Pandillas en Guatemala: un salto inesperado hacia la desestabilización nacional

En enero de 2026, Guatemala enfrentó un episodio que puso en evidencia la evolución significativa del fenómeno de las pandillas en el país. Motines simultáneos en varias cárceles del país y ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil (PNC),que dejaron un saldo de 10 agentes fallecidos, revelaron una nueva dimensión de estas organizaciones criminales que trasciende la violencia cotidiana y plantea riesgos directos a la gobernabilidad nacional.

Contexto y situación previa

El Estado guatemalteco cuenta con un sistema de inteligencia encargado de identificar riesgos y amenazas que puedan afectar la seguridad y estabilidad del país. Cada año, basándose en información de múltiples fuentes, se elabora la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas (ANRA),que establece prioridades para la acción gubernamental.

Hasta 2025, las pandillas o maras eran consideradas una amenaza constante para la seguridad pública, principalmente por actividades delictivas como extorsiones, homicidios y control territorial, sin que se les reconociera una capacidad para alterar el orden constitucional o la gobernabilidad.

Motines y ataques: un punto de inflexión

Los motines ocurridos el 17 de enero en las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo para Hombres en la zona 18, junto con ataques coordinados contra la PNC, marcaron un punto de inflexión. Estas acciones, sin precedentes por su simultaneidad y violencia, obligaron al Gobierno a declarar estado de sitio por 30 días y luto nacional por las víctimas policiales.

Este fenómeno obliga a replantear el análisis de las pandillas, que ahora deben ser vistas como una amenaza mayor que no solo afecta la seguridad pública sino también la estabilidad institucional y la gobernabilidad.

Evaluación de la inteligencia estatal

La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE),encargada de analizar y procesar información estratégica, no había identificado a las pandillas como un riesgo capaz de generar desestabilización sistémica. En la ANRA de 2025, estas organizaciones solo se mencionaban en el contexto de la extorsión, la cual representan en un 9%, y como actores indirectos en violencia barrial y sicariato.

El informe señalaba que la mayor amenaza para la gobernabilidad era la captura institucional, entendida como la cooptación de instituciones públicas por grupos de poder, principalmente en el sistema de justicia. Por otro lado, se reconocía que gran parte de las extorsiones se ejecutan desde los centros penitenciarios, por lo que controlar el sistema carcelario era clave para mitigar esta amenaza.

¿Falló la inteligencia?

Las recientes acciones violentas evidencian que, aunque se tenían alertas sobre actividades inusuales de las pandillas antes de los motines, no se realizó un análisis que previera la escalada hacia un ataque coordinado a la gobernabilidad. El ministro de Gobernación reconoció públicamente que no existía inteligencia suficiente para anticipar este tipo de escenarios y que el sistema carece de mecanismos científicos para prever acciones futuras tan complejas.

Nueva dimensión de la amenaza pandillera

Expertos en seguridad y desarrollo sostenible han destacado que las pandillas ahora representan una amenaza en tres niveles:

• Criminalidad cotidiana: Extorsiones, homicidios y control territorial continúan siendo sus principales acciones delictivas.
• Seguridad institucional: Capacidad para provocar motines sincronizados en prisiones y ataques a las fuerzas de seguridad, con impactos directos en la estabilidad del sistema penitenciario y el orden público.
• Gobernabilidad: Potencial para influir o ser utilizadas en escenarios políticos para generar caos, desestabilización y presión sobre el Ejecutivo e instituciones clave.

Esta última dimensión incluye la existencia de vínculos entre pandilleros y actores políticos opacos, que podrían estar coordinando ataques simultáneos para desestabilizar el Estado. Si bien las pandillas no suelen tener una estrategia política propia, su capacidad de acción puede ser instrumentalizada para afectar procesos clave, como la renovación de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público y Corte de Constitucionalidad.

Implicaciones para la política y la seguridad nacional

La evolución de las pandillas hacia actores con capacidad de desestabilización sistémica representa un reto para el Estado guatemalteco. La inteligencia estatal deberá revisar y ampliar sus evaluaciones para incluir esta nueva realidad, reconociendo que no solo se enfrentan a un problema de seguridad pública, sino a una amenaza compleja que puede afectar la gobernabilidad y el orden constitucional.

Además, el control del sistema penitenciario y la articulación interinstitucional se vuelven elementos clave para mitigar el poder de estas organizaciones y prevenir futuras crisis.

Conclusiones

Los acontecimientos recientes evidencian que las pandillas en Guatemala han dado un salto significativo en su capacidad operativa y de impacto. La inteligencia estatal no anticipó este cambio de escala, lo que ha llevado a una revisión urgente del panorama de riesgos y amenazas del país.

Este nuevo escenario exige a las autoridades una respuesta integral, que abarque desde el control efectivo de los centros penitenciarios hasta la prevención de la infiltración de actores políticos que puedan instrumentalizar a las pandillas para desestabilizar el sistema democrático.

El desafío es mayúsculo y requiere fortalecer los mecanismos de inteligencia, coordinación interinstitucional y políticas públicas que aborden las causas estructurales del fenómeno para garantizar la seguridad y estabilidad de Guatemala.