¿Puede la IA agilizar la justicia en Guatemala? Proponen ruta para uso responsable

Una herramienta de inteligencia artificial permitió que una multa de tránsito preescrita se resolviera en un día, cuando antes el usuario debía esperar 76 días.

Esto ocurrió en República Dominicana. Ellys Coronado, subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) de ese país, señala que “cuando la justicia es tardía, ya deja de ser justicia”.

Prescribe fue creada para automatizar la elaboración de proyectos de decisiones judiciales en casos de prescripción de accidentes de tránsito.

La experta explica que la IA puede apoyar en tareas simples, como búsquedas de jurisprudencia, análisis de documentos, clasificación de expedientes y elaboración de borradores. Sin embargo, es importante que estas labores cuenten con valoración humana y queden bajo la responsabilidad de jueces y fiscales: “nunca será un sustituto de la función jurisdiccional”.

Además, menciona países de Latinoamérica que utilizan esta herramienta y que han servido de inspiración para desarrollar otras aplicaciones, como Chile y Brasil, cuyos modelos han sido replicados. Sin embargo, destaca que, en Guatemala, la adaptación de un sistema inteligente como Prescribe dependerá de las necesidades del sistema de justicia.

La implementación en República Dominicana también ha enfrentado dificultades, principalmente en el componente humano. “Fue difícil convencer a la gente”, afirma, pues la incorporación de esta nueva tecnología no convencía a los trabajadores. “Lo difícil es que la gente entienda que estamos viviendo un tiempo diferente de transformación digital, de que la justicia no es un problema solo de los abogados, de que nosotros tenemos que trabajar con otras disciplinas para solucionar nuestros problemas internos”.

Esta experiencia abre una pregunta para Guatemala: ¿se podría utilizar la IA para reducir la mora judicial sin comprometer el debido proceso?

¿Qué podría resolver Guatemala?

La IA puede ayudar a analizar información, clasificar documentos y buscar información jurídica. La digitalización y automatización, por su parte, pueden agilizar expedientes y trámites.

El consultor en informática Juan Luis Herrera García considera que el mayor potencial de la inteligencia artificial no está, por ahora, en sustituir funciones judiciales, sino en agilizar la atención a los ciudadanos mediante la automatización de trámites administrativos. “Algo de más corto plazo que es realizable y tendría un impacto en la gran mayoría de ciudadanos es implementar la inteligencia artificial en el tema de los trámites”.

Herrera García explica que cada ciudadano es diferente, pues no todos presentan el mismo tipo de caso. Sin embargo, es importante aprender a diferenciar qué casos puede llevar la IA, y esta podría comenzar con una“justicia más cercana a los ciudadanos”. Recordó que, durante la elaboración de la Ley para la Simplificación para Requisitos y Trámites Administrativos, se identificaron alrededor de 5 mil trámites en distintas instituciones públicas, lo cual evidenció el amplio margen de automatización que podría tener la IA en estos procesos.

Javier Monterroso, catedrático, abogado y notario, también coincide en que Guatemala podría reducir la mora judicial sin afectar el proceso y el derecho de defensa mediante la sistematización y gestión de datos personales, es decir, con la digitalización de buena parte de los expedientes. En ese sentido, menciona el área del derecho laboral:“He visto casos laborales que se están resolviendo cinco o seis años después y en estos casos hay personas que están dejando de percibir un salario. Si estos terminan años después, el estado tiene que pagarla después todos los salarios caídos”.

Las tareas que podría asumir la IA son diversas; sin embargo, deben tener límites. Dalia López, asesora de la División de Coordinaciones Técnico-Profesionales del Instituto de la Defensa Pública Penal, explica que las tareas administrativas serían el área que respondería a dichos mecanismos, pues ayudarían a gestionar tiempos, clasificar expedientes o establecer alguna jurisprudencia. “Definitivamente las decisiones y resoluciones judiciales deben de ser dictadas por las personas involucradas desde el rol que tengan”.

Los expertos coinciden en que la IA no puede asumir el papel de un juez o un fiscal; sin embargo, puede contribuir a agilizar estos procesos. La digitalización sería una condición previa; sobre esa base podrían incorporarse herramientas de IA.

Antes de implementar IA

A pesar del interés por implementar la IA en el país, aún queda un largo camino por recorrer. La digitalización es incompleta y faltan infraestructura, compatibilidad entre sistemas, normas claras, capacitación y datos jurídicos confiables.

En palabras de Ellys Coronado, Guatemala necesita“una implementación responsable. Responsable porque los sistemas deben ser transparentes con los sistemas que utilices para inteligencia artificial”.

