PDH reporta más de 900 denuncias por vulneración de derechos de migrantes en tránsito por Guatemala

Durante los años 2025 y lo que va de 2026, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha registrado más de 900 denuncias relacionadas con la vulneración de derechos de personas migrantes que transitan por Guatemala. Este fenómeno pone en evidencia las dificultades y riesgos que enfrentan estas personas durante su paso por el territorio nacional, siendo la inseguridad la problemática más recurrente.

Principales denuncias: seguridad y otros derechos vulnerados

De acuerdo con el informe oficial de la PDH, aproximadamente tres de cada diez denuncias recibidas están vinculadas a violaciones del derecho a la seguridad. Sin embargo, no es la única área afectada. Otros derechos fundamentales como la igualdad, la salud, la educación, la libertad personal y la integridad física también figuran en los reportes, con 139, 102, 91, 83 y 63 denuncias respectivamente. Se registran además casos relacionados con otros 11 derechos humanos, aunque con menor frecuencia.

Denuncias relacionadas con la seguridad

Entre los casos más preocupantes, la PDH documentó una denuncia anónima recibida en 2025 que señala la presencia de "taxis piratas" en las inmediaciones del Centro de Recepción de Retornados, ubicado en la Fuerza Aérea Guatemalteca, zona 13 de la capital. Según la denuncia, los conductores de estos vehículos indagan sobre información personal de los migrantes guatemaltecos deportados, tales como el tiempo que estuvieron en Estados Unidos, lugares de empleo, ingresos, envío de remesas, familiares en Guatemala o en el extranjero, así como detalles sobre las personas que les ayudaron a cruzar la frontera, conocidas como "coyotes".

Esta situación genera preocupación ante la posible extorsión y presión para exigir pagos por el servicio de transporte. La Procuraduría remitió esta denuncia al Ministerio Público (MP) para su investigación y seguimiento, subrayando la necesidad de garantizar la seguridad de las personas retornadas.

Antecedentes y medidas adoptadas

Esta problemática no es nueva. En 2024, la PDH también registró denuncias relativas a taxis autorizados y no autorizados que operaban alrededor del Centro de Recepción de Retornados, realizando cobros excesivos y solicitando pagos en dólares para trasladar a los migrantes a diferentes puntos de la ciudad. Se documentó además que algunos taxistas perseguían a los autobuses oficiales que trasladaban a los deportados, abordando a las personas al momento de descender.

Frente a esta situación, la Procuraduría recomendó al director general de la Policía Nacional Civil (PNC) implementar seguridad perimetral en el centro de recepción para proteger a los migrantes y sus familiares. Asimismo, solicitó a la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) controlar el orden y la regulación de vehículos en el área.

Como resultado de estas acciones, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) ahora proporciona transporte seguro para que los retornados puedan llegar a las terminales de transporte o a sus lugares de origen, mitigando los riesgos de asaltos y extorsiones.

Transporte seguro para migrantes retornados

Desde mediados de 2021, Conamigua ha implementado diversas modalidades para apoyar el traslado de migrantes guatemaltecos deportados. Entre estas se incluyen la entrega de boletos para autobuses que cubren rutas hacia departamentos como Huehuetenango, San Marcos y Quiché, así como la renta de vehículos particulares para grupos específicos.

Además, la institución dispone de dos autobuses con capacidad para aproximadamente 90 personas, destinados a transportar a migrantes a comunidades alejadas de la capital. Estas medidas buscan garantizar un viaje más seguro y digno para quienes retornan al país, enfrentando situaciones vulnerables tras la deportación.

Otros casos de vulneración de derechos

La PDH también ha documentado situaciones de vulnerabilidad en otras poblaciones migrantes en tránsito. Por ejemplo, en 2025 se reportaron casos de ciudadanos venezolanos indocumentados en Esquipulas, Chiquimula, que fueron abordados por agentes de la PNC debido a la falta de documentación oficial. No obstante, la reacción de la comunidad incluyó grabaciones y acusaciones infundadas que los señalaban como delincuentes.

Asimismo, la Procuraduría dio seguimiento a la situación de familias mexicanas que huyeron de su país por la violencia y buscaron refugio en Huehuetenango, con el objetivo de asegurar que recibieran un trato digno mientras se regularizaba su estatus migratorio en Guatemala.

En la capital, la presencia de migrantes venezolanos también generó denuncias relacionadas con intentos de intimidación y extorsión por parte de terceros que buscaron aprovecharse de su situación.

Origen de las denuncias y función de la PDH

La mayoría de las denuncias registradas por la Procuraduría provienen de personas originarias de Honduras, Nicaragua, Venezuela y Ecuador. En menor medida, también se han recibido reportes de migrantes provenientes de India y países africanos.

La función principal de la PDH es verificar estas denuncias y coordinar con las instituciones estatales competentes para garantizar la defensa y protección efectiva de los derechos humanos de las personas en tránsito por Guatemala. Este trabajo es fundamental para visibilizar las situaciones de riesgo y buscar soluciones que contribuyan a mejorar las condiciones de movilidad humana en el país.

Contexto nacional e importancia de la protección a migrantes

Guatemala se posiciona como un país de tránsito para miles de migrantes que buscan llegar principalmente a Estados Unidos. Este flujo constante genera retos significativos en materia de derechos humanos, seguridad y políticas migratorias. La vulnerabilidad de estas personas, muchas veces desprotegidas y expuestas a abusos, requiere una atención coordinada y efectiva por parte de las autoridades guatemaltecas.

En este sentido, la labor de la PDH representa un componente esencial para la vigilancia y promoción de los derechos de los migrantes, contribuyendo a que las instituciones implementen medidas concretas que mitiguen los riesgos identificados en este informe.

La constante documentación y seguimiento de estos casos es un llamado para reforzar las políticas públicas y mecanismos de protección que garanticen un tránsito seguro y digno para todas las personas migrantes que atraviesan Guatemala.