Postuladora del MP enfrenta retrasos en calificación y prioriza amparo contra jueces

La comisión de postulación encargada de seleccionar al nuevo Fiscal General de Guatemala atraviesa una jornada marcada por desacuerdos y retrasos en la fase de calificación de aspirantes. Hasta la tarde del 16 de abril de 2026, el proceso se mantiene detenido debido a la falta de consenso en la evaluación de al menos un expediente, lo que genera incertidumbre en el cronograma previsto para integrar la nómina final de candidatos.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la comisión, Claudia Paredes, ha propuesto priorizar la atención de un recurso de amparo que podría excluir a los jueces de carrera del proceso de selección, en medio de la compleja dinámica que vive la postuladora.

Desacuerdos en la calificación retrasan proceso

La comisión tiene programado concluir la etapa de calificación el 16 de abril, fecha límite para evaluar a los aspirantes que buscan dirigir el Ministerio Público (MP) durante el periodo 2026-2030. Sin embargo, a últimas horas de la jornada, la evaluación de 15 abogados, entre ellos el profesional César Augusto Ávila Aparicio, quedó detenida por discrepancias en la aplicación de la tabla de gradación.

Esta herramienta mide aspectos académicos, profesionales y éticos de los participantes. En el caso de Ávila, la comisión acreditó una nota de 64.13 sobre 100, pero la mayoría de los comisionados cuestionaron la validez de esa calificación, principalmente debido a una certificación que acredita los años de ejercicio profesional. Algunos miembros consideran que dicha certificación, emitida por un colega y no por una institución oficial, no cumple con los requisitos para ser considerada válida.

Estas diferencias han provocado dos recesos prolongados de más de 30 minutos y aún no se ha alcanzado un consenso. Además, la comisión debe calificar a otros 14 aspirantes pendientes, lo que genera preocupación respecto a los tiempos establecidos para entregar la nómina final.

Respuesta al amparo y debate sobre exclusión de jueces

Ante la falta de acuerdos, Claudia Paredes sugirió que la comisión priorice la elaboración de un informe en respuesta a un amparo presentado por el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón). Este recurso busca excluir a los jueces de carrera del proceso de postulación al argumentar que su experiencia profesional no es equiparable a los 10 años de ejercicio de la abogacía o a la trayectoria requerida como magistrado de Corte de Apelaciones, según lo estipulado en la ley.

La presidenta de la CSJ enfatizó que la defensa del derecho constitucional involucrado no debe relegarse a último momento, ya que podría afectar el avance del proceso y generar responsabilidades para la comisión. Por su parte, la secretaria de la comisión y presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang),Patricia Gámez, aseguró que todavía cuentan con el tiempo suficiente para responder al amparo, cuyo plazo vence el 17 de abril a las 14 horas.

Gámez defendió la independencia de la comisión y destacó que mientras no exista una determinación definitiva, los amparos no deberían tener fundamentos legales para detener el proceso. Sin embargo, el tema quedó pendiente y la comisión retomó un nuevo receso, prolongando la demora en la calificación de los aspirantes restantes.

Implicaciones y análisis de observadores

El retraso y la falta de consenso han despertado diversas interpretaciones. Un observador de la organización política Aire señaló que estas dificultades podrían estar motivadas por una estrategia para ganar tiempo ante posibles avances en los recursos legales que amenazan el proceso. Según esta perspectiva, algunos podrían estar sopesando elementos para favorecer a ciertos candidatos mientras esperan notificaciones judiciales.

En contraste, un observador independiente señaló que el ritmo pausado podría obedecer a un análisis más riguroso que busca evitar impugnaciones futuras. Durante los primeros días de calificación, el proceso ya ha enfrentado críticas y cuestionamientos de varios aspirantes. Mantener la calidad en la evaluación sería fundamental para garantizar una transición ordenada y legítima.

Marco legal y función de la nómina final

La comisión de postulación debe entregar una lista con seis candidatos al presidente de la República, quien elegirá al nuevo Fiscal General para el cuatrienio 2026-2030. En este contexto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha señalado que, aunque el presidente puede rechazar la nómina por no cumplir requisitos, esta acción no está regulada expresamente en la ley guatemalteca.

Sobre este punto, Patricia Gámez señaló que la legislación no contempla escenarios específicos sobre la devolución de la nómina y que cada autoridad debe actuar conforme a sus competencias y responsabilidades. La secretaria de la comisión evitó especular sobre posibles acciones del mandatario Alejandro Giammattei ante la entrega de la lista de candidatos, destacando que esta decisión corresponde exclusivamente a su facultad.

Conclusión

El proceso de selección del Fiscal General en Guatemala enfrenta actualmente obstáculos que retrasan la evaluación de aspirantes, especialmente por discrepancias en la aplicación de criterios y la presencia de recursos legales que cuestionan la inclusión de jueces de carrera. La comisión de postulación busca equilibrar la necesidad de avanzar con el respeto a los derechos constitucionales y la independencia del proceso.

El desenlace de esta etapa será determinante para la legitimidad del próximo titular del Ministerio Público y para la confianza en la institucionalidad del país. El plazo para entregar la nómina final se acerca, y la capacidad de la comisión para resolver las diferencias y responder a los recursos legales será clave para evitar mayores retrasos y garantizar un proceso transparente y ajustado a derecho.