Presupuesto 2027: Deuda pública y fondos para los Codede son los mayores riesgos en plan de gasto
El proyecto de presupuesto para 2027 contempla mayores recursos para infraestructura y programas sociales, pero también plantea desafíos para la ejecución del gasto público, el endeudamiento y el manejo de los fondos destinados a los Codede. El Icefi a...
En términos nominales, es decir, sin descontar el efecto del incremento de los precios, el crecimiento de la economía y de la población, entre otros factores, el Organismo Ejecutivo ha solicitado para 2027 un techo presupuestario que supera al vigente en 2026 en Q23 mil 255.3 millones, equivalente a un incremento del 13.8%.
Según las explicaciones del Ejecutivo, detrás de este incremento destacan las siguientes asignaciones, que constituyen la apuesta estratégica del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo para 2027:
Inversión pública en infraestructura por Q12 mil 915.2 millones, distribuidos de la siguiente manera: Q4 mil 800 millones para la ampliación del Puerto Quetzal; Q897.6 millones para el programa de mantenimiento de edificios escolares; y Q800 millones para la modernización del sistema metropolitano de transporte, de puertos, aeropuertos y ferrovías.
Otros Q3 mil 517.6 millones para la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios; Q2 mil 550 millones para la Agencia Nacional de Infraestructura; y Q350 millones para el Fondo de Garantía para la Movilidad Eléctrica y Renovación del Transporte de Personas, entre otros destinos.
Para gasto social prioritario, protección social y otras intervenciones estratégicas, se contemplan Q6 mil 415.4 millones, distribuidos de la siguiente manera: Q3 mil 015.4 millones para el programa Mano a mano; Q1 mil millones para el Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda; Q1 mil 400 millones para estudios de proyectos y proyectos de agua y saneamiento; Q200 millones para el Fondo Nacional de Becas; Q250 millones para el Fondo de Innovación Tecnológica; Q150 millones para el Fondo para la Adquisición de Tierras; y Q400 millones para el Fondo de Garantía para el Desarrollo, entre otros.
Adicionalmente, el incremento solicitado por el Ejecutivo incluye un aporte de Q2 mil millones para el Tribunal Supremo Electoral, destinado a la realización de las elecciones generales, y otro de Q2 mil 600 millones para el Banco de Guatemala, con el fin de abonar a los pagos pendientes acumulados para cubrir el costo de la política monetaria.
En general, a criterio del Icefi, las inversiones y el gasto social propuestos por el Ejecutivo son pertinentes y, de ejecutarse correctamente, tendrían el potencial de traducirse en beneficios económicos y sociales para la población.
Persisten dificultades para ejecutar la inversión pública
Sin embargo, el Icefi considera que este supuesto resulta ambicioso frente a la realidad observada durante los primeros tres años de la administración del presidente Arévalo, toda vez que continúa enfrentando serias dificultades para ejecutar las asignaciones presupuestarias destinadas a la inversión pública, especialmente en infraestructura.
Esta preocupación del Instituto se ve reforzada por el hecho de que, al 12 de octubre de 2026, aunque el nivel general de ejecución presupuestaria era del 65.5%, los programas de desarrollo de la infraestructura vial y de desarrollo de la vivienda, ambos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, habían ejecutado solamente el 42.9% y el 23.9%, respectivamente, de sus asignaciones presupuestarias.
El Icefi ha recomendado que, durante las audiencias que se realizan en la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso de la República, el Ejecutivo explique en detalle las medidas correctivas que implementará en 2027 para superar las dificultades crónicas en la ejecución de las asignaciones presupuestarias destinadas a la inversión pública en infraestructura, pues, de lo contrario, es difícil creer que las inversiones propuestas se materializarán.

Codede: millonarios recursos bajo la lupa
La principal preocupación para el Icefi continúa siendo la vigencia de disposiciones legales que permitirán ejecutar, durante el año electoral 2027, los saldos no ejecutados acumulados en 2024, 2025 y 2026 de los aportes ordinarios y extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).
