Perfil y trayectoria de los 10 nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad 2026-2031

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, órgano clave en la defensa del orden constitucional del país, definió recientemente la integración de sus magistrados para el período 2026-2031. Este tribunal estará conformado por cinco magistrados titulares y sus respectivos suplentes, designados por diferentes entidades estatales y académicas, quienes desempeñarán funciones hasta el año 2031.

Designación y composición de la nueva Corte

Las autoridades encargadas de designar a los magistrados fueron el Ejecutivo, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). Estas instituciones seleccionaron a profesionales con trayectoria en el derecho constitucional, litigio y defensa de derechos humanos.

Magistrados titulares y su experiencia

Gladys Annabella Morfín Mansilla (Ejecutivo)

Designada por el presidente Bernardo Arévalo, Morfín Mansilla es abogada y notaria con amplia experiencia en derecho constitucional y derechos humanos. Fue ministra de Trabajo entre 1993 y 1996, así como procuradora general de la Nación de 2016 a 2018. Además, ha ejercido la docencia universitaria y fundó el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon). Se ha manifestado públicamente sobre la importancia de proteger la confianza ciudadana en procesos electorales y la responsabilidad individual en actos ilícitos, enfatizando que la responsabilidad penal no debe recaer sobre las organizaciones políticas.

Roberto Molina Barreto (Congreso)

Molina Barreto, designado por el Congreso, cuenta con más de 12 años de experiencia como magistrado de la CC. Fue nombrado inicialmente en 2006 por el entonces presidente Óscar Berger y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia. También fue procurador general de la Nación en 2005. Durante su trayectoria ha defendido la independencia del tribunal y ha subrayado la importancia de respetar los procesos democráticos, citando sentencias emitidas en contextos electorales delicados.

Dina Josefina Ochoa Escribá (Corte Suprema de Justicia)

Designada por la Corte Suprema, Ochoa Escribá llegó por primera vez a la CC en 2016 y fue reelecta en 2021. Ha tenido un papel relevante en casos vinculados a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y procesos electorales. En 2023 fue incluida en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que señala a actores con presuntas conductas corruptas o antidemocráticas, lo que conllevó la cancelación de su visa.

Julia Marisol Rivera Aguilar (Universidad de San Carlos)

La Usac eligió a Rivera Aguilar con una mayoría en el Consejo Superior Universitario. Es abogada con experiencia vinculada a la universidad estatal y ha participado en asesorías legales durante procesos electorales universitarios. Rivera Aguilar ha sido señalada por organizaciones civiles debido a posibles vínculos familiares y profesionales dentro de la Usac, además de formar parte de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad.

Astrid Lemus Rodríguez (Colegio de Abogados)

Con trayectoria en litigio constitucional y asesoría jurídica, fue designada por el Colegio de Abogados y Notarios en un proceso marcado por allanamientos realizados por el Ministerio Público durante la jornada electoral. Lemus ha manifestado que estas intervenciones representaron una acción intimidatoria que atentaba contra la institucionalidad. También presentó acciones legales por posibles irregularidades en la elección universitaria que designó magistrados para la CC.

Magistrados suplentes y sus perfiles

María Magdalena Jocholá Tujal (Ejecutivo)

Abogada y notaria del pueblo maya kaqchikel, con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico. Ha desempeñado cargos en el Congreso, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala, y en la Defensoría de la Mujer Indígena. Además, ha asesorado en derechos humanos y ha trabajado en la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio Público y en la Secretaría Privada de la Presidencia.

Luis Alfonso Rosales Marroquín (Congreso)

Con una trayectoria en el ámbito legislativo y jurídico, Rosales fue diputado entre 2000 y 2004 por el Frente Republicano Guatemalteco, partido fundado por el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt. Participó en la defensa legal de Ríos Montt durante el juicio por genocidio. Además, ha asesorado a diputados y bancadas y tuvo vínculos con figuras políticas como Zury Ríos Sosa y el partido Valor.

Claudia Elizabeth Paniagua Pérez (Corte Suprema de Justicia)

Ha sido magistrada suplente en períodos anteriores y fue reelecta para el período 2026-2031. En su carrera reciente enfrentó cuestionamientos tras ser incluida en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que implicó sanciones como la revocación de su visa por presuntas conductas antidemocráticas.

José Aguirre Pumay (Universidad de San Carlos)

Actualmente dirige el Centro Universitario de Santa Rosa y ha estado vinculado como docente y asesor en la Usac. Su cercanía con la actual administración universitaria ha sido objeto de críticas. Además, ha tenido una participación activa en procesos electorales, postulándose para cargos municipales y legislativos con diferentes partidos políticos.

Luis Fernando Bermejo (Colegio de Abogados)

Abogado con experiencia en derecho constitucional, arbitraje y derecho internacional. Integró la plataforma gremial "Unidad por la Democracia" junto con Astrid Lemus Rodríguez. También presentó acciones legales destacadas, como la impugnación al Decreto 7-2025, que regulaba los Consejos Departamentales de Desarrollo, por posibles vulneraciones constitucionales.

Contexto y relevancia para Guatemala

La renovación de la Corte de Constitucionalidad se produce en un contexto de importantes debates sobre la institucionalidad y el respeto al Estado de derecho en Guatemala. La CC juega un papel crucial en la resolución de conflictos constitucionales y en la supervisión de procesos electorales y de justicia. La designación de magistrados con trayectorias diversas refleja los distintos intereses y equilibrios de poder entre las instituciones del Estado y la sociedad civil.

El desempeño de esta nueva integración será clave para el fortalecimiento del sistema jurídico y democrático guatemalteco durante los próximos cinco años. Su labor será fundamental para garantizar la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales en un escenario político y social complejo.