Proponen limitar a funcionarios las dietas a Q5 mil y los gastos de representación a Q7 mil mensuales

Ordenar las finanzas públicas y evitar que las reuniones de juntas directivas o consejos se conviertan en una fuente ilimitada de ingresos para los funcionarios es el objetivo de la iniciativa de ley 6861, que propone reformar el Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, para establecer límites al cobro de dietas y gastos de representación.

La propuesta, presentada por diputados del bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), se encuentra bajo análisis en la Comisión de Deportes del Congreso. A criterio de los congresistas con esta ley se frenarían los excesos y abusos en entidades estatales y del deporte federado, como la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

El diputado José Chic señaló que el presidente del COG, Gerardo Aguirre, ha efectuado “elevados y excesivos” cobros de dietas por participar en reuniones del comité y del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y Recreación (Conader). Según el legislador, los pagos por dietas realizados a Aguirre sumaron hasta Q80 mil durante agosto y septiembre, lo que asegura es excesivo e ilegal.

La iniciativa busca impedir que los servidores públicos que ya reciben un salario acumulen dietas por integrar órganos colegiados como parte de sus funciones.

Acumulaciones significativas

La exposición de motivos señala que la regulación actual carece de un límite mensual general para las dietas, lo que permite “acumulaciones significativas” cuando los pagos se fijan por sesión y las reuniones no están sujetas a un techo remunerativo.

Ese apartado de la iniciativa cita pagos al ministro de Finanzas Públicas por Q16 mil 250 durante marzo del 2024 por distintas reuniones. De esa cantidad, Q5 mil correspondieron al Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Q3 mil 750, a la Junta Monetaria, y Q7 mil 500, a la Junta Directiva del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Según el documento, esto evidencia que una misma función ministerial puede generar ingresos adicionales por integrar distintos órganos.

Aspectos de la propuesta

El artículo 2 busca reformar el artículo 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto para que las dietas de un funcionario que ya recibe salario supere los Q5 mil mensuales, independientemente del número de sesiones u órganos colegiados que integre.

También establece que el límite se aplicará a titulares, suplentes y delegados, así como a los concejos municipales, para los cuales se prohíben pagos adicionales por sesiones extraordinarias. También establece que los representantes de la sociedad civil que no reciban salario público estarán sujetos al mismo límite por cada órgano colegiado.

El artículo 1 persigue el cambio al artículo 77 y fija un máximo de Q7 mil mensuales para gastos de representación. Este beneficio se restringe a determinados altos funcionarios, entre ellos el presidente, vicepresidente, ministros, diputados, alcaldes y fiscal general entre otros. Además, prohíbe utilizar estos fondos para aumentar salarios o compensar la reducción de dietas.

El artículo 4 prohíbe fraccionar, sustituir o complementar las dietas mediante bonificaciones, estipendios u honorarios especiales esto si en determinado caso las instituciones, municipalidades o entidades sujetas a la ley pretenden compensar la reducción de ingresos por dietas mediante otras partidas.

El artículo 6 instruye a la Contraloría General de Cuentas (CGC) a fiscalizar el cumplimiento de los límites y evitar nuevas asignaciones que encubran ingresos.

En materia de transparencia, el artículo 3 obliga a las entidades estatales, incluidas las autónomas, a publicar mensualmente los nombres de los beneficiarios, cargos, instituciones de origen, calidad de participación, fechas de sesiones y montos pagados.

La iniciativa señala que la reforma no pretende desconocer la autonomía constitucional de entidades como la Junta Monetaria o la Universidad de San Carlos. Sin embargo, establece que “el límite presupuestario aplicará cuando los pagos se financien con fondos del Estado”.

El artículo 4 también aclara que “los montos son topes máximos y no una autorización para incrementar salarios actuales que sean inferiores”.

Controles y límites

Según explica Luis Linares, secretario adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), es necesario establecer controles y límites para el pago de dietas y gastos de representación por la participación en reuniones de consejos o directorios, principalmente cuando los funcionarios ya reciben un salario, sobre todo si este es elevado.

Como ejemplo, menciona instituciones como el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), donde se pagan dietas “exageradas” por asistir a reuniones.

“En general, también hay que tomar en cuenta el tema de la remuneración de los funcionarios. Por ejemplo, en el Renap las dietas que pagan son exageradas. El Comité Olímpico también y en la CDAG. La ley del deporte dice que los cargos se desempeñarán ad honorem, sin remuneración, pero incluye dietas y ellos – entidades deportivas – se pagan unas cantidades enormes por concepto de dietas”, indicó Linares.

En el caso de los funcionarios públicos como el ministro de Finanzas Públicas que participa dentro del directorio de la SAT, la Junta Monetaria y la Junta Directiva del CHN, considera que esta función está implicita dentro del cargo, por lo que no deberían de generarse dietas por su participación.

Ante los abusos y la falta de controles, considera necesario establecer límites, pues señala que en algunas instituciones se realizan sesiones en horas inhábiles.

“Por eso hacen las sesiones en horas inhábiles para devengar dietas. Considero que esas dietas las deberían recibir quienes no son funcionarios públicos y que van a dar su tiempo al Estado, pero no para los funcionarios públicos”, advierte el experto.

En cuanto a las municipalidades, Linares recuerda que, antes de la creación del Código Municipal de 1988, ninguna otorgaba dietas por reuniones del concejo municipal. Sin embargo, señala que ahora estos pagos también son elevados debido a la disponibilidad de recursos presupuestarios que reciben del Estado.

“Ahora les sobra el dinero por los aportes del presupuesto, pues también cuentan con una piñata enorme para repartirse. Es necesario el control no solo para los consejos municipales, sino que también para entidades públicas descentralizadas y autónomas, porque también ahí hay muchos abusos, porque también se fijan dietas desproporcionadas”, concluye Linares.