Entre las condiciones que identifica se encuentran:

• Voluntad institucional para que la inteligencia artificial sea una herramienta para resolver problemas y agilizar procesos

• Liderazgo comprometido que impulse la transformación digital
• Infraestructura para implementar y sostener estas tecnologías
• Información jurídica de calidad que permita entrenar y utilizar las herramientas de forma confiable

• Capacitación para jueces, fiscales y demás operadores involucrados

• Reglas y uso ético de la IA que garanticen los derechos fundamentales

• Protección de los datos personales y procesos de anonimización cuando sea necesario

El académico Javier Monterroso agrega a estas condiciones una limitación práctica: el sistema guatemalteco no está completamente digitalizado. Aunque reconoce el avance de los casilleros electrónicos para los abogados y la presentación digital de ciertos escritos en algunos órganos judiciales, señala que estas capacidades aún no están disponibles en todos los juzgados debido a la falta de inversión en equipos, nuevos programas informáticos y capacitación.

Según Dalia López, reforzar las normas, la protección de datos y la coordinación institucional es clave para que el país comience a implementar estas herramientas en el sector. Desde la perspectiva de la defensa pública penal, considera que su incorporación requiere cambios previos. Aunque, al igual que Monterroso, reconoce el avance de los casilleros y expedientes electrónicos, advierte de que debe actualizarse una norma específica para el manejo de datos sensibles y expedientes reservados, así como para la protección del derecho de defensa:“primero debe trabajarse o actualizarse la normativa para poder echarlo a andar como se ha pensado que debería ser”.

El experto en informática Juan Luis Herrera agrega un requisito técnico: las herramientas empleadas en asuntos judiciales no deberían depender de modelos generales que se alimenten con información proveniente de internet. “A la hora de hablar de un sistema de justicia, tú no puedes utilizar una inteligencia artificial genérica. Tienes que utilizar una inteligencia artificial especializada”.

Esta debe separar el material útil y filtrar la información correcta. La experiencia de República Dominicana agrega otro componente: “la transformación no depende solo de la tecnología, sino también de la voluntad institucional y de un liderazgo que impulse los cambios. La tecnología por si sola no te va a cambiar nada, no te va a transformar la justicia”.

Los límites

La IA puede suplir y apoyar en diferentes actividades; sin embargo, es importante marcar una frontera sobre las funciones que pueden asignársele. Los expertos coinciden en que la IA puede asistir en tareas administrativas, organizar la información y apoyar a los operadores de justicia, pero las decisiones sobre derechos, libertades o responsabilidades deben permanecer bajo control humano.

“No se puede dejar en manos de una máquina, se tiene que dejar siempre la decisión final en manos de seres humanos”, explica Monterroso, quien advierte que el problema aparece cuando se otorga autonomía a estas herramientas para resolver casos. Explica que la IA puede servir de apoyo para jueces, magistrados, fiscales e investigadores, pero no sustituir su criterio:“ha sido polémico porque se ha demostrado que incluso la inteligencia artificial puede tener sesgos, dependiendo de cómo se alimente la información”.

Como ejemplo, menciona que en algunos estados de Estados Unidos se utilizan programas de inteligencia artificial para determinar si una persona puede ser sujeta a medidas sustitutivas o prisión preventiva. Agrega que estos sistemas pueden presentar sesgos relacionados con el racismo debido a la información incluida en los datos con los que son alimentados.

También señala que en Europa estas herramientas han sido sometidas a diversos estudios que han llevado a limitar su uso para respetar las garantías y los derechos de las personas: “no podemos darle la decisión final a la inteligencia artificial”.

Para López, es importante hablar primero de los límites: “el límite siempre va a ser el derecho de defensa, ese acercamiento que tiene el defensor público que no lo sustituye en la inteligencia artificial”.

En el caso de una persona que guarda prisión en un centro preventivo, es el acercamiento humano el que permite informarle de cualquier decisión sobre su caso, incluso de la estrategia de su defensa. La inteligencia artificial no puede sustituir esta interacción.

Herrera coincide en la necesidad de conservar mecanismos de revisión cuando una herramienta intervenga en decisiones relacionadas con los derechos. Agrega que, de ser posible, estos sistemas deben ser auditados y desarrollar un razonamiento que permita conocer cómo llegaron a determinada conclusión, así como los argumentos, precedentes y pruebas utilizados, para identificar dónde ocurrió un error: “el tema de la automatización de las decisiones que tienen que ver con los derechos no puede ser la excepción”.

Además, destaca que una de las limitaciones es la dependencia de herramientas privadas como ChatGPT o Gemini, ya que, en el ámbito judicial, una IA debe adaptarse a las particularidades del sistema de justicia de cada país. Por ello, señala la necesidad de partir de cero en su entrenamiento y contar con un gestor local que tenga el acompañamiento legal de un experto.

Para Ellys Coronado, el límite es similar, pues la inteligencia artificial debería entenderse solo como un asistente que puede fortalecer el trabajo humano, pero nunca como un sustituto de la función jurisdiccional.

La discusión, por lo tanto, no se limita a cuánto puede hacer la tecnología, sino a qué funciones deberían delegársele. Los expertos señalan la necesidad de mantener la supervisión humana, revisar los resultados y garantizar la transparencia en el uso de la IA en los procesos legales, para que la búsqueda de eficiencia en los procesos judiciales no termine por comprometer el debido proceso y los derechos de las personas.

