¿Por qué Guatemala sigue sin una ley de aguas? Cuatro décadas de intentos fallidos y una crisis sin resolver

Angélica* se acercó, como todas las mañanas, al pozo artesanal que abastecía a varias familias en una localidad rural al norte de la capital guatemalteca. El dueño de la fuente de agua generosamente había permitido por años que bullangueros niños y mujeres se abastecieran del líquido.

Esa mañana Angélica se llevó la sorpresa de su vida. La noche anterior la fuerte lluvia hizo colapsar la capacidad de un desagüe de colonias vecinas que pasaba cerca del pozo y había crecido tanto que se desbordó de su cauce y las aguas servidas se filtraron por todos lados.

Hacia la media mañana ya todos veían con tristeza alrededor del pozo el agua que sacaban: un líquido turbio con olor nauseabundo. Su gran proveedor de agua se había contaminado.

Angélica no vive en un país pobre en agua. Vive en Guatemala: uno de los países con una gran riqueza hídrica.

Pese a esta riqueza hídrica, Guatemala es el único país de Centroamérica que no cuenta con una ley de aguas, lo que impacta negativamente en la calidad de vida de su población, que cada vez ve más limitado el recurso, muchas veces contaminado o racionado.

¿Qué es la ley de aguas?

Desde el 2016, un documento expedido por el Congreso de la República, explica que la ley marco del agua tiene por objetivo “regular todo lo relativo en general a los recursos hídricos existentes en el país, sean estos superficiales, subterráneos, residuales, atmosféricos y de cualquier otra naturaleza, en sus distintas fases, formas y estados físicos, así como lo relativo a su dominio público, conservación, protección, manejo, gestión, administración, aprovechamiento, uso y goce”.

En uno de los considerandos, dicho documento cita a las Naciones Unidas, en su resolución 64/292, de fecha 28 de julio del 2010, en donde se reconoció que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, reconocimiento asumido a su vez en forma explícita por el Consejo de Derechos Humanos de esa organización.

En un video explicativo, publicado en la red Facebook, en junio del 2025, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn),concretizaba la ley de aguas como “el primer paso para que Guatemala asegure el agua para las presentes y futuras generaciones, poniendo reglas claras para proteger las fuentes y garantizar el acceso justo y equitativo para todas y todos”.

Y en enero del 2026, el Consejo Económico y Social de Guatemala (CES),tildaba la regulación y gestión del recurso hídrico como “una de las deudas históricas más urgentes del país”.

Intentos estériles

Desde 1985, la Constitución Política de Guatemala establece, en su artículo 127, que debe existir una ley específica que regule el régimen de aguas en el país: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia”.

Es decir, la propia Constitución lleva más de 40 años esperando que el Congreso cumpla con legislar el acceso y uso del líquido.

Entre sombras y luces, cada gobierno promete. Cada legislatura posterga. Y mientras tanto, el agua se contamina, los acuíferos bajan su nivel, y las comunidades más vulnerables siguen siendo las que más pagan el precio, como ya lo han demostrado sendos estudios de instituciones públicas y privadas.

Como lo confirma Prensa Libre, citando a la agencia EFE en un artículo de marzo del 2017, Guatemala es el único país de Centroamérica sin una ley de aguas. Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, e incluso Belice, tienen algún marco legal que regula el uso, acceso y protección del agua.

¿Por qué no avanza?

Según expertos que han estudiado el tema durante años, como el ingeniero agrónomo Antonio Reyes Romero, ha habido tres fuerzas que bloquean la ley: la falta de voluntad política del Ejecutivo y el Legislativo, la oposición de sectores pudientes que no quieren que se regule el acceso al agua, y la desconfianza histórica de algunas comunidades indígenas que temen perder el control sobre sus fuentes ancestrales.

Para Reyes Romero, quien durante años se ha dedicado a monitoreos del recurso en áreas del norte del departamento de Guatemala, a pesar de que ha habido mesas de trabajo para tratar el tema, intereses personales han evitado su aprobación.

“Definitivamente es urgente aprobar esa ley lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el agua es un bien natural que debería ser gratuito para la población, porque así fue creada”, dijo Reyes Romero, quien gregó que, lamentablemente, hoy se lucra con ella.

Hasta ahora, el resultado de los esfuerzos es una ley que todos dicen querer, pero que nadie termina de aprobar.

La ciencia habla, nadie escucha

En el 2022, investigadores de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG),junto con RTI International (Research Triangle Institute, en inglés),analizaron el agua del grifo en 113 hogares de la Ciudad de Guatemala. Los resultados fueron incómodos: en el 63% de los hogares, al menos un metal superó el límite máximo permisible establecido por la ley guatemalteca. El arsénico, un compuesto asociado a enfermedades neurológicas, renales y cáncer, apareció fuera de norma en el 33.6% de las muestras. El plomo, en el 8.9%.

