Presupuesto 2027: analistas alertan por déficit fiscal de 4.4% y mayor deuda pública

Luego de conocerse la iniciativa de presupuesto para el ejercicio fiscal del 2027, surgieron diversas reacciones, y una de las principales preocupaciones es el déficit fiscal propuesto de 4.4%.

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El Ministerio de Finanzas presentó el proyecto de presupuesto para el 2027, que será conocido por el Congreso de la República. La propuesta ya genera preocupación por el monto planteado y, sobre todo, por la forma en que se financiará.

El presupuesto plantea Q131 mil 635 millones de ingresos tributarios, que representarán el 68.5% del total. A la vez, se solicitará al Congreso de la República un cupo de deuda bonificada por Q42 mil 750 millones, equivalente al 22% del total, que se convertirá en deuda pública si es aprobado por los diputados.

Por saldo de caja y bancos se proyectan Q8 mil 565 millones y, por préstamos externos, Q2 mil 869 millones.

El déficit fiscal propuesto es de 4.4% del producto interno bruto (PIB).

Alerta por déficit fiscal

El proyecto merece una discusión mucho más profunda que simplemente decir si Q192 mil millones es mucho o poco, advirtió Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Consideró que la principal preocupación está en su composición y en la velocidad con que se amplía el compromiso fiscal del Estado.

Indicó que para el 2027 se plantea un déficit de 4.4% del PIB, una deuda cercana al 29.4% del PIB y, sobre todo, un hecho que debe llamar la atención: los gastos corrientes, por Q147.6 mil millones, superarían los ingresos corrientes, estimados en Q137.7 mil millones. Es decir, aparece un déficit corriente cercano a Q9 mil 800 millones.

“Eso va en dirección contraria a un principio básico de sana política fiscal recogido incluso en el Pacto Fiscal: los ingresos ordinarios deberían financiar el funcionamiento del Estado y generar ahorro para inversión, no depender crecientemente del endeudamiento”, advirtió.

Aclaró que eso no significa que Guatemala esté frente a una crisis de deuda, pues los niveles siguen siendo manejables. La pregunta correcta es para qué se está utilizando ese espacio fiscal.

Además, aunque el presupuesto presenta Q38 mil millones como inversión, alrededor del 77% corresponde a transferencias de capital y solamente unos Q8 mil 200 millones son inversión real directa. “Por eso el reto no es únicamente asignar más dinero, sino demostrar que el Estado y los distintos ejecutores tienen capacidad para transformar esos recursos en carreteras, agua, hospitales, escuelas y otros resultados concretos. El antecedente reciente muestra que funcionamiento y deuda se ejecutan mucho mejor que la inversión”, señaló.

Más gasto no garantiza resultados

Christa Walters, presidenta ejecutiva del Movimiento Cívico Nacional (MCN), declaró que el país no necesita un Estado que gaste más, sino uno que funcione mejor.

Por eso, la discusión del gasto cada año se centra en si el techo es más alto o no. Pero, en realidad, no solo preocupa la elevada cifra, sino también si se está priorizando correctamente lo que los ciudadanos necesitan y, por ende, la calidad del gasto público.

Para el 2027 se plantea un déficit de 4.4% del PIB, una deuda cercana al 29.4% del PIB y, sobre todo, un hecho que debe llamar la atención: los gastos corrientes, por Q147.6 mil millones, superarían los ingresos corrientes, estimados en Q137.7 mil millones.

Remarcó que un presupuesto históricamente grande no es sinónimo de logros o avances. Por eso, hay que preguntarnos como ciudadanos qué resultados percibimos en la mejora de los servicios o en una buena administración por los miles de millones adicionales que está pidiendo el Gobierno.

Déficit fiscal amenaza estabilidad

El analista independiente Fredy Arizmendy Gómez afirmó que el presupuesto es una de las variables importantes para la estabilidad macroeconómica del país, por lo que tiene incidencia en la economía nacional.

Explicó que el proyecto de presupuesto contempla, entre sus distintos rubros de información, indicadores macroeconómicos.

Entre las implicaciones de la iniciativa está el déficit fiscal.

“Es notable que hemos venido de déficits históricamente controlados. Si bien no hay una receta, siempre hemos estado alrededor del 1.2% como máximo. Hay que recordar que este déficit aprobado está alrededor del 3.6% en el 2026 y se espera que cierre así. Ahora se está aumentando hasta el 4.4% y uno podría preguntarse qué implicaciones puede tener un déficit tan alto”, remarcó.