Por dónde empezar

Integrar la inteligencia artificial no implica transformar todos los procesos al mismo tiempo. La subdirectora Coronado recomienda comenzar por la identificación de un problema concreto cuya solución genere un impacto para la ciudadanía y examinarla en un entorno controlado antes de extenderla a otras áreas.

Coronado explica que es ideal lanzar un proyecto piloto para comprobar su efectividad y así poder verificar y medir resultados de este y escalar de progresivamente: “es lo recomendable cuando vas a utilizar cualquier proyecto de inteligencia artificial”.

Además, comparte que los proyectos deben producir resultados tangibles que puedan mostrarse a la ciudadanía. Desde reducir los tiempos o simplificar una gestión permite demostrar que tan útil es para tecnología y generar confianza antes de avanzar: “obtener resultados que yo pueda mostrar a la ciudadanía: mira, si lo haces por aquí, pues ganas tiempo”.

Juan Luis Herrera coincide en que la implementación debe ser gradual, pero precisa qué tareas se pueden delegar sin involucrar decisiones relacionadas con los derechos humanos. La primera aplicación podría comenzar en los trámites administrativos y, en el sistema judicial, en la gestión de expedientes, donde la tecnología ayudaría a ordenar procesos y detectar cuáles están en pausa. “Algo más de corto plazo, más realizable y que tendría un impacto, muy sensible para la gran mayoría de ciudadanos es implementar herramientas de inteligencia artificial en temas de los trámites”.

Herrera comenta que la IA tiene la capacidad de mejorar una secuencia de pasos y es ideal para leer formularios, contestar preguntas y responder consultas. Desde su experiencia como abogado, explica que los procesos pueden ser largos y frustrantes para ciudadanos o empresarios. Lo ejemplifica con el caso de una persona que busca iniciar una pequeña venta de helados desde su casa: un permiso municipal puede convertirse en un proceso de muchos meses. Explica, además, que esto se vuelve más complejo cuando el lugar del negocio ya fue alquilado, se ha contratado personal o se ha adquirido equipo o maquinaria.

“En diversas ocasiones que hemos abordado el tema de los trámites lo equiparo a un tipo de esclavitud moderna, porque de alguna manera no pueden hacer lo que deseas sin que esto sea necesariamente algo extraordinario”.

El abogado Javier Monterroso plantea que hay ramas prioritarias como la laboral donde la implementación debe ser gradual, sin embargo, no debe dejarse a un lado la rama penal, que desde su perspectiva debe ser lo último en implementarse debido a las garantías.

“Todas las garantías de inmediación, debido proceso, derecho a la defensa, plazos razonables, en el derecho penal deberían ser más fuertes aún”, argumentó que la hablar de derecho penal se tocan temas como la libertad de la persona, algo importante y que debe tratarse con cuidado. Pese a estas precauciones, considera que vale la pena tomar la experiencia del uso de esta herramienta en otros sectores, como lo es el caso de la medicina, que utiliza la IA para hacer diagnósticos y que pronto podría ser introducida para hacer operaciones.

“Tendríamos que dar una oportunidad para que también lo hiciera en el sistema de justicia como una herramienta, no como el sistema que va a resolver los problemas del sistema de justicia, pero sí como algo que podría ayudar a hacer más eficiente el sistema”.

Desde la perspectiva de la Defensa Pública Penal, Dalia López puntualiza en tres problemas dentro del sistema de justicia que pudiera resolver la IA. “Yo creo que el problema puntual que sí podría resolver sería en la agilización de las tareas administrativas. En la clasificación también de la doctrina, jurisprudencia, derecho comparado, integración de normas y todo lo que tenga que ver con el soporte”.

López también señala que se debe actuar con ética y responsabilidad: “es muy importante tener claro y la ciudadanía también, que si bien somos consicientes y estamos hasta cierto punto emocinoados con el hecho de usar estar herramienta, sí tenemos que actuar con ética y responsabilidad”, no solo al momento de alimentarla con los datos sino lo que se puede recabar con ella.

A partir de esto, la ruta inicial comienza en:

• Desarrollar proyectos piloto.
• Priorizar tareas administrativas.
• Comenzar en áreas con alta mora judicial como la laboral.
• Complementar la digitalización en los procesos.
• Actualizar las normas y coordinar a las instituciones del sector justicia.
• Mantener la tecnología como una herramienta de apoyo.

Monterroso explica que la incorporacion de estas tecnologías debe verse como una oporutinidad para hacer más eficiente el sistema, sin atribuirles capacidad a estas herramientas de resolver por sí solas los problemas del sector justicia: “tendríamos que dar una oportunidad para que también lo hicieran en el sistema de justicia como una herramienta, no como el sistema que va a resolver los problemas del sistema de justicia, pero sí como algo que podría ayudar a hacer más eficiente el sistema”.

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