Organismo Judicial solicita apoyo a Gobernación y Defensa para reforzar seguridad en juzgados de Guatemala

El Organismo Judicial (OJ) de Guatemala ha solicitado formalmente el apoyo de los ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional para reforzar la seguridad en los juzgados a nivel nacional, en respuesta a una serie de ataques recientes que han puesto en riesgo la integridad de los operadores de justicia y agentes policiales.

La petición fue anunciada por Carlos Romidiro Lucero Paz, presidente en funciones del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),durante una reunión extraordinaria del pleno de la CSJ celebrada el martes 20 de enero de 2026. En este encuentro se abordó la situación de seguridad institucional debido a los incidentes violentos que han afectado de manera directa a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el entorno de los juzgados.

Contexto y motivos de la solicitud

En los últimos meses, se han registrado ataques armados en el perímetro de varios centros judiciales, incluyendo el Centro de Justicia de Villa Nueva, donde agentes de la PNC han sido agredidos mientras desempeñaban sus funciones de seguridad. Estos hechos han generado preocupación en las autoridades judiciales, que han identificado la necesidad de una mayor presencia y coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública para garantizar la protección tanto del personal judicial como de los usuarios de la justicia.

El magistrado Lucero explicó que, ante esta situación, el Organismo Judicial ya ha realizado las coordinaciones pertinentes con los ministerios de Gobernación y Defensa Nacional para establecer un esquema de seguridad perimetral en los diferentes juzgados del país, incluyendo los ubicados en la capital guatemalteca.

Medidas para fortalecer la seguridad en juzgados

El refuerzo en la seguridad contempla la colaboración interinstitucional para implementar patrullajes constantes y presencia militar en las inmediaciones de los centros judiciales, con el objetivo de prevenir ataques y garantizar un entorno seguro para la administración de justicia.

Además, se ha establecido un protocolo de comunicación inmediata entre el Organismo Judicial y las fuerzas de seguridad para responder oportunamente ante cualquier incidente que pueda poner en peligro la integridad de los operadores judiciales o de los agentes que resguardan dichas instalaciones.

Impacto de la violencia en la administración de justicia

La violencia contra operadores de justicia y cuerpos de seguridad afecta directamente el normal funcionamiento del sistema judicial guatemalteco, que ya enfrenta múltiples desafíos en la impartición de justicia en un contexto complejo. La seguridad en los juzgados es fundamental para garantizar la independencia y la continuidad de los procesos judiciales, así como para proteger a quienes laboran en este sector.

La escalada de incidentes violentos en los alrededores de juzgados genera un clima de inseguridad que puede perjudicar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, afectando la percepción pública sobre la capacidad del Estado para garantizar el orden y la legalidad.

Respuesta institucional coordinada

La solicitud del Organismo Judicial se enmarca en un esfuerzo conjunto por parte de las autoridades guatemaltecas para fortalecer la seguridad institucional. La coordinación entre el Ministerio de Gobernación, responsable de la Policía Nacional Civil, y el Ministerio de la Defensa Nacional busca optimizar recursos y estrategias de seguridad para proteger los espacios judiciales y a su personal.

Según informó el presidente en funciones del OJ, dicha coordinación ya se encuentra en marcha, con el compromiso de ambas carteras de Estado para brindar el acompañamiento necesario. Esta colaboración interinstitucional es vista como una medida urgente y necesaria ante el incremento de amenazas y ataques directos contra agentes que velan por la seguridad en los juzgados.

Desafíos en la seguridad pública en Guatemala

Guatemala enfrenta retos significativos en materia de seguridad pública, especialmente en la protección de los funcionarios judiciales y policiales frente a la violencia generada por estructuras criminales y otras amenazas en el país. La inseguridad ha impactado diversos sectores, obligando a las autoridades a implementar estrategias integrales para salvaguardar tanto a la población como a los servidores públicos.

El Organismo Judicial, como pilar fundamental del Estado de derecho, destaca la importancia de mantener un entorno seguro para el ejercicio de la justicia, por lo que continuará impulsando las medidas necesarias para responder a los riesgos que enfrentan sus agentes y funcionarios.

Compromiso con la seguridad institucional

El presidente en funciones del Organismo Judicial expresó que lamentan las bajas sufridas durante los ataques y que se han realizado las respectivas comunicaciones internas para mantener informados a todos los niveles del OJ sobre la situación. Asimismo, reiteró el compromiso de la institución para continuar trabajando de manera coordinada con las entidades de seguridad en la protección de los juzgados y sus colaboradores.

En este contexto, el fortalecimiento de la seguridad perimetral y la rápida respuesta ante incidentes violentos forman parte de las prioridades para garantizar que el sistema judicial funcione sin interrupciones y que los operadores de justicia puedan desempeñar sus funciones en condiciones seguras.

Conclusión

La solicitud del Organismo Judicial al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de la Defensa Nacional para reforzar la seguridad en los juzgados refleja la necesidad de proteger a los agentes y funcionarios involucrados en la administración de justicia en Guatemala. La colaboración interinstitucional se presenta como una estrategia clave para enfrentar los desafíos que plantea la violencia en las inmediaciones de las instituciones judiciales.

El fortalecimiento de la seguridad en los juzgados es esencial para garantizar el acceso a la justicia y preservar el Estado de derecho en el país, reafirmando el compromiso institucional de proteger a quienes trabajan para mantener la legalidad y el orden en Guatemala.