En el proyecto de presupuesto para 2027, el Ejecutivo propone un aporte ordinario para los Codede de Q4 mil 985.6 millones y un aporte extraordinario de Q1 mil 200 millones.
Aunque este último es significativamente menor que los aportes extraordinarios vigentes en 2025, de Q7 mil 597.1 millones, y en 2026, de Q10 mil 865.5 millones, al 12 de octubre de 2026 los Codede habían ejecutado solamente el 29.5% de su asignación total de Q15 mil 425.4 millones.
Por ello, es previsible que al monto propuesto por el Ejecutivo para 2027 deba sumarse una cantidad considerable de saldos no ejecutados acumulados en 2024, 2025 y 2026, que el Icefi estima, de manera aproximada y muy preliminar, en Q6 mil 925 millones. Esto elevaría, en realidad, la asignación presupuestaria para los Codede en 2027 a alrededor de Q13 mil 110.4 millones.
A criterio del Icefi, las inversiones y el gasto social propuestos por el Ejecutivo son pertinentes y, de ejecutarse correctamente, tendrían el potencial de traducirse en beneficios económicos y sociales para la población.
Si, además, el Congreso aprobara un nuevo aporte extraordinario para 2027 por un monto similar a los aprobados para 2025 y 2026, es decir, de entre Q5 mil millones y Q7 mil millones, el Icefi no descarta la posibilidad de que la asignación presupuestaria real para los Codede en 2027 se eleve a un monto históricamente alto de entre Q17 mil millones y Q20 mil millones.
Para el Icefi, un escenario como este es extremadamente preocupante, toda vez que, salvo escasas y aisladas excepciones, la ejecución presupuestaria en los Codede continúa siendo muy vulnerable a abusos, corrupción, captura por parte de estructuras del crimen organizado y, especialmente durante el año electoral 2027, malversación con fines político-electorales.
Presupuesto 2027: los riesgos del endeudamiento
La política fiscal expansiva que el Ejecutivo propone aprobar para 2027 se refleja en un déficit fiscal equivalente al 4.4% del producto interno bruto (PIB), superior al 1.9% del PIB registrado en 2025 y al 3.8% del PIB presupuestado en 2026.
El Icefi comparte las preocupaciones expresadas por otros centros de pensamiento en cuanto a que la gran mayoría de este déficit fiscal se financiaría con bonos del Tesoro por Q42 mil 750 millones, que se colocarían en la banca privada nacional e internacional.
Las preocupaciones del Icefi se fundamentan en el hecho de que el endeudamiento público mediante bonos solicitado por el Ejecutivo para 2027 casi duplica los Q23 mil 290 millones del presupuesto vigente al 31 de agosto de 2026, en condiciones financieras que podrían resultar adversas, como un posible aumento de las tasas de interés en 2027, derivado de la turbulencia económica global.
Además, el Instituto ha recomendado que el Ejecutivo explique las razones que justificarían que más de la mitad de este endeudamiento público mediante bonos, el 53.6%, equivalente a Q22 mil 915 millones, se destine a financiar gastos de funcionamiento, en contravención directa de la prohibición establecida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto.
El Icefi insta a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso a dedicar tiempo suficiente, mediante audiencias públicas y abiertas, para profundizar en el análisis y estudio de estos y otros aspectos técnicos del proyecto de presupuesto para 2027.
Por las preocupaciones manifestadas y compartidas con otros centros de pensamiento, el Icefi anticipa como recomendación principal que no se incluyan en el dictamen que emitirá esa comisión de trabajo más aportes extraordinarios a los Codede, aportes directos a organizaciones no gubernamentales carentes de capacidad y legitimidad, ni asignaciones para obras sin respaldo técnico ni planificación. Asimismo, recomienda justificar técnicamente toda modificación a la propuesta presentada por el Ejecutivo, especialmente las fuentes de financiamiento de cualquier incremento en el presupuesto de gastos.
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