Proponen medidas fiscales y ley temporal para mitigar arancel del 10% a exportaciones agrícolas no tradicionales

El sector agrícola no tradicional guatemalteco enfrenta un desafío significativo tras la imposición de un arancel del 10% a sus exportaciones hacia Estados Unidos, una medida que afecta principalmente a productos como minivegetales, ejote francés y dulce, calabacín, zanahoria, brócoli, mora y berries. Ante esta situación, representantes de la industria han planteado una serie de medidas fiscales y la creación de una ley temporal que permita mitigar el impacto económico y social que esta decisión genera en la cadena productiva nacional.

Contexto y repercusiones del arancel

El pasado 30 de enero, en Washington D.C., se suscribió un acuerdo recíproco arancelario entre Guatemala y Estados Unidos, del cual quedó excluido el sector agrícola no tradicional. Esta exclusión ha provocado que sus exportaciones queden sujetas a un gravamen del 10%, generando alarma en los productores y exportadores. Según estimaciones de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport),el impacto económico asciende a aproximadamente US$600 millones, afectando directamente a más de un millón de personas involucradas en la producción y comercialización de estos productos.

Las zonas más afectadas corresponden al altiplano central y occidental del país, regiones en las que se concentra buena parte de la producción de estos cultivos, caracterizados por su tecnificación y exportación a mercados internacionales, principalmente Estados Unidos.

Reunión sectorial y líneas de acción

El martes 3 de febrero, la Junta Sectorial Agrícola de Agexport sesionó de manera urgente para analizar el impacto de la exclusión y definir medidas para restablecer condiciones favorables para la actividad productiva. Durante el encuentro, se acordó iniciar acercamientos con el Ministerio de Economía (Mineco),responsable de la administración del comercio exterior, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA),dada la afectación directa sobre la producción rural.

Entre las propuestas destacan la formulación de una política sectorial que sea presentada ante el Congreso de la República, con el fin de implementar mecanismos que permitan atender la emergencia generada por la imposición arancelaria.

Propuestas fiscales para compensar el impacto

Dentro del marco de estas iniciativas, se contempla la eliminación temporal del Impuesto de Solidaridad (ISO) para los productores agrícolas no tradicionales, así como la implementación de mecanismos de compensación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Estas medidas buscan neutralizar el efecto financiero derivado del incremento en los costos ocasionado por el arancel del 10%.

Adicionalmente, se propone la creación de una ley de fomento para el sector agrícola no tradicional, que funcione como un instrumento temporal similar a la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89). Esta legislación estaría vigente mientras persista la administración estadounidense actual y las condiciones arancelarias desfavorables para Guatemala.

Impacto en inversión, competitividad y empleo rural

Expertos del sector exportador han señalado que la exclusión del beneficio arancelario pone en riesgo no solo la competitividad de los productos agrícolas guatemaltecos, sino también las inversiones realizadas para mejorar la tecnificación y enfrentar retos como el cambio climático. Muchos productores, tanto pequeños como medianos y grandes, han invertido en infraestructura y capacitación para cumplir con las exigencias del mercado internacional, y ahora se enfrentan a una situación financiera vulnerable.

La imposición del arancel afecta también la generación de empleo en las zonas rurales, donde la agricultura no tradicional representa una fuente importante de ingresos para las familias y comunidades. El riesgo de quiebra de empresas exportadoras podría traducirse en una pérdida significativa de puestos de trabajo, con un impacto social relevante en el altiplano guatemalteco.

Desafíos frente a la competencia regional

Además, se destaca la desventaja competitiva frente a México, país que abastece al mercado estadounidense con productos similares pero con arancel cero, menores costos de transporte y tiempos de tránsito considerablemente inferiores (entre seis y 36 horas frente a aproximadamente siete días desde Guatemala). Estas diferencias estructurales hacen que los productores guatemaltecos enfrenten condiciones desiguales para posicionar sus productos en el mercado estadounidense.

Situación de la producción agrícola tecnificada

El sector agrícola no tradicional en Guatemala se caracteriza por una producción tecnificada y responsable, que cumple con las normativas nacionales y estándares internacionales de calidad y trazabilidad. Los productos afectados no compiten por estacionalidad con la producción local estadounidense, ya que los precios en Estados Unidos son consistentemente más altos, y el mercado demanda abastecimiento continuo durante todo el año, lo que se garantiza mediante importaciones.

Este escenario refuerza la importancia de mantener condiciones arancelarias competitivas para garantizar la sostenibilidad y expansión de la agricultura no tradicional guatemalteca.

Perspectivas y próximos pasos

El sector exportador mantiene conversaciones con las autoridades nacionales para buscar revertir la exclusión del beneficio arancelario. Se espera que el Ministerio de Economía retome las negociaciones con Estados Unidos para incluir los productos agrícolas no tradicionales dentro del acuerdo de exención arancelaria.

Mientras tanto, la propuesta de implementar medidas fiscales y una ley temporal de fomento apunta a brindar un alivio inmediato que permita preservar las inversiones, los empleos y la competitividad de un sector clave para la economía rural y la diversificación de las exportaciones guatemaltecas.

La situación actual demanda una respuesta coordinada entre el sector privado y las instituciones gubernamentales para enfrentar los retos impuestos por el nuevo esquema arancelario y asegurar la continuidad de la actividad agrícola no tradicional en Guatemala.