Ese mismo año, un consorcio formado por la Fundación para la Conservación del Agua en la Región Metropolitana de Guatemala (Funcagua),la Universidad del Valle de Guatemala (UVG),la Universidad Rafael Landívar (URL),y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),publicó el Informe del Estado del Agua de la Región Metropolitana de Guatemala. Su diagnóstico fue claro: la ciudad crece, la demanda de agua crece, pero la infraestructura no. Y encima, el cambio climático reducirá la disponibilidad futura del recurso.

En el 2025, el Ministerio de Salud guatemalteco vigiló seis mil 412 sistemas de abastecimiento de agua en todo el país; el resultado, más de la mitad no cumple con las normas de calidad.

Human Rights Watch (HRW) publicó en julio de 2025 un informe de 92 páginas titulado Sin agua, no somos nada, basado en entrevistas con 108 personas en comunidades indígenas de Jalapa, Santa Rosa y Totonicapán, y en solicitudes de información al propio gobierno guatemalteco.

En pocas palabras, no se le puede decir a una comunidad con certeza científica: esta fuente de agua es segura, o esta no lo es.

El costo de no hacer nada

Esto no es solo un problema técnico o político. Es un problema de vidas humanas.

Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad en Guatemala por causas relacionadas con agua insegura y saneamiento deficiente fue de 15.3 muertes por cada cien mil habitantes en el 2019. Más del doble que en cualquier otro país de Centroamérica.

Casi uno de cada dos niños menores de cinco años en Guatemala sufre desnutrición crónica. Y la desnutrición y el agua están profundamente conectadas: los hogares sin acceso a agua y saneamiento adecuado tienen un 70% más de probabilidades de padecer inseguridad alimentaria.

Las mujeres son quienes más cargan este peso, literal y figuradamente. Dos tercios de las personas adultas que reportan acarrear agua son mujeres. Horas que no se dedican a estudiar, a trabajar, a descansar. Horas que el sistema les roba, porque nadie garantiza el derecho al agua.

Otro dato que pone el problema en perspectiva: Guatemala tiene más agua dulce por persona que la mayoría de países del mundo, según un informe de Human Right Watch, publicado en mayo del 2025.

Así también, el informe del Consejo Económico y Social de Guatemala advertía de esta abundancia: “aunque Guatemala cuenta con una alta disponibilidad de agua, la capacidad de almacenamiento es menor al 2%, lo que implica que cerca del 98% del recurso se escurre sin ser aprovechado (…) “a ello se suma una crisis de contaminación y sobreexplotación de aguas subterráneas”.

Así, entonces, el problema no es la cantidad de agua. El problema es la gestión, o más bien, la ausencia de ella.

¿Y ahora qué?

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo anunció en el 2024 su intención de presentar una ley de aguas ante el Congreso en el 2025. Para ello, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales lanzó un proceso participativo nacional, consultas regionales, foros académicos, mesas de trabajo, y de esta manera construir una propuesta con consenso.

Es un primer paso real. Si hubiera voluntad política de verdad, la iniciativa ya estaría en el Congreso. Un proceso participativo que dura meses puede ser un avance genuino, o puede ser otra forma de postergar lo inevitable, de acuerdo con Reyes Romero.

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Para el ingeniero Reyes Romero, la sociedad guatemalteca debe organizarse y hacer más presión en el Congreso para que la ley de aguas sea aprobada, “antes de que se privatice todas las fuentes de agua, tanto subterránea como superficiales”.

Mientras tanto, pobladores como Angélica siguen en el limbo. El pozo, alguna vez fresco y claro, continúa contaminado.

Angélica y su familia, al igual que los pobladores vecinos, ahora deben comprarles entre Q10 y Q15 el tonel de agua, y más de Q100 el tinaco, a camiones cisterna o por garrafones rellenados con un líquido fuera de control sanitario de “plantas purificadoras” que han proliferado vertiginosamente en el país, en áreas donde el salario mínimo al día para actividades no agrícolas es de Q131.58 diarios.

Todo porque, como recuerda Reyes Romero, la nación carece de una voluntad política que, a diferencia del agua, no cae del cielo…

*Angélica: nombre ficticio.

Este es un reportaje colaborativo en el marco del Curso de Periodismo Científico, impartido por la comunicadora social, periodista científica, investigadora, editora y docente colombiana Lisbeth Fog, auspiciado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt),del Gobierno de Gutemala.