Presupuesto no ejecutado financiará subsidio de Q2 mil millones para combustibles en Guatemala

El Gobierno de Guatemala aprobó un subsidio por Q2 mil millones destinado a amortiguar el impacto del aumento en los precios de las gasolinas y el diésel durante un periodo de tres meses, conforme al Decreto 11-2026. Para financiar esta medida, se recurrirá a una readecuación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el año 2026, utilizando recursos previstos que no serán ejecutados durante el ejercicio fiscal.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) explicó que esta readecuación se basará en la identificación de espacios fiscales derivados de una ejecución presupuestaria proyectada entre el 94% y 96%, porcentaje inferior al total aprobado. Esta situación permite liberar recursos sin afectar significativamente la prestación de servicios públicos ni la operatividad de las instituciones estatales.

Techo presupuestario y restricciones en reasignaciones

El Minfin aclaró que la implementación del subsidio no altera el techo presupuestario aprobado para 2026, que se mantiene en Q168.1 millardos. A la fecha, el presupuesto vigente asciende a Q168 mil 507 millones.

Además, el Gobierno garantizó que los presupuestos asignados a los ministerios de Educación, Salud y Gobernación no serán objeto de reducción. Tampoco se utilizarán fondos destinados al pago de personal, preservando así la continuidad y calidad de los servicios esenciales en todo el sector público.

La readecuación tampoco implicará la creación de nuevos impuestos ni el incremento de los existentes, ni la contratación de deuda adicional, según lo autorizado por el Congreso. Asimismo, se mantiene el destino específico de los tributos para programas sociales y servicios fundamentales, conforme a la Constitución y la legislación vigente.

Desafíos para encontrar fondos y posibles ajustes

El análisis técnico y político para asignar los recursos no ejecutados es complejo. Expertos señalan que el Ejecutivo deberá decidir cómo distribuir las reasignaciones entre diferentes ministerios y programas, considerando que algunas entidades presentan ejecuciones presupuestarias bajas en los primeros meses del año.

Por ejemplo, el Congreso ordenó un recorte conjunto de Q808 millones a los ministerios de Defensa Nacional, Agricultura y Comunicaciones. Estas instituciones deberán informar al Minfin los rubros en los que aplicarán esos ajustes.

Los analistas de política fiscal indican que, aunque algunas entidades tienen baja ejecución presupuestaria, ello no implica que sus recursos puedan ser reducidos indiscriminadamente, especialmente si los fondos provienen de convenios o préstamos específicos. Además, muchas de estas instituciones no pertenecen al Organismo Ejecutivo y, por lo tanto, están fuera del alcance directo para reasignaciones sin autorización legislativa.

Ejemplos de baja ejecución presupuestaria

• Ministerio de Relaciones Exteriores: ejecución del 9.9% con un presupuesto vigente de Q590 millones.
• Ministerio de Trabajo: programa de recreación para trabajadores con 9.9% ejecutado sobre Q114.2 millones.
• Ministerio de Economía: programas de integración económica y desarrollo empresarial con ejecuciones inferiores al 8%.
• Ministerio de Energía y Minas: ejecución del 2.1% en el programa de hidrocarburos, con un presupuesto de Q264.9 millones, concentrado en el cierre técnico de pozos pendientes de licitación.
• Ministerio de Cultura y Deportes: programas de fomento deportivo y promoción intercultural con ejecuciones de 9.5% y 3.2%, respectivamente.
• Ministerio de Ambiente: programa de sensibilización socioambiental con un 6.7% ejecutado.
• Ministerio de Desarrollo Social: programas sociales con ejecuciones alrededor del 6.5%.

Estos datos reflejan que, aunque existen rubros con baja ejecución, no todos pueden ser objeto de recortes debido a su financiamiento particular o importancia estratégica.

Prioridad en el gasto y consideraciones para reasignación

El criterio para elegir qué programas o ministerios podrían ceder recursos está basado no solo en la ejecución presupuestaria, sino en la importancia social y estratégica del gasto. Por ejemplo, aunque el Ministerio de Comunicaciones presenta niveles bajos de ejecución (alrededor del 7% a abril),reducir su presupuesto podría agravar problemas existentes en infraestructura vial, un sector crítico para el desarrollo económico y social.

Asimismo, las entidades autónomas o aquellas que reciben transferencias como Obligaciones a Cargo del Tesoro no pueden ser sujetas a reasignaciones sin una aprobación legislativa expresa.

En cuanto a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes),la reducción de fondos también requiere autorización del Congreso, la cual no fue contemplada en el decreto que aprueba el subsidio a los combustibles.

Funcionamiento del subsidio y monitoreo

El subsidio otorgará una reducción de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina, beneficiando a los importadores registrados ante la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM). La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) verificará que el descuento se aplique correctamente a lo largo de la cadena de comercialización.

Para garantizar la transparencia y cumplimiento, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) realizará monitoreos permanentes en las estaciones de servicio a nivel nacional.

El MEM debe elaborar un reglamento para la implementación operativa del subsidio, asegurando que los consumidores finales reciban el beneficio y que se eviten distorsiones en el mercado.

Contexto y perspectivas

En un contexto global de volatilidad en los precios del petróleo, el Gobierno de Guatemala ha optado por esta medida temporal para brindar alivio económico a sectores productivos y consumidores finales. La estrategia de financiar el subsidio mediante la readecuación del presupuesto vigente busca evitar aumentos fiscales adicionales o endeudamiento extra, en un escenario donde la estabilidad macroeconómica es una prioridad.

No obstante, el reto para las autoridades financieras será lograr un balance entre la asignación eficiente de recursos y la garantía de la prestación continua de servicios públicos esenciales, especialmente en educación, salud y seguridad, sectores que el Gobierno ha comprometido a proteger.

El seguimiento a la ejecución presupuestaria durante el resto del año será clave para evaluar el impacto real de estas medidas y la capacidad del Estado para mantener sus funciones operativas sin comprometer programas sociales o inversiones estratégicas.