Oficina de remigración: la entidad que supone un cambio radical en la política migratoria de Trump

Dentro de la administración de Donald Trump, existe una entidad que ha supuesto un “cambio radical” a favor de la política migratoria de Donald Trump: la oficina de remigración.

La Oficina de Remigración, una división de aproximadamente 15 empleados dentro de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM), representa un cambio radical en la política exterior estadounidense, transformando el compromiso histórico del país con el reasentamiento de refugiados necesitados en un enfoque intensivo en su expulsión.

El nombre de la oficina en sí mismo es motivo de controversia, ya que el término “remigración” ha sido popularizado por nacionalistas blancos en Europa que buscan la expulsión de minorías raciales e inmigrantes.

El Washington Post examinó la Oficina de Remigración como parte del Proyecto Deportación (Project Deportation), una investigación conjunta sobre las deportaciones a terceros países llevada a cabo durante seis meses por 26 medios de comunicación en 15 países, organizada por Forbidden Stories, una organización periodística sin fines de lucro con sede en París.

Los periodistas entrevistaron a decenas de exfuncionarios y funcionarios actuales del gobierno estadounidense, líderes extranjeros y abogados de inmigración, informando desde siete de los terceros países y hablando con 35 ciudadanos de terceros países que fueron deportados de Estados Unidos.

¿Qué hace la Oficina de Remigración?

La oficina de remigración, según un organigrama de agosto de 2025 revisado por The Post, se dividiría en dos unidades: «Retornos Voluntarios y Migración Marítima», encargada de supervisar los fondos de PRM redirigidos al «Proyecto Homecoming», un programa del DHS que ofrece dinero en efectivo a los migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen; y «Soluciones en el Extranjero», responsable de facilitar la financiación para las deportaciones a terceros países.

Una de las primeras tareas de la oficina de remigración en octubre fue tramitar un acuerdo de US$7,5 millones para enviar hasta 250 ciudadanos de terceros países a Guinea Ecuatorial, una nación de 2 millones de habitantes en la costa occidental de África, cuyo líder autoritario, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ostenta el poder desde 1979.

El país había recibido escasa ayuda anual de Estados Unidos en los últimos años, con un máximo de US$780 mil durante el primer mandato de Trump y US$2 millones durante la administración Biden.

Para superar los obstáculos burocráticos que ralentizaron los esfuerzos para los “Acuerdos de Tercer País Seguro” durante el primer mandato de Trump, funcionarios de la administración desarrollaron un nuevo modelo, los “Acuerdos Nacionales de Tercer País”, que elimina las garantías jurídicamente vinculantes de derechos humanos y asilo, sustituyéndolas por “garantías” verbales menos exigibles, realizadas mediante el intercambio de notas diplomáticas, según varias personas familiarizadas con los contratos.

Un tercer tipo de acuerdo, conocido como “Lilypad”, se ha utilizado principalmente en América Latina para países dispuestos a aceptar migrantes de forma temporal antes de redirigirlos a otro destino, según informaron las autoridades.

Las autoridades también determinaron que podían agilizar los pagos financieros invocando una disposición de la Ley de Asistencia a Migrantes y Refugiados que permite al poder ejecutivo eludir las restricciones legales a la ayuda exterior para financiar programas cruciales para los refugiados.

Exfuncionarios del Departamento de Estado afirmaron que utilizar este argumento para las deportaciones es una perversión de la intención del Congreso de garantizar asistencia humanitaria urgente y vital.