.

Las delegaciones coincidieron en que Guatemala atraviesa un momento crucial para su democracia, con elecciones programadas para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, así como para el fiscal general, el contralor y miembros del Consejo Superior Universitario de la USAC.

Países como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Belice resaltaron la función preventiva de la misión como mecanismo de alerta temprana y diplomacia preventiva. Por su parte, Canadá, México, Costa Rica, Perú y España enfatizaron la necesidad de que los procesos electorales se desarrollen con transparencia, legalidad, idoneidad y respeto a los plazos constitucionales.

Colombia y República Dominicana valoraron la amplitud del acompañamiento y la inclusión de sectores diversos, mientras que Italia y Francia recordaron que la confianza ciudadana y la estabilidad institucional dependen del rigor de los procesos de elección. Asimismo, se informó que la misión regresará a Guatemala en febrero de 2026 para dar seguimiento a sus recomendaciones.