Qué es el finiquito, qué acredita y por qué puede impedir asumir un cargo público

El finiquito volvió a colocarse en el centro del debate público tras la resolución que impide a Walter Mazariegos asumir un nuevo período como rector de la Universidad de San Carlos, debido a que no cuenta con la constancia emitida por laContraloría General de Cuentas (CGC).

El documento, que para muchos pasa desapercibido hasta que surge un caso de alto perfil, también cobra relevancia conforme se acerca el proceso electoral, ya que constituye uno de los requisitos para quienes buscan desempeñar determinados cargos públicos.

Aunque su finalidad es acreditar que un funcionario no mantiene reparos o reclamaciones pendientes por el manejo de recursos del Estado, especialistas advierten que en los últimos años el finiquito también ha estado rodeado de controversias por la forma en que ha sido aplicado en distintos procesos políticos.

Pero, ¿qué es el finiquito?, ¿para qué sirve y por qué puede convertirse en un requisito determinante para asumir un cargo público? Estos son los datos que explican su función.

¿Qué es el finiquito?

La Constancia Transitoria Electrónica de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito, es un documento emitido por la Contraloría General de Cuentas (CGC) que certifica que un funcionario o exfuncionario no tiene reparos, reclamaciones o responsabilidades pendientes derivadas del ejercicio de un cargo público.

Su finalidad es acreditar que la persona ha cumplido con la rendición de cuentas y que no mantiene asuntos pendientes relacionados con el manejo de recursos del Estado.

¿Para qué sirve?

La Contraloría explica que esta constancia es solicitada por personas que ingresarán a laborar en el sector público, por servidores públicos activos y por quienes buscan postularse a un cargo de elección popular.

En términos generales, el documento constituye un requisito para optar a determinados cargos públicos y busca garantizar que quienes administran recursos estatales hayan solventado cualquier observación o responsabilidad administrativa antes de asumir nuevas funciones.

Miles de constancias se emiten cada año

Las memorias de labores de la CGC muestran que la emisión de estos documentos se mantiene en decenas de miles cada año.

En 2023 la institución otorgó 105 mil 510 constancias transitorias electrónicas de inexistencia de reclamación de cargos, además de actualizar los datos de 73 mil 354 funcionarios y empleados públicos. Ese mismo año implementó mejoras en el sistema Finiquito en Línea, mediante el cual el pago del trámite comenzó a registrarse automáticamente para agilizar la emisión del documento.

Durante 2024 se emitieron 66 mil 395 constancias, mientras que 67 mil 390 funcionarios y empleados públicos actualizaron su información.

En 2025 la cifra ascendió a 69 mil 204 constancias emitidas, además de la actualización de datos de 67 mil 140 funcionarios y empleados públicos.

Cuáles son los requisitos para obtenerlo

• Contar con usuario y contraseña del Portal Web de la Contraloría General de Cuentas (obtenidos mediante el registro y actualización de datos).
• Actualizar los datos personales y laborales en el portal antes de realizar la solicitud.
• No tener sanciones ni acciones legales pendientes, requisito que aplica a quienes han sido funcionarios o servidores públicos. Esta condición puede verificarse en el Módulo de Consulta Electrónica de Acciones Legales y Administrativas de la CGC.
• Presentar una declaración jurada al momento de generar la solicitud electrónica.
• Cancelar el costo del trámite, actualmente de Q75.50, mediante la boleta generada por el sistema.

Si el trámite se realiza de forma presencial, además se debe presentar:

• Documento Personal de Identificación (DPI).
• Copia del Registro Tributario Unificado (RTU).
• Carta o mandato legalizado, únicamente cuando el trámite sea realizado por un tercero autorizado.

Un requisito que vuelve a cobrar relevancia

Para Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana, el finiquito nació como un mecanismo para certificar que un funcionario no mantiene reparos pendientes derivados de su gestión y, por tanto, puede optar a otro cargo público.

“Una persona sin finiquito no debería optar a otro cargo teniendo cuentas pendientes con el Estado”, afirmó el analista, al señalar que la constancia busca garantizar que quienes administraron fondos públicos solventen cualquier observación antes de asumir nuevas responsabilidades.

No obstante, considera que en los últimos años la figura ha perdido parte de su credibilidad debido a la forma en que ha sido aplicada.

Según explicó, se han presentado casos de personas que obtuvieron el documento pese a existir cuestionamientos sobre su gestión, mientras que a otras se les ha negado aun cuando no se les habían demostrado reparos, lo que, a su juicio, refleja un uso discrecional. Tal como recordó que sucedió en el proceso del 2023.

“Se ha manoseado mucho esa figura, esa herramienta del finiquito, para fines eminentemente políticos“, expresó.

El analista añadió que este requisito volverá a adquirir protagonismo conforme avance el proceso electoral, debido a que continúa siendo uno de los documentos exigidos para quienes buscan ejercer funciones públicas.

Marroquín considera que la situación de Mazariegos es distinta a esos antecedentes. A su juicio, existen reparos y observaciones relacionados con la rendición de cuentas que aún no han sido solventados, por lo que sostiene que no debería asumir un nuevo cargo mientras no obtenga el finiquito correspondiente.

El director de Acción Ciudadana sostuvo que, desde que Mazariegos asumió la administración de la Usac, persisten observaciones de la Contraloría que no han sido aclaradas y señaló que también han existido dificultades para cumplir con los mecanismos establecidos para la rendición de cuentas.

“Está claro que en la universidad, desde que la maneja, no ha rendido cuentas del todo, tiene muchos reparos de parte de la Contraloría y no ha solventado esos reparos“, afirmó.

Añadió que el finiquito no debe entenderse únicamente como un requisito administrativo, sino como un mecanismo que refleja si un funcionario cumplió con su obligación de transparentar el manejo de los recursos públicos y responder por las observaciones formuladas durante su gestión.

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