Presupuesto 2027: analistas cuestionan pactos para aprobar leyes que no atienden las grandes demandas

Guatemala

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La negociación política alrededor del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027 estaría favoreciendo la aprobación, por urgencia nacional, de nuevas leyes que benefician a determinados grupos sociales.

Analistas opinan que ese margen de negociación se está desperdiciando porque las leyes aprobadas no responden a las grandes demandas de la población, como el costo de la canasta básica, la infraestructura o la inseguridad.

Diputados que prefieren no ser citados señalan que la Ley del Metroriel, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Cine y la Ley del Fondo Nacional de Becas se aprobaron en medio de negociaciones sobre cuotas de gasto para el próximo año y sin debate. Bajo ese mismo esquema avanzaría la aprobación del presupuesto, cuyo dictamen podría estar listo el próximo 24 de noviembre.

Las fuentes no descartan que, antes de que el Congreso discuta el presupuesto nacional, el oficialismo impulse la aprobación de nuevas leyes bajo el mismo esquema.

Los entrevistados señalan que la práctica de aprobar proyectos de ley poco o nada discutidos, que en ocasiones ni siquiera cuentan con dictamen, también fue frecuente en la legislatura pasada.

Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, del partido Vamos, también se impulsaron decretos de urgencia nacional con poco sustento técnico, una práctica que ahora reproduce la alianza liderada por diputados afines al presidente Bernardo Arévalo.

Decretos y dinero para campaña

El gobierno de Arévalo trasladó al Congreso un proyecto de presupuesto por Q192 mil millones, que, de ser aprobado, dejaría en manos de los políticos el mayor presupuesto de la historia y en un periodo electoral.

Para Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, esta negociación en torno a los últimos decretos tiene como fin conseguir insumos para promocionar una gestión de aparentes logros para la campaña política.

“El Congreso ha utilizado una facultad que le otorga la ley con la urgencia nacional, pero el tema es entender la necesidad de aprobar de esa forma cada una de las leyes, son incentivos para las elecciones 2027”, indica.

César Vega, de Acción Ciudadana, identifica que además de promocionar las nuevas leyes en la fase de campaña, algunos políticos estarían negociando la distribución de recursos púbicos a sus distritos para que también se puedan usar durante la campaña.

“El oficialismo está negociando de forma torpe el presupuesto, da mucho y pide poco, da mucho en presupuesto con Codedes, y no ha conseguido nada significativo para el país”, indican.

Con el aparente control político que tendría en estas semanas el oficialismo con el presupuesto nacional, Solórzano también considera que las negociaciones tendrían que apuntalar leyes de beneficio nacional.

“Creo que el Congreso está fallando en representar a la población. Ellos en temas grandes no comandan, como con la CC, pero cada diputado tiene responsabilidad”, indica.

Poca transparencia

Vega destaca la forma poco transparente con la que se están aprobando leyes, dinámica que Movimiento Semilla criticó cuando lo hacía el partido Vamos y sus entonces aliados.

“La práctica de legislar de urgencia nacional se está consolidada en todas las legislaturas, se aprueban leyes con poca transparencia, con amplios márgenes y riesgos de corrupción que dejan poco beneficio a la población”, apunta.

La forma en que responden algunos diputados le permitiría al oficialismo conseguir mejores decretos, aprovechando el periodo de negociación del presupuesto, pero Vega no identifica estrategia o visión a largo plazo.

“Responde a un oficialismo sin iniciativa de nada, una bancada poco ágil, entonces para un diputado transaccional es fácil, frente a un gobierno sin iniciativa y negociadores que ofrecen mucho”, señala.

La posible razón para que la negociación no incluya temas nacionales como combate a la delincuencia, ley de compras y contrataciones, incluso reformas robustas en materia ambiental y educación, se debe a que serán los discursos de campaña para 2027, según Solórzano.

“Hay temas que son deudas historias del Congreso, que incluso diputados actuales han tildado como prioridades, pero en la práctica se mantienen engavetadas, hay que revisar todas esas promesas vacías que van a servir para campaña política”, concluyó.

Los dirigentes del oficialismo en el Congreso son los diputados Victoria Palala y José Carlos Sanabria. Palala no ha respondido la comunicación, mientras que Sanabria indicó que al salir de una reunión estaría informando para conversar.