Presupuesto 2027: bonos, aumentos y pensiones presionan el gasto público

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Salubristas, exsoldados y maestros buscan que los diputados del Congreso de la República atiendan sus demandas económicas para que sean incluidas en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del 2027, que tiene como plazo para su aprobación el próximo 30 de noviembre.

A criterio de Pedro Prado, coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), estos grupos de presión surgen en este momento porque las agrupaciones ven una oportunidad para que se consideren sus solicitudes.

El mayor problema, explica Prado, es que los sectores no tienen claro que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado es un instrumento financiero que permite concretar las políticas públicas, pero que está limitado por los ingresos.

“El Congreso de la República ha tenido la mala práctica de aprobar leyes que comprometen el Presupuesto por el lado del gasto, pero no ha sido igual la reflexión en el análisis fiscal, en torno a de dónde van a salir esos recursos, porque eso es impopular, a nadie le gusta pagar impuestos”, agregó el economista.

En la lista de demandas y necesidades, el analista indicó que hay prioridades, como la desnutrición infantil, la inseguridad alimentaria y la infraestructura productiva, temas que deben ser abordados de manera técnica y responsable.

Para Prado, atender las demandas de los salubristas, exmilitares y maestros resulta una acción de “apagando fuegos”, mientras que el gasto se focalizaría en asuntos que no son prioridad para la población.

El desafío está en el Congreso, en donde los diputados han escuchado los planteamientos de los sectores laborales y de los funcionarios; sin embargo, la decisión debe tomarse de manera técnica, lejos del criterio político para mantener el balance presupuestario.

Tiempo de pedir

Los salubristas demandan mejoras económicas que, de atenderse, deben presupuestarse para el 2027.

El Sindicato Nacional San Juan de Dios busca la aprobación de la iniciativa 6813, la ley para declarar el Día Nacional del Salubrista, que pretende establecer una fecha para reconocer la labor de los trabajadores del ramo y otorgarles un bono único de Q4 mil al personal por contrato, al de los renglones permanentes y a estudiantes de Enfermería, Trabajo Social, Psicología y Medicina.

“Nuestra intención y lo que hemos planteado en el Congreso es que quede establecido este año”, indicó Carlos Noé Santos Urías, secretario general del movimiento sindical.

El Sindicato Nacional San Juan de Dios también pide la aprobación de la iniciativa 6828, que representa un impacto económico sustancial para el Estado en el 2027. Esta contempla el traslado de los trabajadores por contrato temporal a un renglón permanente, así como la reclasificación de puestos, que también incluiría la modificación salarial.

Pero estas no son las únicas demandas económicas de los salubristas. De aprobarse las dos leyes, estas tendrían que incluirse en el presupuesto del próximo año para su financiamiento.

Un tercer eje de presión viene de otro sindicato salubrista, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Guatemala (SNTSG), que el pasado 3 de noviembre llegó a la sede del Ministerio de Finanzas Públicas para exigir un aumento salarial de Q2 mil, sin distinción de renglón de contratación, pues sus integrantes aseguran que el Ministerio de Salud ya trasladó la petición de dicho incremento a la cartera del Tesoro y ahora solo resta cumplirla.

Frente al Congreso

Desde el 31 de agosto, un grupo de la Asociación de Exsoldados y Especialistas del Ejército de Guatemala (Adegua) permanece en la 8a. avenida de la zona 1, frente al Palacio Legislativo, para exigir que se apruebe la iniciativa 6565, la cual pretende reformar la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto 63-88, para que quede establecido por ley un incremento de Q1 mil en las pensiones de veteranos y personas con discapacidad del Ejército.

Marvin Enrique Méndez Agustín, presidente de la organización, señaló que la propuesta ha estado en la agenda legislativa ocho veces, pero todavía no ha conseguido que sea leída.

“Esta iniciativa ya no necesita fuente de financiamiento, porque el beneficio ya se dio en el decreto 3-2026; pero nos interesa que la iniciativa se apruebe, para que no quedemos fuera en futuros incrementos a las clases pasivas civiles del Estado”, explicó Méndez Agustín.

La Adegua espera que la iniciativa 6565 se apruebe antes de la discusión del Presupuesto 2027.

“Nuestro plan es estar acá hasta que los diputados se vayan de vacaciones, y si en ese tiempo no fuera posible su aprobación, continuaremos el otro año, del 15 de enero en adelante”, insistió Méndez Agustín, quien durante el tiempo que lleva junto a su grupo apostado frente a la Casa Larrazábal, tuvo que ser operado de emergencia por problemas de salud y convaleciente regresó para apoyar a sus compañeros. Durante los más de dos meses que han permanecido en el plantón, dijo Méndez Agustín, dos compañeros de del grupo han fallecido.

Exigencia magisterial

La principal demanda de los maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) es que el Congreso apruebe un aumento de la cuota diaria de alimentación escolar para el sector público. Piden Q25 por estudiante y, de aprobarse, tendría que incluirse en el presupuesto del 2027

De acuerdo con el Ministerio de Educación, dicho incremento tendría un impacto de Q14,095 millones, lo que representa el 50% del presupuesto que solicita la cartera para funcionar en el 2027.

El pasado martes 3 de noviembre, un grupo de maestros se concentró a un costado de la Plaza de la Constitución y llegó con 15 carretas que supuestamente trasladaban más de 1 millón 200 mil firmas de padres de familia que, según los sindicalistas, respaldan la petición, además de la entrega de un vaso de leche y uniformes para cada estudiante.

Con el discurso “que no se les olvide que el otro año hay elecciones”, Joviel Acevedo, dirigente del STEG, presionó a los diputados para que apoyaran sus demandas. Aun así, el aumento de la cuota de alimentación escolar no tuvo respaldo ese día en el Congreso.

Este 5 de noviembre, representantes sindicales de cada departamento convocaron a una conferencia de prensa en la que reafirmaron su posición y declararon que permanecerán en asamblea permanente lo que resta de este año y durante el 2027, tiempo que aprovecharán para exponer ante los padres de familia a los diputados que votaron a favor y a quienes votaron en contra de la iniciativa.

“Con el apoyo de los padres de familia logramos juntar más de un millón de firmas para exigir a los diputados que aprueben las iniciativas, sin embargo, no lo hacen, cuando esos millones de personas son quienes les dan el voto y eligen en las elecciones generales. Nada les cuesta devolverles 160 votos para una ley, ante los miles de votos que ellos reciben”, dijo una de las dirigentes sindicales en Quetzaltenango.