En este caso, lo primero y más importante es su efecto potencial sobre la inflación. Ejemplificó que un déficit que empieza a alcanzar niveles que nunca se habían visto en la historia reciente de la macroeconomía implica un efecto financiero en la inflación.

Esto obliga a una política monetaria diferente ante un déficit de ese tamaño.

Remarcó que otro aspecto es que Guatemala, a diferencia de otros países, tiene altos niveles de pobreza, por lo que la variación de precios es uno de los indicadores que más afecta a la población en pobreza.

“Es como se dice, por tapar un agujero se abren otros. Es un déficit pronunciado de este tipo que puede tener efectos en la inflación y también afectar a la pobreza. Esto hay que conjugarlo con otros factores más macroglobales, que es el tema del efecto del fenómeno de El Niño y la evidente sequía”, advirtió.

Gómez recordó que Guatemala se ha conducido de forma prudente en términos macrofinancieros, pero con lo que se plantea en cuanto al déficit fiscal no se tienen registros similares en la historia reciente. “Son déficit que están fuera de la proporción por completo”, resaltó.

Presupuesto eleva riesgos fiscales

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explicó que se han identificado algunos hallazgos en el planteamiento presupuestario.

El proyecto entregado supera en Q10 mil 481.9 millones el techo preliminar anunciado. En julio y agosto del 2026, el Ministerio de Finanzas Públicas comunicó un techo indicativo de Q181 mil 563.2 millones. El proyecto remitido formalmente asciende a Q192 mil 45.1 millones, 5.8% más. “Es un cambio de magnitud considerable en menos de un mes que no ha sido acompañado de una explicación técnica pública detallada”, resaltó.
El crecimiento real del gasto es de 13.8%, no de 7.5%. Frente al presupuesto vigente del 2026, de Q168 mil 767.3 millones, el incremento es de Q23 mil 277.8 millones. Frente al Decreto 27-2025, aprobado originalmente por el Congreso para el 2026 por Q163 mil 469.3 millones, el aumento es de 17.5%. “El gasto crece muy por encima del crecimiento nominal del PIB proyectado por el Banco de Guatemala en 7.2%”, añadió.
El déficit fiscal es de Q48 mil 300.1 millones, equivalente al 4.4% del PIB. La cifra oficial de 3.7% publicada en agosto corresponde al techo preliminar de Q181 mil 563.2 millones. Recalculado sobre el techo efectivamente remitido y descontando amortizaciones de Q5 mil 884.1 millones, el déficit resulta 0.7 puntos del PIB por encima de lo comunicado. El cálculo cuadra exactamente por dos vías independientes.
El pago de intereses supera el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Los intereses y comisiones de la deuda ascienden a Q18 mil 717.0 millones, por encima de los Q18 mil 615.5 millones asignados a Salud Pública. Equivalen al 14.2% de los ingresos tributarios proyectados, un indicador que las calificadoras vigilan de cerca.
Casi tres de cada 10 quetzales del presupuesto se financian con deuda o con caja. Las fuentes financieras suman Q54 mil 184.2 millones: Q42 mil 750.0 millones en bonos del Tesoro, Q2 mil 869.1 millones en préstamos externos y Q8 mil 565.1 millones de disminución de disponibilidades de caja. Los ingresos corrientes cubren únicamente el 71.7% del gasto propuesto.
Más de la mitad de la inversión se traslada a municipalidades y consejos de desarrollo. Las municipalidades, con Q14 mil 966.7 millones, y los Codedes, con Q6 mil 185.4 millones, concentran Q21 mil 152.2 millones, equivalentes al 54.8% de todo el presupuesto de inversión, en estructuras con capacidad de ejecución heterogénea y antecedentes documentados de debilidad en los controles.
El proyecto amplía de forma sustantiva las excepciones al régimen de contrataciones. Los artículos 27, 114, 142 y 143 habilitan la contratación directa o la exención expresa de la Ley de Contrataciones del Estado para el Fondo Emergente, puentes modulares, el proceso electoral del 2027 y una lista amplia de sectores bajo la modalidad Gobierno a Gobierno. Es el punto de mayor riesgo del proyecto para la certeza jurídica y la competencia.