Presupuesto 2027: alertan por 2 mil nuevas plazas y mayor deuda en año electoral

El proyecto de presupuesto para el año electoral 2027 contempla un aumento de 2 mil puestos de trabajo en Secretarías de la Presidencia y otras dependencias del Ejecutivo, equivalente a 28% más respecto del nivel actual, una de las asignaciones que genera preocupación entre organizaciones especializadas en economía y finanzas públicas.

La Red de Centros de Pensamiento, integrada por Asies, Cien, Icefi, Flacso Guatemala, Fundesa, Fundación 2020 y Fundación Libertad y Desarrollo, advirtió este 4 de octubre sobre el crecimiento del gasto, el endeudamiento y determinadas asignaciones contempladas en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo presentó al Congreso para su discusión y aprobación.

Según el pronunciamiento, las asignaciones para las Secretarías de la Presidencia y otras dependencias del Ejecutivo aumentarían 38% respecto del 2026. Los principales incrementos corresponden al Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala (Fodigua), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).

Además, en este grupo de instituciones se contempla la creación de 2 mil puestos de trabajo, 28% más respecto del nivel actual. La Red de Centros de Pensamiento señala que ese incremento, previsto para un año electoral, genera dudas sobre el objetivo de las nuevas contrataciones.

Gasto crecería 14%

La preocupación por las contrataciones forma parte de un cuestionamiento más amplio sobre el crecimiento del gasto público previsto para el próximo año.

De acuerdo con la Red de Centros de Pensamiento, el nivel de gasto propuesto para el 2027 es 14% mayor que el presupuesto vigente del 2026 y daría lugar a un déficit fiscal equivalente al 4.4% del producto interno bruto (PIB).

El documento compara ese nivel de déficit con el registrado en el 2020, cuando se ejecutaron programas de emergencia para enfrentar la pandemia de covid-19 y se autorizó endeudamiento extraordinario para financiarlos.

Para cubrir el déficit previsto para el próximo año, el proyecto propone una emisión de bonos del Tesoro por Q42 mil 750 millones, cantidad que casi duplica lo autorizado para el 2026.

Más de la mitad de los bonos financiaría funcionamiento

Otro de los cuestionamientos se refiere al destino que tendría el nuevo endeudamiento.

Según el análisis, 53.6% del endeudamiento mediante bonos propuesto para el 2027 se destinaría a financiar gastos de funcionamiento, lo que profundizaría la tendencia de utilizar deuda para cubrir gastos recurrentes.

La Red de Centros de Pensamiento advierte que, en el largo plazo, esta práctica puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas e incrementar el costo del financiamiento requerido para cubrir la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado.

Ingresos crecerían menos que los gastos

El análisis también señala una diferencia entre el comportamiento previsto de los ingresos y el crecimiento del gasto.

La recaudación tributaria, principal fuente de recursos públicos, crecería menos que los gastos durante el 2027. Mientras tanto, la carga tributaria se mantendría alrededor del 12% del PIB, nivel que, según el documento, permanece casi constante desde el 2021.

Como consecuencia, los ingresos totales del Gobierno provenientes de impuestos y otras fuentes serían menores que los gastos de funcionamiento programados para el 2027, según la Red.

Codedes mantienen aporte extraordinario

Los recursos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) constituyen otro de los puntos de alerta señalados por las organizaciones.

El proyecto mantiene la programación de un aporte extraordinario para los Codedes, una práctica que, según el pronunciamiento, comenzó durante el gobierno anterior y se ha profundizado en la actual administración.

Además, señala que el presupuesto vigente de los Codedes para el 2026 supera los Q15 mil millones, cantidad similar al presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

También cuestiona la posibilidad de que los recursos que no sean ejecutados durante un año permanezcan disponibles para el siguiente, debido a que, a criterio de las organizaciones, ese mecanismo propicia que persista la ineficiencia.

Como ejemplo, señala que los Codedes ejecutaron 62% de los recursos asignados durante el 2025 y que, a inicios de octubre del 2026, la ejecución no superaba el 30%.

A ello agrega cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los fondos y advierte que esta situación podría agudizarse durante el año electoral.

Presupuesto sin suficiente evaluación de resultados

Otro señalamiento se relaciona con la aplicación de la Ley Orgánica del Presupuesto y la evaluación de los resultados obtenidos con los recursos públicos.

Según la Red, persiste la falta de aplicación efectiva de los mandatos relacionados con los resultados estratégicos, debido a que estos continúan desvinculados de las asignaciones presupuestarias.

Aunque el proyecto incluye indicadores y metas, las organizaciones señalan que no se les da seguimiento ni se evalúan los resultados del año anterior como fundamento para determinar las solicitudes de recursos del ejercicio siguiente.

Advierten riesgo para la disciplina fiscal

Para la Red de Centros de Pensamiento, los elementos identificados en el proyecto confirman una tendencia negativa en la gestión de las finanzas públicas que, de persistir, podría poner en riesgo la disciplina fiscal que ha caracterizado al país durante décadas y que constituye una de las bases de su estabilidad macroeconómica.

Ante ese escenario, las organizaciones hicieron un llamado al Congreso de la República y a los diputados, como responsables de aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para que revisen el proyecto.

En concreto, solicitaron revertir la tendencia de gasto público expansivo en año electoral y de endeudamiento público creciente.

También cuestionan cambios tributarios

La Red agregó una advertencia sobre las modificaciones a la legislación tributaria y pidió al Congreso revertir aquellas que, según su pronunciamiento, carezcan de respaldo técnico y respondan a motivaciones electorales.

Asimismo, considera necesario que el Legislativo deje de aprobar nuevas obligaciones de gasto sin establecer claramente cómo serán financiadas.

El documento cita el artículo 240 de la Constitución Política de la República y sostiene que obligar al Ejecutivo a efectuar readecuaciones presupuestarias o utilizar saldos de caja no cumple con el requisito de definir una fuente específica de financiamiento.