PNC podría devolver Q2 millones por tomógrafo nunca utilizado y abandonado

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala enfrenta la posibilidad de tener que devolver alrededor de Q2 millones por la compra de un tomógrafo que nunca fue instalado ni utilizado. La adquisición, realizada en 2020 durante la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, fue objeto de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de Cuentas (CGC),que detectó múltiples irregularidades en el proceso.

Según el reporte oficial de la CGC correspondiente al año 2025, el tomógrafo, cuyo objetivo era mejorar la atención médica a los agentes policiales, fue adquirido sin que la PNC contara con las condiciones técnicas ni la infraestructura adecuada para su uso. A pesar de que el equipo permaneció bajo garantía hasta octubre de 2025, nunca se aplicó porque la empresa proveedora, identificada como T. A. G., S.A., dejó de existir en el país, imposibilitando cualquier gestión para la reparación o instalación.

Detalle de la compra y deficiencias detectadas

La compra fue suscrita el 7 de octubre de 2020, en un contexto donde Guatemala atravesaba estados de excepción y la emergencia sanitaria demandaba respuestas rápidas. No obstante, el proceso no contempló aspectos fundamentales para la instalación de un equipo médico de alta tecnología como un tomógrafo.

• Falta de sala blindada: No se contaba con un espacio físico que cumpliera con las especificaciones técnicas para albergar el equipo.
• Inadecuada acometida eléctrica: La instalación eléctrica necesaria para operar el tomógrafo no estaba disponible en las instalaciones de la PNC.
• Ausencia de licencias y autorizaciones: No se gestionaron los permisos legales para la instalación y uso del aparato.

Estas deficiencias evidencian una planificación deficiente y falta de coordinación entre las áreas involucradas en la adquisición.

Impacto y consecuencias del equipo abandonado

El tomógrafo permanece en un estado de abandono desde su compra. Mientras tanto, el Hospital General San Juan de Dios y otras unidades médicas públicas continúan enfrentando la carencia de equipos similares, agravando la atención médica especializada en el país.

La CGC detalló que esta situación representa un menoscabo a los intereses del Estado y un riesgo de pérdida del recurso público debido al posible deterioro del equipo tras permanecer sin uso y sin mantenimiento. El objetivo inicial, que era mejorar los servicios de salud para el personal policial y sus familias en plena emergencia sanitaria, no se cumplió.

Acciones civiles y responsabilidades

El informe de la CGC incluye acciones civiles contra siete personas vinculadas al proceso de compra, entre ellas el exdirector general y el exsubdirector de la PNC, así como los responsables de los dictámenes y procesos administrativos. Cada uno enfrenta solicitudes de reintegro de aproximadamente Q285 mil 714.29.

Durante el proceso de auditoría, se reportó que varios funcionarios clave no asistieron a las reuniones convocadas para aclarar aspectos de la compra. Sin embargo, un médico asesor de la unidad de salud policial manifestó su desacuerdo con la adquisición debido a la falta de condiciones para la instalación del tomógrafo.

Además, se denunció un presunto acto de intimidación hacia este médico asesor, en el que agentes armados acudieron a su domicilio para exigir la firma de un documento que finalmente fue un dictamen favorable para la compra del equipo.

Contexto y relevancia para Guatemala

Esta situación pone en evidencia las dificultades que enfrentan las instituciones públicas para gestionar compras y proyectos durante situaciones de emergencia, como la pandemia. El hecho de que un equipo tan costoso y especializado no haya sido utilizado genera cuestionamientos sobre la vigilancia y la transparencia en el manejo de fondos públicos.

En un país donde el sistema de salud pública requiere fortalecimiento, y en momentos donde la infraestructura hospitalaria enfrenta limitaciones, la existencia de un tomógrafo abandonado en la PNC es un ejemplo de la necesidad de mejorar la planificación, supervisión y seguimiento de las adquisiciones estatales.

Perspectivas y próximos pasos

Actualmente, la Contraloría General de Cuentas mantiene abierto un expediente contra la Subdirección General de Salud de la PNC. Las acciones civiles buscan no solo la devolución del dinero, sino también sentar un precedente para evitar que situaciones similares se repitan.

La PNC debe esclarecer los hechos y colaborar con las investigaciones para definir las responsabilidades administrativas y legales. Paralelamente, es fundamental que las instituciones públicas implementen protocolos rigurosos para garantizar que las compras y proyectos respondan a necesidades reales y se ejecuten con eficiencia.

Este caso se suma a otros reportes de la CGC sobre irregularidades en el gasto público, lo que evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en Guatemala.